Editorial - ABC
La decisión de nombrar alto cargo de su Gabinete a la esposa de un significado asesino de la banda terrorista ETA, que a su vez trabaja en el Ministerio de Agricultura de Venezuela, sólo puede considerarse como un gesto inamistoso hacia España por parte del presidente venezolano Hugo Chávez.
Si bien a Goizeder Odriozola no se le reprocha ningún delito, ni se le puede hacer responsable del espantoso historial criminal de su esposo, Arturo Cubillas, que sí es miembro de ETA, es evidente que designarla para que acceda a un puesto de tan alta responsabilidad en la presidencia de la República significa que Hugo Chávez asume su vinculación activa a un determinado entorno ideológico.
A pesar de las múltiples circunstancias que se han dado históricamente en la situación de los militantes y simpatizantes de ETA expulsados, asilados o confinados en distintos lugares del mundo, hasta ahora ningún gobierno extranjero se había atrevido a dar un paso como éste. Los etarras han estado más o menos cómodamente tratados en lugares de toda condición, desde Libia o Argelia hasta Cuba o la Nicaragua sandinista, pero lo que no se había conocido jamás es que un Gobierno reconocido lanzase deliberadamente una señal tan irrespetuosa con la sensibilidad de los españoles y la memoria de las víctimas de la banda. Siguiendo el ejemplo que con dudoso gusto Chávez utilizó en su polémica intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas -cuando dijo de Bush que era «el diablo» y por eso olía a «azufre»-, el Palacio de Miraflores de Caracas desprende en estos momentos un desagradable olor a pólvora, a pólvora asesina.
Desde luego, la percepción debería ser mucho más grave si en España el Gobierno socialista no estuviese codeándose en estos tiempos con el entorno de la banda terrorista, haciendo de ello el centro de su programa de acción política. Por desgracia, los pronunciamientos recientes del mismo presidente del Gobierno sobre el denominado «proceso» hacen difícil argumentar una protesta formal hacia el régimen de Caracas, que es la única posición digna en estas circunstancias, seguida, en su caso, por la tramitación urgente de la extradición del etarra Arturo Cubillas para que comparezca ante la Justicia española cuanto antes.
Hace ya mucho tiempo que el Gobierno debió darse cuenta de que el presidente venezolano no es una amistad recomendable. El resultado de una política consentidora con las chifladuras y excentricidades de Hugo Chávez ha sido catastrófico para el prestigio y los intereses económicos de España y, como se ve, no hemos cosechado a cambio un asomo de delicadeza, ni siquiera en un asunto como el del terrorismo, tan hiriente para los españoles.
