Por Manuel F. Ayau Cordón
Prensa Libre
Según el Banco Mundial, Guatemala está en el club de naciones donde más estorbos y dificultades gubernamentales confronta quien se quiera dedicar a algún negocio. Guatemala tiene el puesto 114. Y eso a pesar de que el Gobierno anterior estableció una oficina para fomentar las inversiones.
No se trata de que no existan reglas, normas generales aplicables a todos por igual, pues sin duda es necesario normar actividades, desde, por ejemplo, un Código de Comercio o Civil, hasta cómo ordenar el tráfico. Pero el afán de ordenarlo todo, según cada quien crea conveniente, lleva a excesos que empobrecen. Es debido a que se interponen tantas reglas que estorban el quehacer pacífico de la gente, que florece el mercado informal que en Guatemala ocupa más de 70 por ciento de la población. Lo difícil es determinar un criterio general para saber cuándo reglamentar que es necesario y constructivo, y cuándo es innecesario y destructivo.
Los reglamentos que no son hechos con el criterio de proteger derechos iguales de todos, sino con fines económicos y de regular actividades pacíficas de las personas por razones de conveniencia, son los que empobrecen a la sociedad. Como no existe actividad neutra que no afecte a otros de alguna manera, siempre se podrá listar las ventajas de regular cualquier cosa porque todo tiene ventajas y desventajas, costos y beneficios, unos más fáciles y otros más difíciles de percibir, unos directos y otros indirectos, unos a corto plazo y otros a largo plazo, unos que se pueden anticipar y otros que serán sorpresa, inclusive otras consecuencias que jamás se averiguarán. Por eso, la pretensión de conocimiento, como nos advertía F. A. Hayek, es causa de muchos males. Imagínese que si tenemos dudas sobre cómo proceder en asuntos propios que conocemos más, resulta pretensioso creer que podemos conocer actividades ajenas y que nuestros juicios serán acertados para regularlos.
Reglamentar para proteger derechos es muy distinto porque todos entendemos que tenemos derecho a actuar y usar nuestras posesiones como queramos, siempre que no violemos derechos ajenos. Todos sabemos que ese es el límite de nuestra libertad si queremos vivir en sociedad. Todos sabemos que no tenemos derecho a impedir que otros compitan con lo que hacemos aunque en alguna forma nos afectara, pero los derechos tienen que ser iguales o no funciona la democracia. Ser competente en reglamentar para proteger derechos es de esperarse.
En cambio, en el afán de que todo resulte perfecto, o cuando para proteger intereses se emiten más leyes y reglamentos sobre actividades económicas pacíficas, como no se reconoce que es imposible ser competente en asuntos tan complicados como son los fenómenos de mercado, resultan asfixiando la actividad productiva e iniciativa de todo el país.
La ley, por naturaleza, solamente puede restringir y limitar la acción individual. No puede inducir a nadie a emprender actividad económica alguna salvo que lo subsidie con dineros estatales, o que obligue a los consumidores a dar el subsidio directamente al interesado mediante algún privilegio que se presenta como la solución a algún problema.
El paternalismo que induce a reglamentar para conciliar o satisfacer intereses de personas o grupos, en vez de para proteger derechos de las personas, es injusto y contrario a un régimen de derecho, y sus consecuencias no previstas impiden el progreso pacífico de los pueblos.
