Editorial -
El País, Madrid
El presidente Hugo Chávez sigue adelante con la progresiva demolición del Estado de derecho en Venezuela en nombre del socialismo del siglo XXI. Si el pasado 31 de julio su Gobierno ordenó el cierre de 34 emisoras de radio, esta última semana la Asamblea Nacional, donde la opción chavista es mayoritaria, ha aprobado una nueva Ley Orgánica de Educación. El texto no sólo se dirige a regular los programas educativos y los centros de enseñanza, sino también a formar a los ciudadanos de la sociedad que se propone construir la revolución bolivariana.
Es esta pretensión la que, en la intención de los promotores de la ley, sustenta la inclusión de artículos restrictivos de la libertad de prensa y de cátedra, además de sanciones contra los docentes, las instituciones educativas y los medios de comunicación, cuyo cierre puede ser instado por el Ministerio de Educación. Profesores y alumnos, junto a periodistas e informadores, han protestado en las calles contra la nueva ley, siendo duramente reprimidos por la policía y por escuadrones de partidarios del Gobierno.
La Ley Orgánica de Educación pone de manifiesto más que otras medidas hasta qué punto el proyecto chavista es tributario de las ideologías autoritarias del pasado, por más que se escude en las invocaciones al futuro. Desde esta perspectiva, no son nuevos los disparates que contiene la nueva norma. La educación no puede ser un instrumento para que los ciudadanos encajen a la fuerza en una sociedad diseñada desde el poder, sino para que sean libres en la sociedad en la que viven. Y no es de recibo oponer a este principio el argumento de que el origen del poder que diseña la nueva sociedad está en las urnas. Un sistema democrático deja de serlo en cuanto la mayoría se erige en expresión de la totalidad, a expensas de minorías a las que se priva de la posibilidad de conseguir alguna vez un respaldo suficiente para sus opciones.
El reto que Chávez está lanzando a los demócratas de América Latina y de todo el mundo es que sean ellos los que decidan en qué momento el régimen bolivariano ha dejado de ser democrático. Si logra que la comunidad internacional transija con nuevas medidas como la Ley Orgánica de Educación, seguirá la demolición del Estado de derecho en Venezuela; pero si las condena, será acusada de no aceptar la voluntad popular, argumento que en la retórica chavista se une a la invocación de la independencia de los venezolanos.
El socialismo del siglo XXI no ha hecho, así, más que redescubrir las ventajas que proporciona a cualquier poder autoritario colocar a sus adversarios frente a trampas saduceas. Y lo que la experiencia demuestra es que confundir con grandes victorias políticas la simple habilidad de inmovilizar a los opositores mediante dilemas de este tipo sólo conduce a la sumisión, que es a lo que hoy se enfrentan los ciudadanos venezolanos. Tanto los que disienten de Chávez como los que le apoyan.
