Por Maribel Hastings
La Opinión
WASHINGTON, D.C.— La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó ayer su propuesta de incrementar en un 86% todos los trámites migratorios a partir de junio. Explicó, asimismo, que después de ajustes y consolidación de gastos, el alza real que verán los consumidores es de 66%, en promedio.
El ICE defendió su propuesta bajo el argumento de que es necesario aumentar los costos para brindar un mejor servicio a los inmigrantes.
La propuesta se publicará en el Registro Federal y habrá un período de 60 días para comentarios del público a partir de hoy, 1 de febrero, y otros 60 días para implementar los cambios.
"Necesitamos crecer, necesitamos fortalecernos, y necesitamos modernizarnos", sostuvo el director del CIS, Emilio González. "Éste no es un evento arbitrario... Tenemos que proveer el mejor servicio posible al cliente... Los aumentos son necesarios para poder mantener las oficinas en un estado moderno y transparente ", añadió.
Los fondos que se generen, unos 2,000 millones de dólares en dos años, se emplearían en personal, nueva tecnología e infraestructura, entre otras cosas, que permitan agilizar el procesamiento de los trámites. La naturalización, por ejemplo, trataría de adjudicarse en cinco meses en lugar de siete, y la residencia permanente en cuatro meses en vez de seis.
El precio de la solicitud de ciudadanía (I-400) al presente es de 330 dólares más 70 por toma de huellas digitales, es decir, 400. Con el aumento, la solicitud de ciudadanía se eleva a 595 dólares y las huellas suben a 80 para un total de 675 o un aumento de 69%.
La cuota para obtener la residencia permanente (I-485) aumenta de 325 dólares a 905. Pero se explicó que el nuevo precio consolida el costo total de los permisos de trabajo y otros que un peticionario obtiene —a veces repetidamente— mientras aguarda por el ajuste. Es decir, al presente quienes solicitan la residencia permanente deben obtener permisos de trabajo varias veces mientras esperan por la adjudicación. Al presente esas personas pagan un promedio de 800 dólares. Los 905 consolidan todos los gastos por lo cual el aumento real es de 105.
Otros trámites con alzas drásticas son los formularios I-698 para personas que aún intentan ajustar su situación bajo la amnistía de 1986 que verán un alza de 180 dólares para totalizar 1,370 aunque se trata de una cifra reducida de peticiones. Los empresarios extranjeros que pretendan inmigrar a Estados Unidos para invertir verán un alza en sus peticiones I-829 de 475 dólares a 2,850.
La oficina desechó críticas de que el alza supondrá que menos personas se hagan ciudadanas.
"Aquí el propósito no es crear otros obstáculos sino darle al cliente una oficina que funcione", indicó González.
Agregó que "hay muchas personas equivocadas, a mi juicio" cuando dicen que hay motivaciones antihispanas o antiinmigrantes detrás del alza propuesta que según la agencia tomó ocho meses en desarrollarse.
Se indicó que históricamente los aumentos previos no han supuesto una disminución en las peticiones de ciudadanía u otros trámites. El último aumento que se registró fue en octubre de 2005 y ascendió a 10 dólares de ajuste inflacionario. El último aumento amplio fue en 1998 y ascendió a 76%.
El año pasado la oficina adjudicó 823,385 peticiones de naturalización y 805,698 de ajustes a residencia permanente. Aún no tienen las cifras por estado o región correspondientes a 2006. Ese año fiscal 2006 se sometieron 730,642 peticiones de ciudadanía comparado con 602,972 en 2005, un alza de 21%.
Al presente hay ocho millones de residentes legales elegibles para la ciudadanía y casi la mitad son hispanos.
Los críticos argumentan que el incremento impedirá que más personas obtengan la ciudadanía. Se calcula que tres de cada cuatro hogares mexicanos y centroamericanos no ciudadanos tienen ingresos anuales por debajo de los 25 mil dólares.
Pero González precisó que quienes no puedan costear los gastos pueden obtener una dispensa (waiver) si cumplen con los requisitos.
Dijo también que el alza no responde al prospecto de una eventual reforma migratoria integral con un plan de trabajadores temporales. Si se aprueba ese plan, el Congreso decidirá cómo se va a financiar.
El director enfatizó que por ley el CIS no obtiene fondos del Congreso y financia sus operaciones con las cuotas que cobra a los inmigrantes. El problema es que los fondos se emplean para todo: infraestructura, personal, litigios y otras cosas. "El 99% de nuestro presupuesto se basa en las cuotas de los usuarios. Ésas son las reglas del juego", indicó.
Es decir, que le correspondería al Congreso aprobar medidas que cambien la estructura de financiamiento de la oficina proveyéndole un presupuesto. "Es decisión de ellos [del Congreso] ...Yo ni le voy a pedir dinero ni le hemos pedido dinero", expresó.
Pero la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) dijo que el CIS debe demostrar su liderazgo "solicitándole al Presidente y al Congreso que incluya una asignación de fondos en el presupuesto federal".
El senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy, quien preside el Subcomité de Inmigración, dijo que el Congreso debe reconocer su responsabilidad y "asignar los fondos necesarios" para que la oficina cumpla con sus funciones. Los congresistas demócratas de California, Xavier Becerra e Hilda Solís, dijeron el martes a este diario que se requieren cambios en el financiamiento del CIS, pero que la agencia debe justificar la actual propuesta antes de implementarla.
La congresista demócrata de California, Zoe Lofgren, quien preside el Subcomité de Inmigración, Ciudadanía, Refugiados, Seguridad Fronteriza y Ley Internacional cameral, dijo "el alcance y la escala de este aumento de cuotas me genera muchas interrogantes".
"Planifico estudiar cuidadosamente con mis colegas del panel de Inmigración el nuevo estudio del CIS y la justificación del alza. Los cambios a la estructura actual de cuotas deben ser justos y razonables", indicó Lofgren.
