Ecuador: Revolución política

Por Rómulo López Sabando
El Expreso de Guayaquil

Que el Congreso Nacional funcione en Montecristi, (Manabí) y la Corte Suprema de Justicia en Cuenca (Azuay), son propuestas revolucionarias que tienden, por primera ocasión, a estructurar el Estado ecuatoriano dentro del siglo XXI. Tan abundantes son los organismos públicos concentrados, todos en Quito, que hasta la misma capital de la República y sus propios organismos seccionales sufren el embate del centralismo burocrático.

El poder político es un nudo gordiano imposible de desatar. Nació inspirado en los totalitarismos vigentes en Europa en el siglo XVIII. Casi 200 años evidencian corrupción, privilegios, inconsistencias y aberraciones jurídicas y políticas que son causantes de la pobreza, emigración y desasosiego que afecta a los ecuatorianos.

Nuestra hermosa y querida capital Quito, relicario de América, cuna y prez de hombres y mujeres patriotas sufre falencias iguales a las ciudades más distantes del centro del poder y del dinero. Los ministerios y el propio Primer Mandatario y los organismos autónomos y de control no son culpables, pero sí responsables de semejante abandono. Por ello, la propuesta que nace en el seno de la Asamblea del propio Partido de Gobierno y apoyado, según dice, por Alberto Acosta, Presidente de la Asamblea, es altamente positiva.

El asambleísta manabita, Ricardo Zambrano, ha elaborado una propuesta de que Montecristi sea sede de la Función Legislativa. 77 firmas de 130 asambleístas debidamente notariadas la respaldan. Más de la mitad, esto es el 60%, son ejemplo de querer ir hacia una original desconcentración del Estado, con nueva estructura política administrativa que permita generar y distribuir riqueza en todo el país. Cuarenta y siete corresponden a asambleístas de Acuerdo PAIS y 30 son de asambleístas de las minorías.

El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, manifestó que él respalda este tipo de iniciativas y que la propuesta debe ser debatida detenidamente y que él, años atrás, ya escribió en uno de sus libros sobre la desconcentración de las funciones del Estado, ubicando el Congreso en Cuenca y la Corte de Justicia en Manabí.

Por ejemplo, la Procuraduría del Estado se podría instalar en Guayaquil. La Contraloría en Ambato. El Conesup en Loja. Petroecuador en Napo y Petrocomercial en Esmeraldas. Los ministerios, según sus deberes y atribuciones, habrá que ubicarlos en distintas ciudades del país. Lo mismo con la enorme variedad de instituciones públicas que cambiarán la vida de sus habitantes.

Lo que se pretende es que funcionen. No obstante las emergencias declaradas, dejan colgado a los buenos propósitos del Presidente, quien ahora sí podrá recorrer el país para ordenar, dirigir, observar y supervisar el cumplimiento de sus deberes.

Los recursos del Estado se canalizarán directamente y terminará el peregrinar (de siglos) para conseguir rentas que ahora dependen de la buena voluntad de burocracias intermedias y generalmente caprichosas residentes en Quito que contradicen los buenos intentos de los gobernantes.

Hasta los gobiernos seccionales de Pichincha, e incluso el de Quito, no obstante solo cruzar la calle, son víctimas de la manipulación corrupta del centralismo burocrático.
La infraestructura, carreteras, vías de comunicación, rutas aéreas, servicios públicos se reorientarán y mejorarán la atención a los usuarios. El país todo dará un salto al futuro con esta revolución político-administrativa como la que se está planteando en Montecristi.

El grave problema del tránsito en Quito, la polución ambiental y el reciente derrumbe del intercambiador El Trébol evidencian que no es sensato mantener un sistema concentrador que solo beneficia a pocos grupos de interés particular.