Por Carlos Ball
Panamá América
Aplicar la multiplicidad de regulaciones, controles y leyes de los países desarrollados a países pobres de América Latina significa condenarlos para siempre a la miseria.
La razón es que esa maraña de rígidas y costosas disposiciones del primer mundo impediría ofrecer empleo a más de una mínima fracción de la población del tercer mundo "condenando a la mayoría a permanecer en el sector informal" y también reduce las utilidades empresariales que, al reinvertirse, generan nuevos puestos de trabajo.
Suenan muy loables las disposiciones sobre ventilación, alumbrado y comodidades del ambiente laboral, salario mínimo, limitar el horario de trabajo, extender las vacaciones, ofrecer cobertura médica, no permitir que trabajen los jóvenes en edad escolar, dar permisos remunerados por múltiples motivos, reducir la competencia a través de licencias oficiales para decenas de diferentes ocupaciones (desde enfermeras y plomeros hasta taxistas y peluqueras), además de la imposición de reglas sobre retenciones de impuestos, jubilaciones, despidos, etc.
El problema es que en los países pobres, por definición, hay insuficiente capital invertido, la capacitación técnica es escasa, las oportunidades de empleo en la economía formal son limitadas, mientras crecen los mercados negros y la informalidad. En esos países, la agricultura suele ser el principal empleador, pero cada día se dificultan más las exportaciones agrícolas debido a los subsidios y proteccionismo de Europa y Estados Unidos, donde los políticos rechazan el libre mercado cuando están de por medio el apoyo y las donaciones electorales de la agroindustria. Todo eso tiende a aplastar a los países pobres, con los que además se intenta "nivelar el campo de juego", que en realidad significa condenarlos a seguir siendo pobres para siempre.
Si estudiamos un poco de historia económica nos damos cuenta que con las actuales disposiciones, leyes y regulaciones vigentes en Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania -países donde primero floreció la Revolución Industrial-, les hubiera sido muy difícil a esas naciones surgir de la miseria medieval. Es más, el bienestar económico de Estados Unidos es mayor porque, comparativamente con Europa occidental, la intervención en la economía ha sido menor y se permite que industrias moribundas desaparezcan o se desplacen a otros países, a la vez que florecen nuevas tecnologías.
Una de las peores tragedias contemporáneas es el mal uso del poder político y económico de los organismos internacionales en imponer costosas legislaciones sociales que impiden el desarrollo económico de los países pobres y terminan perjudicando a los más débiles. Hace 100 años, todos los días desembarcaban inmigrantes muy pobres en ciudades norteamericanas como Nueva York. Todos sus haberes los traían en una pequeña maleta y a los pocos días estaban apiñados, trabajando en algún oscuro y mal ventilado local: las mujeres cosiendo y los hombres ensamblando artefactos y otros bienes. Apenas aprendían inglés y adquirían nuevas habilidades saltaban a un trabajo mejor remunerado. Sus hijos y nietos fueron a la escuela, escalaron posiciones y algunos de ellos están hoy en la política tratando de evitar que lleguen nuevos inmigrantes.
Lamentablemente, en las escuelas no se enseña que la Revolución Industrial transformó a campesinos miserables en obreros con oportunidades de escalar posiciones, cuyo nivel de vida fue mejorando en la medida que aumentaba la inversión de capital y, por consiguiente, la productividad de la mano de obra. Esto, a su vez, aumenta los salarios, no por generosidad de los propietarios sino para que la competencia no les quite a sus trabajadores más competentes.
El progreso de occidente no se logró con políticas de bienestar social sino con un creciente y abierto mercado que premia la iniciativa emprendedora y donde ambos, vendedor y comprador, siempre salen ganando o la transacción no se hace. No es "políticamente correcto" explicar esto ni tampoco enseñarlo en las escuelas, donde se aprende que todo adelanto se debe a la magnanimidad de políticos y burócratas.
El autor es Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute
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