Estado mafioso y costos de transacción

Por Roberto Cachanosky
Economía Para Todos

Cuando el Estado utiliza el monopolio de la fuerza para violar derechos e incumplir contratos se transforma en una máquina de destruir riquezas.

Uno de los sentidos básicos para la existencia del Estado es que, supuestamente, su función es reducir los costos de transacción. Tomemos el caso de una sociedad con muy pocos miembros. En esa sociedad se conocen todos y se sabe quién es el que paga puntualmente, quién tiene una definitiva tendencia a retrasarse, quién cumple con los contratos, quién no los cumple. En fin, en una sociedad reducida, no sólo se pueden realizar transacciones de contado, sino que, también, pueden llevarse a cabo transacciones de largo plazo porque el conocimiento de los actores permite saber si las partes cumplirán con sus obligaciones.

El problema se presenta en las sociedades más amplias en las cuales la gente no se conoce entre sí y, por lo tanto, no sabe quién es el cumplidor y quién el incumplidor. En una sociedad donde nadie sabe cuál es la seriedad de las partes, las transacciones se limitan a ser al contado, o bien se pactan contratos de largo plazo y, si una de las partes lo incumple, la parte afectada puede recurrir al uso de la fuerza para obligar a la otra a cumplir con su parte del contrato.

Supuestamente, la existencia del Estado sirve, entre otras cosas, para obligar a las partes a cumplir con los contratos asumidos. En caso de incumplimiento de una de las partes, el juez establece quién tiene la razón. Pero para que la sentencia del juez no sea solamente declamatoria, el Estado tiene el monopolio de la fuerza para hacer cumplir la sentencia del magistrado. De esta manera, la gente puede realizar transacciones a plazo con personas que no conoce, porque existe un Estado que se encargará de velar por el cumplimiento de los contratos. La existencia de un Estado de este tipo permite reducir los costos de transacción porque cada persona no necesitará utilizar la fuerza para obligar a la otra parte a cumplir. Se le transfiere esa tarea al Estado al que, para eso, se le confiere el monopolio de la fuerza. Digamos que, en un país en serio, el Estado permitiría reducir los costos de transacción.

El problema se presenta cuando tenemos un país que no es serio y el Estado, en vez de cumplir con sus obligaciones, se transforma en una máquina de destruir riqueza y de aumentar los costos de transacción. Un Estado que viola las normas, que genera transferencias arbitrarias de ingresos y que subordina las políticas públicas a las necesidades electorales de los gobernantes de turno. Ese Estado aumenta los costos de las transacciones porque utiliza el monopolio de la fuerza para violar derechos, produce inseguridad jurídica, incumplimiento de los contratos y robo legalizado. En otras palabras, ese tipo de Estado es una especie de depredador o, si se prefiere, es un Estado compuesto por individuos que actúan como una banda de mafiosos. ¿Qué hacen los mafiosos? Brindan “seguridad” a determinados sectores a cambio de dinero. Es decir, los mafiosos primero agreden a los vecinos de la zona en que actúan y, luego, cuando le hacen ver a la gente los riesgos que corre, les ofrecen protección contra ellos mismos y contra otras bandas mafiosas, obviamente a cambio de dinero.

Cuando los jueces, bajo el argumento de la justicia social, empiezan a violar los derechos de los ciudadanos; cuando los gobiernos, bajo el criterio de la defensa de la producción nacional, otorgan privilegios a determinados sectores productivos para que obtengan ganancias expoliando a los consumidores; cuando los gobernantes se arrogan el derecho de manejar el dinero de los contribuyentes como se les da la gana y sin dar ningún tipo de explicaciones; en definitiva, cuando el aparato de compulsión y coerción que es el Estado se transforma en una máquina de quitarle a unos lo que les corresponde para dar a otros lo que no les corresponde, pasa a ser un Estado corrupto y mafioso y, por lo tanto, un Estado que aumenta los costos de transacción, porque los individuos ya no tienen que defenderse de los ladrones comunes, sino que ahora tienen que enfrentarse con un ladrón mucho más poderoso que ostenta el monopolio de la fuerza: el Estado. Por supuesto que algunos sectores, advirtiendo las reglas de juego impuestas por un Estado mafioso, concluyen que la única manera de sobrevivir es asociándose al mafioso de turno. Esto significa “hacer negocios” con el “capo mafia”, con lo cual la corrupción tiende a enquistarse. Algunos suelen llamar capitalismo nacional a este negocio entre mafiosos. De esta manera, la carrera política deja de tener el objetivo de construir políticas públicas de largo plazo para mejorar la calidad de vida de la población y se transforma en una carrera por tener el control mayoritario del negocio, que es el poder. El poder pasa a constituir una herramienta fundamental para amasar fortunas.

La aparición de ese Estado mafioso, arbitrario, corrupto e inescrupuloso retrotrae a la sociedad a la situación de las comunidades chicas en las que resulta imposible realizar contratos de largo plazo con gente desconocida porque nadie puede asegurar el cumplimiento de los mismos. Por el contrario, bajo un Estado mafioso como el descripto, cada uno de los habitantes sabe de antemano que lo más probable es que el Estado sea el primero en violar los contratos. En consecuencia, la gente invierte poco, produce menos y trata de realizar contratos de corto plazo para protegerse, no ya de los ladrones privados, sino de la mafia estatal, cuya voracidad por tener caja en base a la expoliación de la gente decente y laboriosa se transforma en la razón de ser de los funcionarios mafiosos de turno.

¿Quiénes progresan en una sociedad con un Estado mafioso? Los que aceptan las reglas de juego de la mafia y constituyen alianzas con los mafiosos de turno para obtener rentas gracias al uso del monopolio de la fuerza que tiene el Estado.

¿Quiénes pierden en una sociedad de estas características? Aquellos que pretenden jugar con las reglas de la honestidad y el respeto al cumplimiento de los contratos.

¿Cuál es la expectativa de largo plazo de esa sociedad? Su autodestrucción, porque bajo estas reglas serán pocos los que se animen a generar riqueza porque saben que los saqueadores los van a expoliar. Y como los saqueadores viven de lo que producen los pocos que generan riqueza –es decir, los saqueadores nunca producen riqueza, la consumen– se llega a un punto en el cual los saqueadores no tienen riquezas para robar porque la gente perdió todo estímulo por producir. En ese extremo, cabe imaginarse dos posibilidades: a) la sociedad resurge porque los saqueadores se van a otro lugar a robar o b) se establece una autocracia que transforma en esclavos a los ciudadanos, quienes tendrán que trabajar para los mafiosos funcionarios públicos, so pena de ser condenados por traidores a la patria socialista.

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