Por Porfirio Cristaldo Ayala
ABC Digital
(Puede verse también ¿Salario mínimo? Desatino máximo por Benjamin Powell)
¿Cómo se explica que pese a los enormes avances científicos en todos los campos del conocimiento humano, a menudo la política toma precedencia sobre la ciencia económica, inclusive cuando ello constituye un atropello a los derechos individuales? La ciencia económica se deja de lado en beneficio de la política en muchas leyes absurdas, como el salario mínimo que prohíbe a una persona decidir el salario que puede aceptar de un empleador. Esta es una acción claramente inmoral y devastadora. Decidir el monto de su salario es un derecho de cada individuo ¡y de nadie más! ¿Cómo una ley tan necia y perjudicial puede aplicarse en todo el mundo?
Los legisladores que consideran legítimo prohibir una paga menor a la fijada por el Gobierno desconocen la ciencia económica, la moral y la justicia. El derecho a trabajar es uno de los más sagrados del hombre, no puede tener restricciones irracionales. Algunas personas, si no trabajan, deben robar para sobrevivir. Si no tienen un empleo o quien les mantenga deben asaltar, mendigar o emigrar. Subordinar un derecho esencial al capricho y la ignorancia de una mayoría legislativa es una locura. Sin embargo, todos o casi todos los países lo hacen. No porque los políticos sean burros sino porque la gente no se percata de ello y, por el contrario, están convencidos de que esas leyes les favorecen.
Muchos creen que sin el salario mínimo la gente ganaría menos. No es así. Desde hace siglos los economistas saben que el salario es el precio que paga el empleador para “alquilar” el trabajo de una persona. El factor de producción trabajo se paga con salarios, así como el factor tierra se paga con la renta y el factor capital con los intereses. El trabajo tiene un precio de mercado que determinan las personas que buscan un empleo y las que buscan un empleado. A este precio fijado voluntaria y pacíficamente, no existen faltantes ni excedentes, es decir, no existe desempleo. Pero cuando se fija un salario mínimo por encima de su valor real, los menos entrenados no encuentran trabajo. Los empleadores incurren en pérdidas si pagan salarios que estén por encima de lo que produce el trabajador. El desempleo es tanto mayor cuanto mayor es la diferencia entre el “salario mínimo oficial” fijado por los políticos y el salario real que acuerdan las personas voluntariamente sin la intervención estatal.
Paradójicamente, en todas partes, las leyes de salarios mínimos que prohíben a las personas contratar trabajadores por menos del salario oficial, y a los trabajadores aceptar dichos empleos, afectan con mayor dureza a los más pobres: los jóvenes, mujeres y campesinos o trabajadores de mínima instrucción laboral. ¿No son estos los sectores que los políticos pretenden proteger con sus leyes laborales? Además, los que defienden con pasión el salario mínimo son los socialistas, precisamente, ¡los que aseguran defender a los más pobres!
En una sociedad sin esclavos solamente el trabajador decide qué salario aceptar. Solo él sabe si puede rechazar una oferta y buscar otros empleos o si debe aceptarla para evitar dificultades más graves para él y su familia. Algunos trabajadores aceptarán temporalmente salarios muy bajos hasta obtener entrenamiento o encontrar mejores oportunidades. Pero la condición del trabajador no va a mejorar un ápice con prohibir esos salarios y condenarlo al desempleo.
Lo más trágico es que el siniestro salario mínimo subsiste debido a que los políticos lo necesitan para mantenerse en el poder ganando el voto de sindicalistas y otros grupos de presión. Estos grupos, a pesar de representar una pequeña minoría, comúnmente consiguen avasallar las democracias para beneficio propio.
Las leyes absurdas e inmorales, como el salario mínimo, acabarán cuando prevalezcan los criterios de la economía sobre la política. Podrán pasar décadas y quizás siglos para ello. Pero las personas que aman la libertad deben incesantemente oponerse a la salvaje violación de los derechos individuales, explicar sus errores a la gente y denunciar la corrupción política de sus defensores.