Por Rómulo López Sabando
El Expreso de Guayaquil
“¿Hasta cuándo no entenderemos que sólo sin reglamentos, sin trabas, sin privilegios particulares, pueden prosperar la industria, la agricultura y todo lo que es comercial, abandonando todo el cuidado de su fomento al interés de los propietarios?” Este es un párrafo del discurso que, sobre la “abolición de las mitas” (sistema de explotación colonial), disertó en las Cortes de Cádiz, el Padre de la Patria, doctor José Joaquín de Olmedo y Maruri).
Y en su Art. 3 de la Constitución de la Provincia Libre de Guayaquil, dice “El comercio será libre, por mar y tierra, con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno”. (11 de noviembre/ 1820). Los conceptos citados se resumen en una sola palabra “Autonomía”. Extraje estos pensamientos de un web-blog de Internet denominado “www.cambiemosecuador.com”.
El centralismo feudal, que rige más de 500 años, incumple la obligación constitucional (Art. 225) de “impulsar mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza”. La burocracia central no “transfiere progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional”. El centralismo no “desconcentra su gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente”. Ignoran y violan los artículos 228, 141 numeral 5 y 238 de la Constitución. Y atropellan el Art. 74 cuando retardan las transferencias de sus rentas a las universidades. Falta una Ley Orgánica para el ejercicio de las autonomías. Las autonomías “universitaria” y “municipal” no funcionan, eficientemente, por culpa del yugo colonial del centralismo feudal. Sus rentas dependen de caprichos burocráticos que detentan la “Cuenta Única del Tesoro nacional”, del Gobierno central.
El manejo de los intereses ciudadanos no lo hacen los “vecinos”, como debe ser, sino, a distancia, el Gobierno central. La corrupción es su lógica consecuencia. El término autonomía, derivado del latín y el griego, significa, “potestad que, dentro de un Estado, tienen municipios, provincias regiones u otras entidades (naciones) para regirse mediante normas y órganos de gobierno propio y que de nadie dependen.
Etimológicamente significa “norma de uno mismo”. O sea la capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro. También significa “Potestad de ciertos entes territoriales para regirse por órganos y normas propias, en el marco de un Estado mayor. Los Estados federales garantizan la autonomía de sus miembros”.
El país requiere de autonomías para brindar servicios, que atiendan las necesidades económicas, culturales y sociales. La autonomía es desconcentración económica y descentralización político-administrativa. Y así votó la gente, en aplastante plebiscito.
Querer ser independiente no es delito, es un derecho, una opción individual que podría ser colectiva. Es la autonomía suprema. El soporte filosófico de este ancestral y exitoso esquema de vida refleja la naturaleza del ser humano, esto es, su libertad responsable. El concepto del “Estado unitario” (libertad en papeles, esclavitud real), impuesto verticalmente por el centralismo, es peligroso germen de la secesión.
El “distrito” divide un territorio o una población, administrativa o jurídicamente para la distribución adecuada de los servicios y ordenar el ejercicio de su gobierno. La idea es re-crear la República, con un Estado eficiente y dinámico. Autonómico. No dependiente del Gobierno central. La autonomía garantiza y robustece la unidad nacional y estimula la solidaridad. A ella se someterían los pueblos que lo deseen. Y, los que no lo deseen, pues, seguirían dependiendo del régimen central. Geográficamente, el “distrito” será la célula de la integración y unidad de la patria.
Ante el avance indetenible de la autonomía, por el fracaso del centralismo feudal del Estado, los usufructuarios del Estado total, arguyen que sólo debería hacerse la transferencia de “algunas competencias” y mantener el totalitarismo del Estado central.
Recuperar la patria significa instaurar, por fin, la “autonomía” que fortalecerá al Ecuador.
El recurso de libre determinación y de soberanía indelegable, que pueden ejercer los municipios, se “impone”, ahora que vamos a una nueva Constitución.
