(Puede verse también EE.UU. endurece las sanciones a firmas que den trabajo a indocumentados y En varias ciudades, las minorías ya son mayoría)
El gobierno del presidente George W. Bush anunció medidas más estrictas para tratar de impedir que empresas estadounidenses contraten a inmigrantes indocumentados.
Las nuevas reglas incluyen multas más severas y cargos criminales contra los negocios que contraten a los indocumentados.
De ahora en adelante, los empleadores que sean investigados por el gobierno tendrán un plazo de 90 días para probar que sus empleados tienen la documentación migratoria pertinente.
De lo contrario, se verán en la obligación de despedir a los empleados que no pueden presentar la documentación válida. De no hacerlo afrontarán multas iniciales de US$2.200 y hasta cargos criminales.
Algunos corresponsales en Washington advirtieron de que las nuevas reglas podrían afectar al sectore agrícola, de la construcción y de servicios de Estados Unidos, que emplean a inmigrantes.
Las medidas fueron anunciadas por los secretarios de Seguridad Nacional, Michael Chertoff y de Comercio, Carlos Gutiérrez.
Inacción legislativa
Chertoff dijo que el gobierno se vio en la obligación de tomar la iniciativa ante lo que describió como la "inacción" del Congreso.
En junio pasado, el Senado votó en contra de un proyecto de reforma migratoria para legalizar a casi 12 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos.
La propuesta jurídica recibió críticas de diferentes sectores, incluso dentro del mismo Partido Republicano del gobierno de Bush.
"Sabemos que el problema requiere una solución que implique la acción del Congreso", dijo Chertoff.
Agregó que "aunque el Congreso no ha respondido a nuestro maltrecho sistema de inmigración mediante una reforma integral, mi gobierno continuará tomando medidas para mejorar lo ya logrado".
Chertoff afirmó que el nuevo plan gubernamental es un paso dinámico para enfrentar la inmigración ilegal.
La ley de reforma migratoria fue bloqueada principalmente por los legisladores republicanos, ya que los sectores más conservadores en Estados Unidos se oponen a la legalización de los indocumentados.