El Gobierno ha preparado una ley que llama de la inversión, que aparentemente espera que reviva la inversión privada en el país. Ciertamente que es muy positivo que el Gobierno se preocupe por este tema tan importante. La reactivación de la inversión es esencial para que la economía vuelva a crecer. Pero de eso a pensar que los inversionistas van volver a invertir en el país como consecuencia de la emisión de una ley hay mucho trecho. El pensar que puede ser así evidencia una falta de comprensión de los motivos fundamentales por los que la inversión ha caído en el país.
El principal de estos motivos es la falta de seguridad jurídica, que es quizás la razón por la cual el Gobierno cree que la inversión puede revivirse con la emisión de una ley sobre inversiones. Esto no es así. La seguridad jurídica se basa en la existencia y respeto de ciertos derechos fundamentales e inalienables de la persona. Protege estos derechos contra los actos arbitrarios del Gobierno y de otros individuos. Esta seguridad es esencial para la sostenibilidad de la democracia, porque ésta última no tiene ningún freno natural para los actos arbitrarios, toda vez que ellos sean decididos por una mayoría de votantes. En una democracia sin seguridad jurídica las mayorías pueden quitarle la libertad, las propiedades y la vida a las minorías (como en los regímenes nazis y comunistas), dando al traste con la vida civilizada en una sociedad. Durante la Revolución Francesa, varios regímenes democráticos en el sentido de tomar decisiones por mayoría impusieron el Régimen del Terror, mientras se mataban los unos a los otros en cambiantes mayorías. Esta estructura sin derechos rápidamente lleva a la pérdida de la democracia misma. El pueblo apoya hasta las tiranías con tal de que se restablezca el orden en la sociedad. Por esa razón la democracia no es sostenible si no está basada en la seguridad jurídica que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Una vez establecido lo que es la seguridad jurídica podemos hacer varias reflexiones con respecto a ella: Primero, es importante notar que no es necesario crear nuevas leyes para que exista en el país. Nuestra Constitución ya establece los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad que son la base de dicha seguridad. Segundo, la seguridad jurídica no es divisible ni geográficamente, ni en términos de clases sociales ni en términos de ocupaciones económicas. O existe para todos y en todas las actividades, o no existe para nadie porque los límites de los derechos de unos los establecen los derechos de los otros. No se puede dar seguridad jurídica a los inversionistas sin al mismo tiempo darla a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a todos los pobladores del país, nacionales y extranjeros. Tercero, lo contrario de la seguridad jurídica es la arbitrariedad. Por eso, si el Ggobierno quiere reforzar la seguridad jurídica, tiene que refrenarse de cometer actos arbitrarios tales como avalar que la Policía Nacional golpee salvajemente a un ciudadano por creer que había insultado al presidente, o como erosionar la autoridad de la Sala de lo Constitucional, la guardiana de los derechos inalienables de los ciudadanos, o como negarse a dar información sobre sus actividades y el uso de los fondos de los contribuyentes, o como muchas otras arbitrariedades que comete o quiere cometer el Gobierno mismo.
Como lo he insistido en estas columnas muchas veces, la inversión no se va a recuperar dando privilegios a los inversionistas que no son disfrutados por el resto de los ciudadanos, y si se recuperara con base en privilegios de este tipo, no sería la inversión que queremos para nuestro país. Lo que queremos es un Estado democrático, respetuoso de los derechos individuales, y eso traerá la inversión por añadidura.
El autor es Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.
