Ecuador: Inconstitucionalistas

Por Simón Pachano
El Universo

La inconstitucionalidad ya es de todos, podría ser el lema del momento.

Parece que hay un concurso entre las altas esferas para desconocer el texto en el que pusieron tanto empeño. Con desparpajo, uno tras otro pasan por encima de las disposiciones constitucionales y del añadido de última al que se le bautizó como Régimen de Transición. Cualquier arreglo del problema de la Corte de Justicia no hará sino alimentar esa tendencia porque no existe la más remota posibilidad de encontrar una solución que se enmarque en las disposiciones constitucionales. Si se quiere seguir los procedimientos allí establecidos será necesario tomarse un medio año, y eso siempre que no se impongan las presiones de algún ex asambleísta que necesita contar con Corte propia.

El problema es bastante más complejo que el panorama que presentó el Presidente en su enlace sabatino. La negativa de los jueces de la Corte Suprema a aceptar el sorteo es solamente el penúltimo eslabón (siempre habrá uno más) de la interminable cadena. Esa actitud no fue la causa, solo precipitó los acontecimientos y dejó fuera de juego al Régimen de Transición, que ya no puede aplicarse en este caso. Si se deja sin efecto el concurso y se prorroga a los actuales jueces, como quieren hacerlo, se pasará por encima de este famoso Régimen, lo que en el fondo será una violación a la Constitución porque aquel fue aprobado en el referéndum como parte de esta. Por tanto, la única solución podría encontrarse en los procedimientos constitucionales, lo que significa seguir una larga serie de pasos concatenados.

Habrá que comenzar por la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, según el numeral 12 del artículo 208, es el encargado de “designar” (así, textualmente) a los miembros del Consejo de la Judicatura, que a su vez, según los artículos 181 y 183, es el que debe elegir a los jueces de la Corte. Pero para que esos consejos puedan funcionar se necesita previamente contar con las respectivas leyes orgánicas, que deberán seguir todo el engorroso procedimiento de la formación de la ley.

A más del factor tiempo, con su secuela de acumulación de casos y de proscripción de tantos otros, esta situación tendrá consecuencias nefastas en la vigencia y legitimidad del nuevo orden constitucional. Este, que nació con defectos congénitos por la serie de irregularidades que rodearon a la Asamblea, tuvo su estreno con la peor de las violaciones, realizada por el Tribunal Constitucional. Como si eso fuera lo más normal del mundo, todas las autoridades de los poderes del Estado callaron y acataron, hasta el punto de que el ‘Congresillo’ y el Consejo Electoral han acudido a ese espurio organismo para pedir solución a problemas que les quemaban las manos.

Mucha razón tuvo el presidente del ‘Congresillo’ cuando se excusó de participar en un debate con un conocido jurista aduciendo que no es constitucionalista. Solo le faltó usar el plural, que en este caso habría sido textual y no ese mayestático tratamiento que gusta tanto a los políticos.