Por Tomás Flores
El Mercurio
El actual ciclo económico presenta ciertas regularidades, como la secuencia de la turbulencia en el mercado financiero y de valores, debido a la alta incertidumbre sobre la magnitud de la riqueza destruida en los últimos ocho meses, así como su impacto en la evolución futura de la economía mundial. En la medida en que esa etapa comienza a quedar atrás, se empezarán a visualizar los efectos reales en el crecimiento de las economías y en sus respectivos mercados del trabajo.
Lo diferente de los ciclos anteriores es que, en lugar de bajar, los términos de intercambio de Chile han seguido subiendo, y ello ha apreciado nuestra moneda en una dimensión que no era imaginable hace unos meses. Adicionalmente, la apretada situación energética, que se repite en varios países de la región, dada la autarquía reinante, también ha creado una nueva restricción para el crecimiento nacional durante los próximos dos años. De esta manera, los economistas encuestados por el Banco Central, por consenso, estiman que durante el presente año no creceremos más de 4,2%, y que en el 2009 lo haríamos en 4,5%. Estas proyecciones se han corregido sistemáticamente a la baja, y ello volverá a ocurrir en los próximos meses. La inflación, en cambio, se sigue ajustando al alza, y al parecer será necesario más de 24 meses para volver a situarla en torno a 3%.
En este escenario, no es mucho lo que puede hacer el Banco Central para retardar el enfriamiento económico y la creciente pérdida de competitividad, y sólo debe abocarse al enfrentamiento con una inflación cada vez más rebelde. Así, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de plantear la agenda que permita dinamizar la actividad productiva, así como su competitividad. Ahora bien, hay en esto señales contradictorias. Por una parte, el ministro del Interior entrega una señal positiva en relación con la inversión en generación de energía, mientras que, por otro lado, el ministro del Trabajo hace lo inverso al proponer modificaciones a la regulación laboral, propias de hace décadas. Un ejemplo más de esta inconsistencia transversal lo entrega la propuesta tributaria de rebaja de impuestos, en la que se incluyen medidas que ayudan a enfrentar la apreciación del peso, como la derogación parcial del impuesto al crédito, y otras para hacerse cargo de la presión inflacionaria, mediante la reducción transitoria del impuesto a la gasolina, lo que reordenará el gasto familiar con el posible incremento de otros precios, debido al uso del ingreso disponible adicional que generará la rebaja tributaria.
Ahora bien, similar situación están enfrentando nuestros vecinos, existiendo el contraste entre las políticas públicas aplicadas en Argentina, que parecen no comprender lo que está pasando en el contexto internacional y continúan destruyendo sus mercados domésticos con regulaciones inadecuadas, y las aplicadas en Perú, en donde el Presidente Alan García explica su agenda con un discurso y lógica que parecen redactados por el más aplicado alumno de la escuela de economía de Chicago. Su defensa de la inversión extranjera, de la eficiencia pública y del libre comercio, reforzada con sendos proyectos de ley, establece un marco adecuado para que en Perú pueda estar construyéndose un nuevo Chile, mientras que Chile parece estar convirtiéndose en el antiguo Perú, abrumado por el bajo crecimiento, alta inflación, profunda corrupción y violencia.
De esta manera, y tal como en el pasado los presidentes de Chile lideraron la atracción de nuevos inversionistas al sector de los recursos naturales, energía, comunicaciones, infraestructura, entre otros, al mismo tiempo que realizaban reformas que hoy se estudian en los libros de texto sobre milagros económicos, en la actualidad se aprecia una falta de dicha visión y fortaleza para perseverar en la misma senda.
Tomás Flores es Director de Estudios de Libertad y Desarrollo
