Por Alvaro Vargas Llosa
El Instituto Independiente
Washington, DC—En la década de 1830, Richard Cobden y John Bright impulsaron en el Reino Unido una campaña en contra de las leyes proteccionistas que mantenían los precios de los alimentos por las nubes. Tras soportar calumnias durante varios años, en 1846 convencieron al gobierno para que derogara las infames Leyes del Maíz, una medida que gatilló un largo periodo de prosperidad. He pensado intensamente en estos héroes del siglo 19, últimamente. El mundo necesita una nueva Liga Contra la Ley del Maíz, el movimiento que ellos fundaron, si quiere poner freno a la demencial disparada de los precios de los alimentos y salvar a millones de personas, desde Haití hasta Bangladesh y desde Camerún hasta las Filipinas.
El precio de la comida venía subiendo a paso firme en los últimos tres años, pero las cosas hicieron crisis este año. El precio del arroz aumentó 141 por ciento desde enero y el precio del trigo casi se duplicó en un año. En un mundo en el que los pobres gastan tres cuartas partes de su presupuesto en alimentos, eso equivale, en potencia, a un drama de vida o muerte para los mil millones de seres humanos que viven con $1 dólar al día.
Cuando el precio de algo se dispara, puede inferirse que la oferta no marcha a la par de la demanda. En las últimas semanas, muchos se han concentrado en las causas del aumento de la demanda de alimentos. Todas ellas —desde la creciente prosperidad de la China y la India hasta la explosión de los biocombustibles producidos en base a granos en las naciones ricas— suenan plausibles. Menos atención se le ha prestado a por qué, en la era de la globalización —en la que el comercio traslada velozmente las cosas de un lugar a otro— y de la biotecnología —que crea nuevas semillas y potencia el rendimiento de las que ya existen— la oferta de alimentos no está satisfaciendo la demanda.
Muchos gobiernos, organismos multilaterales, ONGs y “expertos” han evitado responder a esta pregunta básica. Por ello, están postulando soluciones que agravarán el problema o, en el mejor de los casos, constituyen un paliativo de corto plazo. La verdadera solución consiste en remover las causas de la escasez. Esas causas tienen poco que ver con la economía o la demografía y todo que ver con la política: tanto la de los Estados como la de aquellos que utilizan a los Estados para atender sus intereses.
Pocas áreas de la economía están más atiborradas de leyes proteccionistas que la agricultura, lo mismo en los países ricos que en los pobres. Una panoplia de cuotas, subsidios, aranceles y prohibiciones diseñadas para obtener votos y sobornos ha desalentado el ansiado incremento en la producción de alimentos. En una situación de libre mercado, la más mínima señal de que los precios estaban subiendo hubiese bastado para garantizar que una gran masa de capital fuese invertido en la agricultura alimenticia. En el caos actual, no sorprende que los inversores no estén apostando a la producción de alimentos: a los agricultores europeos se les paga para que mantengan sus tierras sin cultivar gracias a un esquema denominado la Política Agraria Común; a los agricultores argentinos se les está exigiendo que entreguen el 75 por ciento de sus ganancias mediante diversos impuestos; los agricultores estadounidenses están más interesados en alimentar a las camionetas que a la gente debido a que el Congreso estadounidense ha ordenado quintuplicar el uso de biocombustibles; por último, los agricultores africanos no están experimentando con cultivos genéticamente modificados porque están prohibidos en muchos de los países a los que podrían exportarse.
En un reciente artículo, el economista británico y entendido en asuntos africanos Paul Collier escribió que “el camino más realista es el de replicar el modelo brasileño de agroempresas grandes y tecnológicamente sofisticadas que abastezcan al mercado mundial…para contener el aumento en los precios de los alimentos necesitamos más globalización, no menos.”
Yo agregaría que los pequeños agricultores de los países atrasados se agruparían y crearían economías de escala si no fuesen agredidos por leyes locales diseñadas para proteger a los consumidores y por leyes internacionales diseñadas para proteger a los productores…o si a los campesinos chinos, por ejemplo, se les permitiese ser plenos dueños de su tierra.
Según la revista The Economist, de los 58 países cuya reacción a la crisis ha sido investigada por el Banco Mundial, 48 han impuesto controles de precios, subsidios al consumo y restricciones a las exportaciones. Un problema que fue originado por el proteccionismo ha suscitado, pues, una respuesta perfectamente proteccionista. Un siglo y medio después de que Cobden y Bright derrotasen al proteccionismo en Gran Bretaña, sus ideas son más poderosas y actuales que nunca.
Alvaro Vargas Llosa es director del Centro Para la Prosperidad Global en el Independent Institute y autor de "Rumbo a la Libertad"
(c) 2008, The Washington Post Writers Group
