Por Mauricio Cabrera Galvis
Portafolio
La Constitución de 1991 consagró un proceso de descentralización en el que los municipios y departamentos tendrían una mayor autonomía política, fiscal y administrativa. Elemento esencial del esquema era la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la nación, la cual debería ser del 46,5%. Estos ingresos, -mal llamados ‘transferencias’ porque no son una dádiva que otorga el Gobierno central sino un derecho constitucional-, debían ser dedicados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en materia de salud, educación y saneamiento ambiental.
Este criterio de distribución operó hasta el 2001 cuando se aprobó una modificación transitoria según la cual durante 6 años las Participaciones no serían un porcentaje fijo de los ingresos de la nación, sino que tendrían un incremento anual ligeramente superior a la inflación. Como consecuencia los recursos recibidos por las regiones se redujeron en $5 billones y las Participaciones disminuyeron como porcentaje del PIB (del 5,2% al 4,5%), del gasto público (del 20% al 18,2%) y de los ingresos de la nación (del 46,5% al 38%).
En la reforma del 2001 se estableció que en el 2008 se volvería a la situación anterior, es decir que las Participaciones tendrían un incremento inmediato de unos $6 billones para volver a ser el 46,5% de los ingresos corrientes, pero el presidente Uribe ha presentado un nuevo proyecto de reforma constitucional para impedir este aumento y continuar con la fórmula de incrementos anuales ligeramente superiores a la inflación.
El Presidente ha afirmado que con su propuesta “no habrá un recorte de las transferencias” (insiste en llamarlas así), sino que en los próximos años pasarán de 17 a 20 billones de pesos. Es cierto que habrá un incremento en la cuantía, pero es falso que no haya un recorte, porque las regiones deberían recibir mucho más recursos. Se ha calculado que hasta el año 2016 los departamentos dejarán de recibir $18,9 billones, y los municipios $30,9 billones, para un recorte total de $49,8 billones si de nuevo funciona la aplanadora uribista en el Congreso.
Para evitar ese despojo a las regiones, para defender el proceso de descentralización y para salvaguardar los intereses de departamentos y municipios frente a la voracidad centralista, el Partido Liberal y el Polo Democrático han lanzado la iniciativa conjunta de convocar un referendo para que todo el pueblo colombiano se pueda pronunciar sobre la distribución de los recursos de la nación. Para ello han iniciado una campaña de recolección de 2 millones de firmas que respalden el proyecto de referendo que sería presentado al Congreso en defensa de la descentralización.
Por supuesto esta iniciativa ya ha sido rechazada por el Gobierno y los tecnócratas con el argumento que es una propuesta populista que va a aumentar el gasto público y el déficit fiscal, poniendo en riesgo la estabilidad de la economía. Es un argumento equivocado.
En el referendo no se someterá al voto popular el monto del gasto público, lo que sí sería irresponsable, sino su distribución, es decir quién ordena el gasto y a qué se destina. De hecho en el Plan de Desarrollo del Gobierno se incrementa el monto de la inversión pública destinada a salud, educación, acueductos y alcantarillados en las regiones, pero con un buen porcentaje manejado centralizadamente por el Gobierno nacional, y asignado en los consejos comunitarios.
La decisión sobre la cuantía del gasto público y el manejo del déficit fiscal es una decisión técnica que debe tomar en consideración todo el contexto macroeconómico nacional e internacional. Pero la decisión sobre si el gasto lo debe ordenar el Gobierno nacional de una manera centralizada, o si debe hacerse directamente en los departamentos y municipios, sí es una decisión política en la que deben participar todos los ciudadanos. La democracia participativa requiere que todos apoyemos el referendo en defensa de la descentralización.
