Por Roberto Cachanosky
La Nación
(Puede verse también sobre este tema Todo a presión en La Nación de hoy y El gobierno argentino es el único culpable de la inflación por Gabriel Gasave en este blog)
Puede afirmarse que la economía argentina ya tiene un clásico semanal en el tema precios. Un par de semanas atrás surgió el problema del gasoil. A la semana siguiente, el Gobierno tuvo que lidiar con el precio de la indumentaria. Durante la semana que acaba de finalizar comenzó la lucha por el aumento de las obras sociales de salud privadas. A estos tres casos hay que sumarles todos los anteriores, como la cuestión de la carne, los lácteos, etcétera.
Al momento de explicar las presiones inflacionarias encuentro tres líneas de argumentación. A saber: a) los que ponen el acento en la evolución del gasto público, b) los que sostenemos que hay un problema monetario y c) los que afirman que hay un problema de oferta ante una demanda creciente que tiene que resolverse vía inversiones. Veamos cada caso.
Los que sostienen que el problema está en el constante aumento del gasto público señalan que éste ha crecido tan fuerte que genera presiones sobre el nivel de precios. Al ritmo que viene creciendo, podemos estimar que este año el gasto del sector público nacional terminará un 57% más alto, en pesos constantes, que el gasto de 2002, a pesar de la reestructuración de la deuda.
Quienes ven en este fuerte aumento del gasto estatal la causa de la inflación sostienen que este incremento presiona sobre la demanda y eleva los precios internos. Mi visión es que como el gasto está financiado con recursos impositivos, su impacto sobre la inflación no es relevante, dado que la salvaje presión tributaria que tenemos genera transferencias de ingresos de los que pagan impuestos hacia los que reciben esos impuestos en forma de gasto público. En definitiva el mayor problema que le veo al aumento del gasto tiene que ver más con una distorsión de precios relativos que con un problema inflacionario.
Mi explicación del proceso inflacionario se basa en la ausencia de un superávit fiscal lo suficientemente alto como para sostener artificialmente elevado el tipo de cambio. Si uno toma el crecimiento de la oferta monetaria (incremento del circulante solamente) y lo compara con la evolución del PBI, considerando a este último dato como el incremento de la oferta de bienes y servicios de la economía, se encuentra que a lo largo de la década del 90 la relación circulante/PBI estuvo en un rango del 4 al 5 por ciento y que, luego de la devaluación, esta relación aumentó hasta llegar en el primer semestre de este año al 8,2% del PBI, casi el doble de la década del 90. Desde el punto de vista económico, ¿qué significa que la relación circulante/PBI crezca? Significa que la producción de moneda viene creciendo a un ritmo sustancialmente mayor que el incremento de la oferta de bienes y servicios de la economía. Si la gente aumentara su demanda de saldos monetarios, es decir, quisiera tener inmovilizada esa mayor cantidad de dinero, el impacto sobre el nivel de precios sería menor, pero si la gente no aumenta la demanda de moneda, toda incremento en la oferta necesariamente se traduce en una pérdida del poder adquisitivo del dinero, esto es, más inflación.
De manera que a mi visión sobre el problema inflacionario la relaciono con un problema monetario, el que, a su vez, deriva de la necesidad de comprar dólares para sostenerlo artificialmente alto, condición necesaria para poder seguir aplicando los derechos de exportación que le aportan al Gobierno el 12% del total de la recaudación. Si el Gobierno no emitiera y dejara flotar libremente el tipo de cambio y éste bajara, seguramente le sería imposible continuar aplicando el impuesto a las exportaciones, y buena parte de la caja y del superávit fiscal se evaporarían. En definitiva, el modelo de tipo de cambio alto requiere crecientes dosis de impuesto inflacionario, pero, al mismo tiempo, esas crecientes dosis de impuesto inflacionario conspiran contra los objetivos políticos del Gobierno, situación que lo lleva a tratar de esconder la realidad inflacionaria detrás de todo tipo de regulaciones en el sistema de precios, pero al costo de generar una fuerte distorsión de precios relativos que luego analizaré.
La tercera línea de argumentación, que podríamos decir que es la que sostiene el gobierno, afirma que el problema de la inflación tiene que ver con un insuficiente aumento de la oferta de bienes y servicios frente al crecimiento de la demanda. Supongamos que el argumento que esgrime el Gobierno es correcto. Si el problema está relacionado con un problema de incremento en la oferta de bienes, es obvio que la cuestión se resuelve con más inversiones que incrementen la capacidad de producción y, por lo tanto, la oferta de bienes y servicios. Por lo tanto, el aumento de la oferta contrarrestaría el efecto de aumento de la demanda y los precios se estabilizarían. Sin embargo, los controles de precios, las prohibiciones de exportación, las presiones que grupos piqueteros y funcionarios públicos ejercen sobre las empresas y el contexto de agresividad que viven las empresas hacen impensable que el problema de falta de crecimiento de la oferta sea resuelto con inversiones. En definitiva, si la teoría inflacionaria del Gobierno fuera correcta, la medicina que está aplicando para frenar la inflación no es la recomendada. No obstante, mi punto de vista es que el Gobierno se equivoca tanto en el diagnóstico de la inflación como en la medicina que aplica para frenarla. Está cometiendo un doble error en materia antiinflacionaria.
Contradicción
El gráfico que acompaña esta nota muestra la evolución del dólar, los precios al consumidor y los precios mayoristas, tomando como punto de partida diciembre de 2001 hasta septiembre de 2006. Del gráfico surge que los precios mayoristas aumentaron casi lo mismo que el tipo de cambio, en tanto que los precios al consumidor están muy retrasados respecto del aumento del dólar.
Lo que muestran los números es que hasta septiembre de este año el dólar subió solamente un 9% más que los precios mayoristas y un 66% más que los precios al consumidor.
La gran diferencia entre uno y otro es que los precios al consumidor tienen distorsiones de todo tipo (retraso en las tarifas de los servicios públicos, prohibiciones de exportación, controles de precios, presiones sobre las empresas para que bajen algunos productos, subsidios para que no se modifiquen algunos precios y demás artilugios). Se puede afirmar, entonces, que si tomamos los precios mayoristas, la devaluación fue licuada por la inflación. Si tomamos los distorsionados precios al consumidor, la devaluación, por ahora, ha sido exitosa.
Esta contradicción tendrá que ser resuelta de alguna manera. O bajan fuertemente los precios mayoristas o suben los precios al consumidor. Mi convicción es que el problema se resolverá por el aumento de estos últimos. Lo que queda por saber es quién será el próximo Celestino Rodrigo que tendrá que reacomodar los precios relativos.
El autor es economista.
