The Commercial Appeal
El Instituto Independiente
Usted es un inversionista, así que imaginase esta pesadilla.
Investiga y logra identificar a una empresa que cuenta con una administración de la más alta calidad y que evidencia tener potencial para un aumento significativo de su valor. Pocos años después, la empresa en la cual usted invirtió se fusiona con otra.
Como resultado de la reestructuración, las operaciones son modernizadas y los costos son reducidos. La mejor posición financiera de la compañía le permite invertir en nueva tecnología y mejorar su posición competitiva a nivel mundial.
Efectivamente, el riesgo que usted asumió resulta recompensado a medida que aumentan los ingresos de la empresa
Ahora, sin embargo, el gobierno se entromete y sostiene que su compañía es demasiado rentable. Aún cuando su rentabilidad se encuentra muy por debajo de la que tienen empresas en otras industrias, e incluso a pesar de que sus administradores están destinando más dinero que antes a la producción, investigación y desarrollo nuevo, se establece un impuesto que le quita a la empresa gran parte de sus mayores ingresos—y confisca gran parte del valor al que usted y otros inversionistas tienen derecho a compartir.
Desafortunadamente, éste es exactamente el modo en que algunos inversionistas serán tratados si el proyecto de ley de presupuesto sancionado el pasado mes de septiembre por el Senado de los Estados Unidos se convierte en ley. La mal llamada Ley de Alivio Impositivo de 2005 selecciona a las cinco empresas petroleras más grandes de los EE.UU. para fijarles un impuesto punitivo, aún cuando las mismas están todavía intentando recuperarse de los extensos daños provocados por los huracanes del último verano a las instalaciones de petróleo y gas en el Golfo de México.
No obstante que la versión del proyecto de ley de presupuesto de la Cámara de Representantes no contiene ninguna de tales estipulaciones, el tema se encuentra ahora en manos del comité de conferencia, en el que puede pasar cualquier cosa.
Si usted está entre los millones de estadounidenses que tienen acciones de empresas petroleras en los fondos de pensión o en otras cuentas de retiro, prepárese. El impacto financiero del proyecto de ley senatorial será dramático: Los fondos mutuos y las cuentas de retiro poseen aproximadamente $270 mil millones (billones en inglés)—el 40 por ciento de su valor—en acciones de empresas petroleras sobresalientes.
La mayoría de los estadounidenses asumen que ese impuesto a las ganancias "inesperadas", que el Congreso rechazó el año pasado, es un tema terminado. Pero el proyecto de ley del Senado constituye una puerta trasera para la imposición de ese tipo de impuesto sobre la compañías petroleras, y afectará los bolsillos de millones de personas comunes.
Así es como funcionará el impuesto encubierto. Una de las cláusulas del proyecto eliminará la capacidad de las empresas petroleras grandes de recibir un crédito fiscal por los impuestos a las ganancias corporativas pagados a los gobiernos extranjeros. No importa que el mismo crédito haya estado disponible para todos los contribuyentes estadounidenses desde la instauración del impuesto a las ganancias en el año 1913.
La eliminación del crédito significa que las principales empresas petroleras serán gravadas dos veces por la misma ganancia. Eso colocará a las compañías estadounidenses en una situación de desventaja para competir con las empresas petroleras extranjeras y otros productores extranjeros por las reservas de petróleo y gas.
Otra cláusula prohibirá además el empleo por parte de las cinco compañías petroleras de un procedimiento contable que los fabricantes de los Estados Unidos han utilizado por alrededor de 70 años. Les exigirá incrementar de manera arbitraria el valor de sus inventarios de petróleo, subiendo sus impuestos en unos estimados $5 mil millones (billones en inglés) durante los próximos dos años. El efecto será el de reducir la suma del capital disponible para expandir la capacidad de refinamiento y desarrollar nuevas fuentes de energía.
Las políticas tributarias que inclinan el campo de juego en contra de las principales compañías petroleras de los Estados Unidos amenazan la seguridad de nuestra nación en un momento en el cual las interrupciones de la oferta en cualquiera de los países productores de petróleo podría detener el flujo de esa materia prima. El Senado nos está diciendo—y diciéndole al mundo—que en el período crítico inmediatamente por venir, los Estados Unidos le dificultarán a sus empresas petroleras más grandes lidiar con nuestro problema central en materia de energía, que es el de la escasez de la producción de petróleo y la capacidad de refinación, tanto en el país como en el exterior.
El hecho de asegurarnos que tendremos una oferta de petróleo y gas en los años venideros exigirá una inversión masiva. La Agencia Internacional de Energía estima que la industria necesitará gastar un promedio de $200 mil millones (billones en inglés) por año entre el presente y 2030 para atender a las crecientes necesidades de petróleo y gas.
Pero a menos que el Congreso recupere el juicio, los fondos necesarios no estarán disponibles en virtud de que los inversores tendrán que llevarse su dinero a otra parte.
William F. Shughart II es Profesor Distinguido de Economía F.A.P. Barnard y titular del Sitial Robert M. Hearin en la University of Mississippi. Investigador Asociado en The Independent Institute, dirigió Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination (Transaction, 1997) y The Economics of Budget Deficits (Edward Elgar, 2002).
Traducido por Gabriel Gasave
