WASHINGTON/AP.- La idea de que Puerto Rico puede mejorar su relación con Estados Unidos con un plan de “nueva mancomunidad” no tiene sustento constitucional y cualquier promesa que Washington pudiera hacer en ese sentido no le significaría obligación de ninguna naturaleza, declaró ayer jueves un funcionario del Departamento de Justicia.
“Puerto Rico puede mantener su actual estatus de mancomunidad o territorial, indefinidamente, pero siempre estará sujeto a la autoridad final del Congreso para alterar los términos de ese estatus, como dice la Constitución”, dijo C. Kevin Marshall, subsecretario asistente de Justicia para asuntos legales.
Los comentarios fueron formulados durante una tumultuosa audiencia del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes para discutir los alcances del informe emitido en diciembre por el llamado Grupo Presidencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico.
Marshall, quien co-presidió ese comité multisectorial, dijo que el informe no está prejuiciado contra la mancomunidad que Puerto Rico adquirió en 1952 al optar la relación de Estado Libre Asociado (ELA), que le concede a la isla autonomía legislativa y de gobierno, aunque bajo la autoridad del Congreso de Washington y la constitución estadounidense.
El informe, que fue el resultado de una iniciativa planteada en 2000 por el presidente Bill Clinton, tiene tres recomendaciones básicas, todas ellas fundadas en plebiscitos en fechas todavía no señaladas.
El primer plebiscito consultaría a los votantes si quieren seguir con el ELA o prefieren un estatus no territorial (estadidad o anexión a Estados Unidos, o independencia). Si deciden por un estatus no territorial, el Congreso autorizará un segundo plebiscito, que consultará sobre independencia o anexión. Si deciden por continuar con el ELA, habrá plebiscitos periódicos para ver si cambian de opinión.
En la audiencia no se presentó el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, miembro del Partido Popular Democrático (PPD), que propugna la continuidad con el ELA en un nivel “mejorado” de relaciones con Washington.
Fuentes de su gobierno dijeron que estuvo ausente por atender asuntos fiscales críticos de la isla. El congresista demócrata José Serrano, de origen puertorriqueño, dijo a reporteros puertorriqueños que si Acevedo Vilá “hubiese venido lo hubiéramos aplaudido aquí, pero si hubiese salido lo hubiesen quemado allá”.
Acevedo Vilá ha calificado el informe del grupo presidencial como prejuiciado contra el ELA debido a que no considera a ésta (mancomunidad o autonomismo) como una solución del estatus puertorriqueño.
En un artículo de opinión difundido durante la vista legislativa, Acevedo Vilá dice que el grupo presidencial “no respetó la voluntad democrática del pueblo puertorriqueño” que hasta en cuatro plebiscitos desde 1967 ha respaldado continuamente su relación de mancomunidad.
Pero, Luis Fortuño, delegado de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes con el cargo de “comisionado residente”, dijo que las opiniones del comité presidencial han sido determinadas “con objetividad”.
Fortuño, que representa al Partido Nuevo Progresista (PNP), que promueve el anexionismo, está gestionando un proyecto de ley en su cámara, respaldado por 106 legisladores, en busca de implementar las sugerencias del comité y llegar a lo que sería, según dijo, “la primera votación en un plebiscito con respaldo de Washington en 108 años”.
Eduardo Bhatia, director de los asuntos federales de Puerto Rico en Washington, ha mostrado también su apoyo a otro proyecto en la Cámara de Representantes, que promovido por 17 legisladores insatisfechos con el informe presidencial están gestionando bajo el nombre de “Ley de autodeterminación de Puerto Rico”.
