Es solo superada por Marruecos, Rumania y Ecuador (396.000 ciudadanos). En noveno lugar llega Perú (116.000).
En el 2007, casi 200.000 extranjeros obtuvieron permiso de trabajo en España. La contratación en origen en el 2006 fue de 180.000, según la secretaría de Estado de Inmigración.
España tiene acuerdos para la contratación en origen con Colombia, Ecuador, República Dominicana y con cinco países africanos y europeos (Marruecos, Rumanía, Polonia, Bulgaria y Mauritania), según la misma fuente.
Así mismo ha firmado acuerdos para poner en marcha proyectos piloto de contratación en origen con El Salvador, Honduras y Argentina, además de con Senegal y Filipinas.
En los últimos siete años, España ha pasado de tener 40 a 45 millones de habitantes gracias sobre todo a la inmigración, que hoy supone el 10% (4,5 millones de personas).
De éstos, casi 4 millones tienen permiso de trabajo o residencia, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del ministerio de Trabajo.
Actualmente en España se puede obtener un permiso de residencia o trabajo a través de la contratación en origen, arraigo social y reagrupación familiar.
Con la contratación en origen, el canal mayoritario, lo obtuvieron 200.000 personas en 2007.
El arraigo es un medio mucho menos utilizado y en 2006 el gobierno concedió 7.427 permisos por esta vía (por arraigo social, 6.619; por arraigo de hijos de padres de origen español, 585; y por arraigo laboral, 223).
Por último, por reagrupación familiar se concedieron en 2006 algo más de 97.000 permisos de residencia.
El arraigo social se concede a extranjeros que puedan acreditar su permanencia en España durante un período de al menos tres años a través del empadronamiento, los vínculos familiares con otros extranjeros residentes o si reciben ayudas locales.
Además deben acreditar un contrato de trabajo de al menos un año.
El arraigo laboral requiere demostrar la existencia de relaciones laborales con duración de al menos año, por lo que el trabajador debe denunciar a su empleador por trabajo ilegal, además de haber vivido en España al menos dos años.
Según el ministerio de Trabajo, dos millones de inmigrantes --el 10% del total de trabajadores-- aportaron en 2007 a la Seguridad Social española 9.000 millones de euros, con lo que se podrán pagar un millón del total de 8,3 millones de pensiones de jubilación, es decir, una quinta parte.
Y la Seguridad Social española está en medida de garantizar las pensiones hasta el año 2022.
Además de crear riqueza en España, los más de 4 millones de inmigrantes que viven en este país enviaron unos 8.300 millones de euros (12.284 millones de dólares) a sus países en 2007, frente a los 6.800 millones de 2006, según una primera estimación de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.
Pero también les afecta más el desempleo: mientras afectó al 8,6% de la población activa española en 2007 (8,3% en 2006), a la población inmigrante le golpeó en más del 12%.
El Estado gastará este este año 309 millones de euros en la integración de inmigrantes.
En cuanto a la inmigración ilegal, España ostentó el año pasado el récord de llegadas por barco desde Africa, aunque éstas se redujeron respecto a 2006.
Frente a las más de 31.000 en 2006, en 2007 llegaron 12.000 debido principalmente al refuerzo de la vigilancia en las costas africanas por parte del dispositivo Frontex de la Unión Europea (UE).