Por Fernando Molina
Infolatam
La Paz - ¿Qué pasa en Bolivia? La sociedad va cayendo en el estupor y ya nadie atina a interponerse en el camino del Estado “pack man” que ha comenzado a engullirlo todo, por las buenas o por las malas, convirtiéndose en el gordinflón portador de las esperanzas colectivas: una nueva sociedad, subir de nivel, ganar el juego.
Para atemperar los sentimientos estatistas de la mayoría, el proceso boliviano de privatización de las empresas públicas, en los noventa, tuvo un carácter sui géneris. Las empresas no se vendieron completa y directamente. En lugar de eso, los empresarios privados obtuvieron la mitad de la propiedad y la administración de las compañías a cambio de una inversión en las mismas empresas. Simultáneamente, la otra mitad de las acciones se pusieron en un fideicomiso manejado por las AFP y destinado a financiar, hasta su agotamiento, el pago de una renta para todos los ciudadanos mayores de 65 años: el “bonosol”.
Como esta renta es bastante alta, 225 dólares anuales, se suponía que su pago obligaría a las AFP a vender paulatinamente las acciones del fideicomiso, consumando así una privatización “diferida” del restante 50 por ciento de las empresas antiguamente públicas. Pero muy pronto este mecanismo quedó trabado por las maniobras de quienes toleraban la privatización porque estaba de moda, pero de ningún modo creían en ella. Así que las acciones del fideicomiso finalmente no se vendieron, convirtiéndose en “el objeto del deseo” de todos los movimientos estatistas y nacionalistas del país, ansiosos de cogerlas y devolverlas al control del Estado, con los más diversos propósitos.
El paso se dio por primera vez hace un año, durante la nacionalización de la industria petrolera, cuando se confiscó (es decir, se arrebató sin retribución) las acciones que tenía el mencionado fideicomiso en las empresas petroleras, para financiar con ellas el relanzamiento de las petrolera estatal, YPFB. Esta confiscación, sin embargo, se respaldó en una consulta a los ciudadanos mediante un referéndum, y en una ley que ordenaba el traspaso de las mencionadas acciones.
Un segundo paso acaba de darse, bastante peor. Ahora se confiscó las acciones del fideicomiso en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). Y se las revirtió al Estado por medio de un simple decreto, sin ley y mucho menos referéndum. Lo más grave es que nuevamente no habrá ninguna indemnización.
Esta medida viola la Constitución, la cual prohíbe expresamente las confiscaciones, y exige que toda expropiación remunerada sea precedida de una ley que declare su “necesidad pública”. Pese a ello, no ha inmutado a nadie y mucho menos impelido a alguna persona o institución a ejecutar algún recurso legal en su contra. Incluso las AFP, las más llamadas a ello, han declarado su aquiescencia con una la medida que, en verdad, les impide cumplir sus obligaciones contractuales.
¿Qué pasa en Bolivia? La sociedad va cayendo en el estupor y ya nadie atina a interponerse en el camino del Estado “pack man” que ha comenzado a engullirlo todo, por las buenas o por las malas, convirtiéndose en el gordinflón portador de las esperanzas colectivas: una nueva sociedad, subir de nivel, ganar el juego.
La confiscación de las acciones de Entel es una maniobra previa a la nacionalización de esta compañía que, según se presume, no se realizará precisamente por las buenas. El gobierno ha declarado nulos dos decretos que favorecieron a esta empresa en los años pasados, rompiendo una vez más la Constitución, que como cualquier otra no admite la retroactividad de las normas. Pese a ello, el gobierno insiste, arriesgando al país a un arbitraje internacional que seguramente perdería, y deteniendo las pocas inversiones que todavía podían o querían afincarse el país. Y encima ha prometido más nacionalizaciones, ahora en la minería.
El verdadero resultado de este movimiento de deglución será probablemente el debilitamiento de Entel hasta el punto en que otra vez la empresa dé pérdidas, las cuales deberá pagar el Estado con los ingresos por la exportación de gas. Unas pérdidas que sin embargo, al mismo tiempo, serán beneficiosas para los políticos y técnicos que se hagan del control de la empresa (los cuales hoy fungen, claro, como los más feroces nacionalistas, pero que ya cambiarán a la hora de elegir entre la nación y su propio peculio).
Otro resultado concreto de lo que ocurre será probablemente la desaparición del “bonosol”, porque aunque el gobierno ha prometido mantenerlo, esta renta depende de los dividendos producidos por las acciones que estaban en fideicomiso, dividendos que es muy difícil que produzcan en igual cantidad empresas estatizadas otra vez, y por tanto fuertemente presionadas a crear empleos y a hacer gastos en beneficio de las élites políticas ascendentes.
