Por Manuel F. Ayau Cordón
Prensa Libre
El generalizado atraso económico y social de toda América Latina es objeto de constante comentario en reuniones, revistas, periódicos y abundantes estudios de diversas entidades técnicas especializadas. Los temas específicos objeto de los análisis son, principalmente, la pobreza, la generalizada violencia, la corrupción, el clientelismo y las diferencias de riqueza. Se sugieren ingeniosas soluciones para cada problema y, en consecuencia, se pasan más leyes, se establecen más controles y se aumentan las penas.
Se buscan chivos expiatorios con siniestras intenciones, como si los males fuesen deliberadamente causados, olvidando que a nadie, ni a los más pícaros, le interesa el atraso económico de su entorno. Lo sorprendente es que a pesar de todos los análisis la pobreza persiste, y que no hay evidencia de voluntad para reconsiderar las premisas. Es más, la sugerencia de reconsiderar premisas se toma como impertinencia o intromisión en el feudo de los analistas.
Es curioso que casi todas las soluciones sugeridas suponen dos condiciones: primero, que para que sean efectivas basta que quien las implementa sea persona capaz y honrada. Y, segundo, que basta con buenas intenciones y espíritu colaborador.
Pocas son las personas que reconocen que es el sistema lo que no funciona, debido a inherentes defectos del mismo y que el remedio no consiste en esperar que aparezca aquel hombre capaz y honrado que resolverá los problemas, sino el de establecer un genuino régimen de derecho a diferencia de uno de simple legislación, diferencia que es muy poco apreciada. Está muy difundido el error de considerar que existe un régimen de derecho en tanto se obedecen las leyes y disposiciones de autoridad, sin percatarse de que existen muchas leyes que violan principios de derecho. El punto es que no es lo mismo un régimen de derecho que uno de simple legalidad.
El principal derecho nato de cada persona es su libertad, porque ello significa ser propietario de su propia persona, es decir, poder disponer no solo de su persona y de sus cosas, sino además, el de contraer obligaciones, hacer compromisos de intercambios con otros, expresar sus opiniones, escoger dónde vivir, qué estudiar, con quién asociarse, todo ello con el único límite que impone el respeto a los iguales derechos de los demás. Se violan esos derechos cuando se recurre al engaño, el fraude, la violencia o amenaza de la misma.
Debido a que la misma legislación ha subordinado esos derechos a lo que en el momento se justifique como de interés social, no existe un régimen de derecho. Por ejemplo, está muy generalizado el dicho de que el interés general debe privar sobre el interés particular, y desde luego, así debe ser tratándose de intereses. Pero es muy distinto pretender que el interés general prime sobre el derecho individual, porque en tal caso no tendremos derechos sino solo licencia de disponer de nuestras personas, cosas y compromisos, cuando no lo consideren contrario al interés social.
Todo esto podrá parecer un mero ejercicio académico debido a que es ajeno a la cultura económica dominante, pero mientras no se visualice cómo se traduce a la práctica económica el respeto a los derechos individuales, los graves problemas de América Latina perdurarán.
La violencia disminuirá con un Poder Judicial con suficientes recursos para dar certeza de castigo al criminal. Y la pobreza disminuirá cuando se reconozca que el único sistema económico que funciona es el que se basa en que es de primordial interés social el no subordinar aquellos derechos individuales a lo que por el momento se crea es de conveniencia social. Tampoco será un mundo perfecto, pero sí uno más próspero y pacífico.
