Por Guillermo M. Yeatts
Que un 41% de la oferta mundial de petróleo se genere en 11 países que producen a través de empresas estatales caracterizados por una alta inestabilidad política y bajo respeto de los derechos civiles (Freedom House), fuerte corrupción (Transparencia Internacional) y regulaciones (Index of Economic Freedom, Heritage Foundation) es un hecho fundamental a la hora de explicar la inestable situación del mercado petrolero. Es razonable pensar que el riesgo derivado de que la producción esté en manos estatales y de la inestabilidad política haga que el mercado pague un precio premium para asegurarse el abastecimiento.
Si analizamos las proyecciones para los próximos años, la situación es más preocupante. Si bien un 69% de la demanda mundial de petróleo de 83,2 millones de barriles por día proviene de América del Norte, Europa, OCDE Pacífico y China/India, estas regiones proveen un 33% de la producción. Los más serios estudios prevén que en 2010 la demanda mundial se incrementará a 88,8 millones de barriles/día. Sin embargo, estas regiones continuarán demandando un 67% de la producción, mientras que proveerán un 26% de la producción mundial, lo cual reforzará la tendencia actual.
La propiedad estatal del subsuelo -vigente en los principales países productores de petróleo- es, en realidad, privada porque los beneficios los recibe un solo accionista (el Estado) y es explotada por una pequeña elite política que tiene su propia agenda política. Al ser el gobierno el dueño del subsuelo, no les pertenece a todas las personas, sino a los que controlan el poder, y un cambio brusco del poder podría repercutir rápidamente en los precios (tal como el caso reciente de Bolivia). Esta riqueza común en muchos casos es utilizada, como en el de Venezuela, con fines clientelísticos, ideológicos y para influir sobre terceros países.
El resultado es que la riqueza se malgasta, los ciudadanos no participan del bienestar y la sociedad continúa generando pobreza en el medio de una riqueza inmensa explotada ineficientemente y sin transparencia. La propiedad estatal del subsuelo desalienta las inversiones privadas debido al alto riesgo y a la inseguridad jurídica. La propiedad privada del subsuelo es realmente pública porque es propiedad de una multitud de superficiarios, quienes deciden a través de sus mejores intereses cómo maximizar la renta de su propiedad y no ver su propiedad violada por el Estado. Lleva prosperidad a una gran cantidad de la población en zonas remotas por la perspectiva de descubrir petróleo.
Es elocuente la diferente performance entre EE.UU., donde impera el régimen de propiedad privada, y los países de América latina, en los que, como consecuencia de la herencia española, cuentan con un régimen de propiedad estatal. En nuestra región, la propiedad estatal desvaneció los incentivos a la toma de riesgos, a las inversiones y a realizar innovaciones tecnológicas. No hubo, como en EE.UU., wildcats ni millonarios ni petroleros. Simplemente exploradores y productores asociados con los diferentes gobiernos. La socialización del subsuelo asegurará que el costo y los beneficios pertenezcan al sector privado y aquellos que sean eficientes serán recompensados y aquellos que no, castigados. Esto ayudará a evitar los cambios bruscos en el precio de los combustibles cada vez que ocurra un cambio político que modifique las reglas del juego.
El autor es presidente de la Fundación Atlas 1853 y de la Fundación Estudios Energéticos Latinoamericanos.
Fuente: La Nación, 9 de febrero, 2006.
