Por Gabriela Calderón
El Universo
La semana pasada hablé sobre el cambio positivo que está experimentando el Perú porque han dejado atrás taras ideológicas y complejos nacionales. En el caso de la minería, los comunicados de ese país celebran la creciente inversión en el sector y le atribuyen a un marco jurídico estable, eso y la producción nacional récord que se obtuvo en el 2007 de cobre, zinc, plata y plomo. En Ecuador insistimos en retroceder.
El reciente mandato minero —expedido como todos los otros mandatos, ilegítimamente— es un nuevo paso atrás. No solo desde el punto de vista ambiental sino también con respecto a mejorar la calidad de vida de los trabajadores mineros y aumentar las oportunidades de desarrollo de ellos y del país. Es la política del perro del hortelano para la minería: no quieren que venga el capital de afuera, pero tampoco pueden garantizar que habrá suficiente capital interno o conocimiento tecnológico para lograr un desarrollo siquiera comparable.
Seguimos en la discusión —caducada el siglo pasado— sobre si la explotación minera está inherentemente peleada con el medio ambiente. Desde la ONU hasta un sinnúmero de estudios, reconocen que es la minería pequeña y no mecanizada la que más daño le causa al medio ambiente. Son esos pequeños mineros los que causan la contaminación con mercurio y los que no tienen el conocimiento tecnológico o los recursos para adoptar las tecnologías más “limpias” que se han desarrollado.
Pero el retroceso ambiental no es lo más dañino. Lo más dañino de esta involución en el sector minero del país es la reducción de oportunidades —a cero en muchos casos— para los que hasta la semana pasada vivían de las más de 4.000 concesiones mineras (80% del total de las concesiones) que han sido extinguidas sin compensación alguna.
La falta de compensación nos lleva a la segunda consecuencia que pagará el país: ¿Quién va a invertir en un país donde luego de que invierte en exploraciones, el Gobierno muy probablemente le confiscará el fruto de su inversión sin compensación alguna?
Otra rareza que no se entiende del mandato minero, además de que dice en su artículo 12 que “no será susceptible a quejas”, es la creación de una empresa estatal minera. Es mucho más efectivo utilizar las herramientas fiscales para obtener parte de la renta de los recursos naturales explotados, pero en Ecuador insistimos en esa fe ciega en la capacidad del Estado. Seguramente esa fe ciega se debe al “excelente” desempeño de empresas tan productivas, eficientes e innovadoras como Petroecuador…
En 1970 la producción de cobre de Chile y Zambia era casi igual —710.681 toneladas métricas (t) y 684.064 t, respectivamente. Para 2005, Chile producía 5.321.000 t (un aumento de 648%) y Zambia 447.000 t (una reducción de 34,6%). El distinto desempeño de la minería de estos dos países —Zambia incluso teniendo condiciones naturales más competitivas que las de Chile— indican que en el desarrollo importan mucho más las instituciones sólidas y un marco jurídico estable que las condiciones naturales de las cuales se parte.
En Chile se dejó atrás la mentalidad del perro del hortelano y casi todo el sector minero se abrió a la inversión extranjera del mundo y se fortalecieron los derechos de propiedad por sobre el recurso hallado y explotado. Hoy provee más del 35% del cobre en el mundo, siendo el principal proveedor. ¿Hacia adónde va Ecuador? ¿Chile o Zambia?
