Por Ramón Parellada
Siglo XXI
Existen muchas decisiones políticas basadas en buenas intenciones que tienen consecuencias económicas negativas. Es el caso de los subsidios para abaratar cierto servicio o producto a un grupo específico.
Subsidiar implica que el producto o servicio tiene un costo que otros pagan. Lo pagan los contribuyentes con los impuestos; con aquello que se deja de hacer al desviar el uso final de estos recursos, con un altísimo costo de oportunidad de los más pobres al ver reducidas sus alternativas de mejora de vida, con mayor consumo y despilfarro del producto subsidiado y más presiones políticas para que estas erróneas decisiones continúen.
En Guatemala tenemos varios casos que requieren nuestra atención. El subsidio a la Tarifa Social de la electricidad le cuesta al INDE algo más de Q700 millones al año, lo cual le impide seguir ampliando la red de transmisión actual y evita llevar electricidad a más usuarios que la requieren, y a nuevos usuarios que aún no gozan de la misma. Quienes no estamos subsidiados pagamos más. Con esto, los productos masivos que la industria fabrica y que consumimos todos, incluso los subsidiados, llevan entre sus costos el componente de la electricidad que ha sido elevada en forma artificial.
El subsidio es un engaño y la distorsión que causa tiene consecuencias negativas para el país y la población. Se ven venir cortes de energía en un futuro cercano, no porque no haya suficiente oferta de generación sino porque se ha estancado el crecimiento en transmisión. El subsidio al transporte colectivo urbano le cuesta a los contribuyentes alrededor de Q150 millones anuales y ya no alcanza. Los transportistas están pidiendo un aumento a 450 millones anuales por este concepto.Vemos cómo nuestros impuestos se van hacia un grupo pequeño en relación a toda la población del país, digamos un 10%, mientras carecemos de seguridad y justicia, entre otras cosas.
Si estos fondos quedaran en manos privadas permitirían más y mejores inversiones con resultados positivos en el crecimiento económico. Los más pobres del interior se verían beneficiados. Con el subsidio, sin quererlo, son los más perjudicados.
Los usuarios subsidiados no ven la urgente necesidad de ahorrar en transporte. A un precio mayor restringirían su consumo. La ley de la demanda nos recuerda que a mayor precio menor cantidad demandada. Muchos viven lejos de sus lugares de trabajo porque el precio del transporte está subsidiado.
Otra consecuencia es un mayor tráfico.
El Transmetro drena de recursos a la municipalidad en Q60 millones al año. La tarifa debería ser al menos el doble de la actual para que cubra sus gastos. Tiene vías exclusivas que hemos pagados los contribuyentes. ¿No podría dedicarse el monto del subsidio a financiar ampliaciones de vías o más pasos a desnivel?
Los subsidios son un espejismo. Al falsificar los precios y dejarlos por debajo del precio de mercado, el consumidor no tiene el incentivo para un mejor uso de lo que consumo o utiliza. Despilfarra. Lo pagamos todos, en especial los más pobres a quienes se le reducen las oportunidades para mejorar su nivel de vida.
El Gobierno debe eliminar los subsidios y evitar aumentar impuestos o seguir endeudándose.
