Por Jorge Salazar-Carrillo
El Nuevo Herald
El gobierno de España, uno de los países con mayor deuda per cápita del mundo, acaba de confesar que a su vez hay naciones que no pagan lo que le deben, siendo Cuba la mayor culpable ($835 millones). Uno de los problemas fundamentales en el período de transición será el determinar el verdadero monto de las deudas y las inversiones externas en Cuba, ya que ambas están estrechamente ligadas. Las inversiones publicadas por el régimen castrista están claramente exageradas. Además, están entremezcladas con intereses de los principales líderes de la dictadura comunista, habiéndose ya implementado la versión cubana de la repartición de bienes que generalmente ha tenido lugar cuando estos pierden el poder.
Aunque sólo representan el pico del témpano de hielo de la ''piñata cubana'', los bienes de los jerarcas de esta nomenklatura han sido estimados por la revista Forbes en $1,300 millones para Fidel (publicado) y alrededor de $300 millones cada uno para Raúl y Ramiro Valdés (no publicados).
Lo que resulta evidente es que las empresas y particulares extranjeros han sido muy cuidadosos al aplicar su capital en la isla, especialmente después de la Ley Helms-Burton de 1996. Ha habido una preferencia por los contratos para compartir la producción y los servicios, como se estableció desde temprano en el sector hotelero, en contraste con la adquisición de activos. Ello no es de extrañar ya que el usufructo es lo más cercano a la figura de derecho de propiedad reconocida por la tiranía castrista (ya sea de tierras, viviendas, recursos minerales, fábricas, etc.).
También es evidente que los intereses foráneos se han visto forzados a aceptar ciertos derechos de explotación en Cuba por el incumplimiento de los compromisos de pagar los préstamos internacionales por parte del gobierno de Castro. Como no tenían otra salida, tuvieron que canjear deudas por activos cubanos restringidos. En otros casos, obtuvieron deuda cubana a precios regalados y negociaron con el castrismo su conversión a derechos limitados de propiedad en la isla. Pero es evidente que de no haber existido estas condiciones especiales, hubiera sido aún menor la inversión extranjera directa.
Podemos ilustrar la incertidumbre con el caso español, donde residen los mayores intereses semihipotecarios en Cuba. Según la unidad comercial francesa dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, conocida como Ple de Expansion Economique, las inversiones españolas en Cuba llegaban a los $275 millones a finales del milenio. Estas se desglosaban en $170 millones en turismo, $100 millones en tabaco y $5 millones en otras, según su publicación Cuba: Dossier de Synthese. A contrapelo se encuentra la publicación española Cuba Negocios, muy ligada a los intereses del castrismo internacional. En varias de sus publicaciones, suplementadas por estimados revelados en una conversación con el señor Iñigo Moré (su gerente), la inversión en derechos limitados de propiedad ascendía a $2,100 millones al comienzo del 2000. El desglose sería de $1,500 millones en el campo turístico, $500 millones en el negocio tabacalero y $100 millones en el resto. Más recientemente Ibersuiza ha invertido y maneja Cementos Cienfuegos, y otros intereses la destilería del antiguo Central Perseverancia.
Creo que los criterios de imparcialidad, veracidad y seriedad se inclinan por los datos franceses. En esa época, que ya no, estos últimos estaban considerando sus posibilidades de comercio, inversión y préstamos en la isla como una proposición de costos y beneficios. La misma tenía que estar bien anclada en datos confiables, los que estimaron en la referida publicación.
Esto nos lleva a concluir que el monto de los intereses extranjeros directos a dirimir en Cuba es enteramente manejable. La parte inextricablemente ligada a los testaferros y personeros del régimen tendrá necesariamente que pasar al Estado cubano. Lo que reste se respetará, tasará o desconocerá, dependiendo de la reacción popular a estas empresas foráneas. Y por supuesto al resultado de las demandas de los verdaderos dueños de las propiedades confiscadas y usufructuadas por las compañías extranjeras. Como también las de los obreros que han sido miserablemente explotados por el desgobierno cubano, con el contubernio de las mismas. Igualmente determinante será el monto de sus futuros compromisos de entradas de capital.
Decisivo también sería el tipo de inversión directa en cuestión. El mayor oprobio se ha realizado por compañías hoteleras como Sol Meliá, que han observado impasibles cómo sus empleados cubanos reciben menos de cuatro centavos por cada dólar salarial. El caso de la antigua Tabacalera española, más fortalecida por su fusión con su equivalente francesa Altadis (por cierto, a raíz del informe francés mencionado) y en ciernes de ser adquirida por otros intereses, la situación es más positiva, porque generalmente no está directamente involucrada con tierras u obreros cubanos.