Por Greg Crist y Gabriel Zinny
Dutko Worldwide
Hace unos días el Presidente Bush relanzó en Arizona su propuesta de reforma inmigratoria, con un Congreso demócrata favorable a su iniciativa, pero todavía con una fuerte oposición de su propio partido, principalmente en la Cámara de Diputados. Nancy Pelosi, líder de la mayoría, aclaró a la Casa Blanca que no empujaría la ley únicamente con la mayoría demócrata, sino que requería al menos 70 votos republicanos, difícil de conseguir en estos momentos en que Bush enfrenta históricas bajas tasas de aprobación.
Desde que accedió a la presidencia el presidente Bush consideró la política inmigratoria como un tema que le permitiría dejar una marca como gobernante “conservador compasivo”, a la vez que ayudaría a ganar apoyo al partido republicano entre la creciente población latina, que siempre ha votado mayoritariamente demócrata.
En su discurso en Arizona, el Presidente resumió los cuatros pilares de su reforma: mas seguridad en la frontera, mayor ejecución de las leyes inmigratorias actualmente en vigencia, nuevas medidas contra el empleo de trabajadores indocumentados y un programa temporal de trabajadores inmigrantes para satisfacer la escasez de mano de obra en Estados Unidos.
El último punto es el mas controversial, y sobre el cual han estado discutiendo a puertas cerradas un grupo de Senadores, liderados por el Republicanos Mel Martinez, y el Demócrata Bob Menéndez. En base a los acuerdos preliminares, definieron incluir en la nueva ley un mecanismo que obliga a ejecutar el reesfuerzo de la seguridad en las fronteras antes de lanzar el programa temporal de trabajadores, y a su vez establecer la nueva visa Z, que será el marco legal para los inmigrantes indocumentados. Pero otros le han quitado su apoyo al presidente. Por ejemplo el senador McCain, quien con el Senador Kennedy habían introducido legislación el año pasado que incluía todas las propuestas del Presidente Bush, se ha retirado de las negociaciones, ya que pondría en riesgo su imagen frente al voto conservador, en su mayoría resistente a lo que llaman “amnistía” para los inmigrantes ilegales, que tanto necesita en su actual carrera por la presidencia.
Pero la reforma inmigratoria también genera fuertes controversias en círculos empresarios y de pensamiento. Aparecen varios intereses y grupos de presión enfrentados. Por un lado, la coalición de negocios y corporaciones que apoya en gran medida la propuesta del Presidente, ya que son los principales beneficiados con mano de obra barata; por el otro los sindicatos, que a su vez también están divididos, por un lado se oponen a mayor inmigración, aludiendo a que reduce el empleo entre trabajadores americanos, pero por otro abogan por derechos laborales para los trabajadores ilegales. A su vez, se encuentran los grupos de la comunidad latina, con cada vez mayor fuerza en el debate político del país, y los intereses pro-seguridad y mas nacionalistas, que ven un riesgo en mayor inmigración, y sobretodo en no tener control total sobre las fronteras, principalmente la que linda con México.
Estas coaliciones están fuertemente influenciadas por los resultados del voto latino, que mientras en la elección del 2004 le dio el mayor apoyo histórico al partido republicano, votando un 44% de los electores hispanos por el Presidente Bush, en la elección congresional del 2006 descendió a un 30%. Estrategas de ambos partidos entienden la necesidad de contar con el voto hispano para las elecciones presidenciales del 2008, pero es menos claro como enfrentar el desafío de la reforma inmigratoria en términos políticos.
El grupo de recientemente electos demócratas moderados, que ganaron sus bancas a oponentes republicanos, no quieren volver a revivir este debate tan presente en la campaña electoral de Noviembre pasado, y mucho menos apoyar legislación que otorgue residencia o ciudadanía a los mas de 12 millones de inmigrantes ilegales, a no ser que nuevos efectivos controles se implementen en la frontera. Como señala la Representante Nancy Boyda, de Kansas, quien ganó al entonces incumbente republicano Jim Ryun, “no favoreceré una amnistía para trabajadores indocumentados, como me acusaba mi oponente, sino lo que sea mas beneficioso para mi distrito”.
Las manifestaciones que por primera vez reunieron a miles de inmigrantes especialmente hispanos, han desaparecido principalmente porque los grupo pro-inmigración ya no enfrentan un mayoría republicana en el Congreso que amenazaba con deportarlos.
Pero los que abogan por la reforma del Presidente enfrentan fuerte oposición tanto de los congresistas que representan distritos en el Oeste y Sur del país, que tienen mas altos niveles de desempleo, como de los sindicatos que cuentan con mayor fuerza desde la victoria demócrata. Estas controversias hacen muy difícil conseguir el apoyo en el Congreso que tanto necesita el Presidente. Pareciera que otra vez la política electoral interfiere en una necesaria y esperada reforma, con enorme impacto en la economía y seguridad de los Estados Unidos.
