Por Danilo Arbilla
El Universal
El presidente Néstor Kirchner aún no ha podido " adecuarse al funcionamiento de la prensa independiente". Esto es lo que dice el informe sobre Argentina de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es una forma muy prudente de decir que en ese país la libertad de prensa sigue malherida. Ciertamente no había necesidad de añadir más calificativos; surge del simple "raconto" de los hechos que se hace en el informe.
Algunos de esos hechos -y dichos- trascienden fronteras por cuanto constituyen "caballitos de batalla" de muchos políticos y gobernantes, que no pueden sofrenar sus inclinaciones autoritarias en sus ataques a la prensa. El más repetido y usado , incluso por gobernantes con buenas credenciales democráticas, es el de cuestionar a la prensa preguntando "¿quién la votó?". El caso recogido en el informe fue el de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, esposa del mandatario, quien en una de sus continuas críticas a la prensa, la calificó de "oposición no votada". La legisladora, quien tuvo un papel decisivo para hacer naufragar un buen proyecto de ley de acceso a la información pública, atacó a los medios y periodistas por criticar al Gobierno, y preguntó sobre qué elecciones ganaron y quién los había votado.
La senadora debería saber que para hacer uso de la libertad de expresión y ejercer el derecho a la información ningún ciudadano, incluidos los periodistas y directivos de medios, necesitan ser votados. Se trata de un derecho inalienable de la persona humana. No es una concesión, ni se lo deben a nadie, ni nadie está facultado para recortarlo o eliminarlo.
Los medios de comunicación, por otra parte, se someten a un plebiscito continuo. Todas las semanas, días y horas son elegidos o rechazados por los ciudadanos. No pasa lo mismo con los gobernantes; muchos de éstos serían botados en las primeras de cambio por sus propios votantes, pero éstos para ello no tienen otra alternativa que esperar cuatro, cinco o seis años. Es un dato importante a tener en cuenta cuando se habla de libertades, derechos o legitimidades.
Por su lado Kirchner volvió a abonar con hechos la tesis de que los presidentes no pueden hablar y expresarse como si fueran cualquier ciudadano. La sociedad les cede poder, pero como contrapartida tienen deberes y obligaciones que implican determinados límites: deben actuar con transparencia, están sometidos el escrutinio público, y no pueden decir lo que quieran y menos atacar e insultar a diestra y siniestra y a quien sea.
Kirchner ya lo tendría que haber aprendido. El año pasado sugirió el boicot a una empresa petrolera y poco después un grupo de personas rodeó y aisló violentamente unas de sus agencias. El simplemente lo dijo, pero fue lo que ocurrió.
Según el informe en cuestión, dos prestigiosos periodistas argentinos que habían sido señalados -la palabra exacta sería "marcados"- por el Presidente, posteriormente recibieron amenazas anónimas. Se trata de Jorge Fontevecchia, presidente de Editorial Perfil (editora de revistas, noticias y semanario Perfil, entre otras publicaciones) y de Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación. Ambos han recibido severas amenazas telefónicas contra ellos y sus familias que se concretarían, según les advirtieron, si no dejan de criticar y escribir contra el Gobierno.
Tengo el convencimiento de que ninguna de estas amenazas proviene de la Presidencia de la nación ni de su entorno, ahora, si a algunos de los periodistas amenazados les pasa algo, la posición del Presidente queda muy comprometida.
Definitivamente las verborragias presidenciales muchas veces violan y atacan derechos, sobrepasan los límites legales, y constituyen claros abusos de poder. Se trata de unos "blablablá" demasiado peligrosos.
