Por Carlos Mira
Economía Para Todos
La confusión lingüística que evidencian muchos argentinos cuando se refieren a los aportes jubilatorios es una muestra de su ignorancia respecto al verdadero funcionamiento de los sistemas de reparto y de capitalización.
El Congreso se apresta a sancionar la ley que modificará el sistema de jubilaciones y dará paso a que millones de afiliados vuelvan a optar entre el reparto y la capitalización. El proyecto establece que aquellos asociados a regímenes de capitalización que no expresen taxativamente su voluntad de permanecer en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), serán traspasados al sistema estatal de pleno derecho.
Se calcula que con la “manija” anti sector privado que el gobierno blande desde que asumió, muchas personas, expresa o tácitamente, podrían pasar al sistema de reparto. En dinero, la cuenta suma miles de millones.
Más allá de que la historia implica un nuevo capítulo del clásico péndulo argentino, cuesta menos creer que un gobierno como el del presidente Kirchner se embarque en un proyecto como éste a que los afiliados al sistema de capitalización vuelvan al reparto.
Es francamente sorprendente que la ciudadanía vaya a confiar de nuevo en el Leviatán que ya les robó todo el dinero acumulado en las viejas cajas de jubilaciones y que, al tiempo del retiro, les pagó con miserias años de trabajo y de esfuerzo.
El gobierno pro-estatista del presidente parece querer presentar el sistema estatal de jubilaciones como una panacea. Obviamente, olvida la estafa que millones de personas sufrieron cuando sus dineros fueron desviados dentro de la “Caja de Pandora” pública a cualquier fin, excepto el de conservar esos fondos para pagar como correspondía a los ciudadanos retirados del trabajo cotidiano.
Ahora bien, que un gobierno de esta naturaleza tenga este sesgo no sorprende. Pero que la gente que fue robada, estafada vilmente por un conjunto de burócratas que concretamente hizo desaparecer el dinero desatinado a pagarles, es, desde todo punto de vista, un misterio.
Se trata de un perfecto caso en donde la víctima defiende al criminal. Recuerdo los días en que el sistema de capitalización entró en vigencia. Allí flotaba en el subconsciente argentino la contraola “privatista” y, como buen país “fashion” que es la Argentina, la llegada de las AFJP era vista en general con simpatía. Pero, aun en ese momento, un conjunto numeroso de jubilados –liderados por la entonces famosa Norma Plá– organizaba marchas al Congreso todos los miércoles para intentar impedir que la ley de capitalización se aprobara. Ya en aquel momento, yo me preguntaba: “¿Qué más hace falta que le hagan a un jubilado para que se dé cuenta del ladrón que tiene enfrente?, ¿cómo se les debería explicar que el Estado que ellos tanto defendían les había hecho evaporar su futuro y su bienestar?”.
Y en aquel momento también advertí la enorme confusión que tenían muchos de ellos. Esa misma confusión, como era de esperar, sigue firme hoy, no sólo en los jubilados, sino en la mayoría de la sociedad.
El lenguaje suele ser una vía utilísima para detectar confusiones. La terminología con la que se expresa una persona es una pista clara y espontánea de cómo piensa y de lo que cree.
Y es la terminología que hoy utiliza la mayoría de la sociedad argentina la que da la prístina pauta de la enorme incomprensión que existe acerca de cómo funcionan los sistemas de reparto y de capitalización de jubilaciones y pensiones.
Es muy normal escuchar a la gente referirse a los aportes jubilatorios como a “mis aportes”. Utilizan la expresión tanto si se estén refiriendo al sistema de reparto como al de capitalización. Este solo dato sirve para concluir que la ignorancia que flamea por encima de la sociedad acerca de estas importantes cuestiones que hacen al futuro de cada uno debe ser la que aprovechan los burócratas estatales para vender demagogia y quedarse con el manejo millonario de dineros por los que, cuando faltan, nunca rinden cuentas ni van presos.
El pronombre posesivo “mis” no es compatible con el sistema de reparto. En el sistema de reparto, “mis” aportes no son míos. En el sistema de reparto no hay derecho de propiedad. Es un sistema socialista. Allí, los dineros entran en una bolsa general (más o menos como los impuestos) y no en una cuenta nominada e individual. Una vez que salen de la billetera del aportante, los billetes pierden contacto con su dueño, no han ingresado en ninguna cuenta que lleve el nombre de quien ingresó los fondos. Han ido a parar a las manos de un funcionario de cuya honradez (¿?) dependerá que el ciudadano –ahora activo– que ingresó el dinero, lo recupere cuando se jubile.
Los hechos históricos (no la teorización, ni la ideología) prueban que los dineros en manos de burócratas desaparecen. Más allá de que –en otra confusión monumental– la sociedad esté convencida de que quien les robó sus ahorros en 2001 fueron los bancos y no el Estado (que quebró y tuvo que estafar todo ese dinero para hacer frente a sus impagables cuentas), la realidad –y la Historia– indican que aquí hay un solo ladrón: el Estado.
Por qué, en un enigma indescifrable, la mayoría de la sociedad argentina siente simpatía por este criminal consuetudinario, puede quedar explicado, en el caso de las jubilaciones, por la supina ignorancia que la sociedad delata tener cuando utiliza expresiones equivocadas para referirse al sistema de reparto.
Por eso, para aquellos que expresa o tácitamente opten por abandonar las AFJP y volver al regazo del Leviatán, debería –al menos– empezar a quedar en claro que los pronombres posesivos no son compatibles con el sistema estatal. Señores enamorados del Estado, sepan esto como mínimo: en ese sistema, sus aportes no serán suyos. Ya no tendrán derecho a referirse a su dinero como si realmente fuese suyo. Esa toma de conciencia será un mínimo acto de justicia para con un sistema que, encima de haberle robado a la gente, se da el lujo de que la sociedad crea que se maneja por los mismos principios que aquel que sí le asegura el derecho de propiedad a los afiliados.
Cuando se comenzó a discutir la terminología de la ley, alguien con cola de paja propuso incluir la palabra “intangibilidad” para referirse a los fondos jubilatorios que pasarán al Estado. No pasó mucho tiempo antes de que otro político hiperrealista e hipercínico le recordara que la palabra “intangibilidad” ya había sido parte del nombre de una ley en la Argentina (la de “Intangibilidad de los Depósitos”, sancionada meses antes de que la Argentina declarara el default universal más grande de la historia económica mundial, confiscara los depósitos y esfumara de la faz de la Tierra miles de millones de dólares).
Por las mismas causas, bien valdrá la pena prestarle atención al hecho de que, cuando el traspaso se ordene, una vez que las manifestaciones de voluntad expresas o tácitas terminen, los fondos en las AFJP estarán. Será mucho o poco, las jubilaciones seguirán siendo pobres o no, pero el dinero está. Nadie se lo robó. Allí figuran los nombres de quienes hicieron los aportes. Allí sí los aportes son suyos, allí sí nadie los tocó. Cuando esa misma alquimia pretendió hacerse en sentido inverso, lo único que se encontró fue miseria. La misma que encontraron los jubilados de reparto cuando fueron a cobrar lo que estaban convencidos eran “sus” aportes.
El caso de las jubilaciones es uno más dentro de la pléyade de cuestiones inexplicables por las que es imperioso indagar el espíritu argentino para intentar averiguar por qué un pueblo tan golpeado repetidamente por el mismo victimario, tiene con él una relación de amor enfermizo que, si no se cura, terminará matándolo.
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