Por Miriam Jordan
The Wall Street Journal
LONG BEACH, California—Raphael Ribeira pasa más de 12 horas al día en la cabina de su viejo camión azul. En una jornada típica, este inmigrante salvadoreño gana el sueldo mínimo, trasladando contenedores del puerto de Long Beach a centros de distribución de empresas como Ikea, Pier 1 Imports y Toyota.
El empleo humilde pero crucial de trabajadores como Ribeira quedará en el limbo cuando un programa antiterrorismo del gobierno estadounidense entre en efecto este año. La nueva ley exigirá que los trabajadores portuarios —incluyendo más de 100.000 choferes como Ribera que pasan diariamente por las terminales de Estados Unidos— prueben que son residentes legales de ese país. Aunque Ribeira dice que tiene permiso de trabajo, se cree que muchos de los conductores de esta fuerza de trabajo predominantemente hispana son inmigrantes indocumentados. Para la industria de transporte de puertos, que ya enfrenta una escasez de mano de obra, las nuevas reglas prometen agravar aún más la situación.
Se teme que la determinación de Washington de fortalecer la seguridad de sus puertos deje a miles de conductores indocumentados sin trabajo en todo el país. Eso puede afectar el flujo de bienes a los consumidores estadounidenses, subrayando el papel clave que los inmigrantes juegan en la economía del país.
En el eje del debate se encuentra el programa de Credenciales de Identificación de Trabajadores del Transporte, o TWIC por su nombre en inglés, un componente de la Ley de Seguridad del Transporte Marítimo de 2002. Bajo este programa, los trabajadores con acceso libre a áreas portuarias restringidas necesitan ser residentes legales y han de pasar por una revisión de antecedentes. Los aprobados recibirán tarjetas biométricas de identificación con foto y huellas digitales. Los trabajadores sólo tendrán acceso a áreas restringidas de los puertos con esas tarjetas.
Cuando se creó el plan de identificación, no se hizo pensando en los inmigrantes ilegales. Es una consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que resaltaron la vulnerabilidad de la infraestructura de EE.UU. y plantearon preocupaciones sobre el riesgo de que se hiciera contrabando de material radioactivo a través de los 180 puertos comerciales de ese país.
El programa exigirá la identificación de 750.000 trabajadores portuarios de todo el país, lo que incluye unos 110.000 choferes, dice un portavoz de la Administración de Seguridad de Transportes (TSA, por su nombre en inglés). La gran mayoría de los conductores es de origen hispano, aproximadamente un 90% en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los puertos más concurridos de EE.UU. Nadie sabe con seguridad cuántos son indocumentados, aunque algunos cálculos indican que pueden ser entre 20% y 50%. Si esos conductores salen de la fuerza laboral, puertos clave como los de Houston, Miami, Nueva York y Nueva Jersey se verán afectados considerablemente.
"Necesitamos la TWIC por seguridad", dice Bill Madden, gerente general de servicios de Long Beach Container Terminal Inc. "Pero provocará un gran trastorno. Los camioneros son los que hacen que este puerto funcione". Los conductores constituyen un puente importante entre proveedores globales y minoristas en EE.UU. Son los que transportan desde autopartes y equipos médicos a juguetes y ropa de los puertos a puntos de distribución localizados a 80 o 160 kilómetros de distancia. Trabajan como contratistas independientes y reciben un pago fijo por viaje, generalmente entre US$40 y US$100, dependiendo de la distancia entre el puerto y los almacenes.
Pocos estadounidenses quieren este trabajo, dice Bob Curry, director de operaciones de la empresa de logística California Cartage Co. La estructura de pago por viaje de los puertos no es tan atractiva como los salarios por hora del sector de transporte de carga en general.
Una reducción en esa fuerza laboral podría ser devastadora. Más de la mitad de toda la ropa y zapatos importados por minoristas de EE.UU. pasan por los puertos de Los Ángeles o Long Beach, dice Bruce Berton, director de negocios internacionales de Stonefield Josephson Inc., consultora del sector textil. Los consumidores sentirían la escasez de artículos en 30 días. "Afectaría seriamente la economía", dice Berton.
La TSA dice que está atenta al potencial impacto que el programa de identificación puede tener sobre la fuerza laboral portuaria. "Continuaremos trabajando con el sector, las autoridades portuarias y los trabajadores para lidiar con el problema a medida que ponemos en funcionamiento esta vital medida de seguridad", dice Darrin Kayser, gerente de iniciativas estratégicas de la TSA.
El acceso a áreas restringidas que tienen los choferes portuarios es lo que más preocupa a las autoridades. Temen que los camioneros, cuyos vehículos no pasan por una inspección al ingresar a la terminal, sean persuadidos a llevar explosivos o a facilitar la entrada de cargamento letal.
