Por Víctor Manuel Ramos
El Sentinel
Donna Ibarra quería que su esposo estuviera a su lado cuando ella diera a luz. Pero lo que tuvo a cambio fue la fría mirada del lente de una cámara.
Su esposo, Carlos Ibarra, tuvo que ver el nacimiento de su primogénito el año pasado desde su casa en Colombia, porque había sido deportado.
Un pensamiento agridulce estropeó el momento en que Donna abrazó a su bebé por vez primera: Yo puedo abrazar a Christian, pero Carlos no puede.
No importó que ella fuera estadounidense y que estuviera pidiendo en Orlando que le dieran visa a su esposo. Él había venido al país con una visa temporal en el 2001, pero un juez de inmigración le había negado el asilo antes de que la pareja se casara.
Los Ibarra se encuentran entre un creciente número de familias divididas por las leyes de inmigración a medida que caen en una red de deportaciones, arrestos y separaciones forzosas.
El gobierno deportó alrededor de 285,000 indocumentados el año pasado — un aumento de 150 por ciento desde el 2001, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Más de 6,000 fueron deportados de Florida en lo que va de este año fiscal, una cifra que ya supera el total para el 2006.
El aumento refleja un cambio en las estrategias oficiales en cuanto a inmigración.
En años anteriores, las deportaciones se enfocaban en gran medida en los inmigrantes que tenían antecedentes criminales. Ahora la mayoría de los casos involucra violaciones civiles, como entrar y quedarse ilegalmente en el país.
Los activistas pro-inmigrantes dicen que algunos pierden el estatus legal cuando fallan a citas en corte o presentan los documentos incorrectos en sus solicitudes de inmigración.
Para los Ibarra, la hora de la verdad se dio una temprana mañana en que agentes armados rodearon su modesta casa en el oeste de Orlando. Esposaron a Carlos y se lo llevaron.
"Él se arrodilló frente a mí y ambos estallamos en lágrimas cuando se lo llevaron", dijo Donna, de 42 años, una maestra de escuela primaria. "Le pusieron las manos en la espalda y ya no pude mirar más".
Subhash Kateel, coordinador con la Florida Immigrant Coalition en Miami, dijo que "estos escenarios se pueden evitar por completo" si la agencia usara discreción — ya sea dejando a algunos en libertad condicional, advirtiendo a otros de sus casos pendientes e, incluso, haciendo que algunos porten brazaletes con rastreadores electrónicos.
"Todas estas opciones son más económicas que poner a alguien en detención o enviarlo fuera del país — y serían métodos menos brutales", dijo Kateel.
Bárbara González, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, confirmó que la agencia ha dedicado más recursos, compartido inteligencia y establecido acuerdos con agencias policiales para atrapar a los inmigrantes fugitivos y llevar a cabo redadas. Ella dice que los agentes simplemente están haciendo su trabajo.
"Nuestros oficiales expulsan del país a individuos a los que jueces imparciales de inmigración les ordenaron la deportación", dijo González. "Es desafortunado que los padres pongan a sus familias y niños en estas situaciones difíciles al violar la ley".
Los activistas a favor de que se cumplan las leyes migratorias dicen que aún así la agencia no hace lo suficiente si se considera que el número de inmigrantes ilegales asciende a más de 12 millones, según el Pew Hispanic Center. Se estima que en Florida hay alrededor de 850,000 indocumentados.
"Nos gustaría ver mayor énfasis en la expulsión de los que tienen órdenes de deportación", dijo David Caulkett, vicepresidente de Floridians for Immigration Enforcement, un grupo de Pompano Beach que favorece la mano dura contra la inmigración ilegal. Él cree que muchos inmigrantes cometen fraude matrimonial para quedarse en Estados Unidos.
"Yo le llamo a este fenómeno 'la angustia por la tarjeta verde'", añadió Caulkett. "Mucha gente dice 'Estoy esperando mis papeles', pero a menos que el proceso esté completado siguen siendo ilegales".
El abogado de inmigración Héctor Chichoni, de Miami, dice que la política actual de inmigración no resuelve nada a largo plazo, sino que crea mayores problemas.
"El sistema no provee leyes ni regulaciones para asistir efectivamente a las personas que se encuentran en esta situación" dijo Chichoni. "Hay imposición de la ley, pero no hay reforma migratoria".
Janell Vásquez, una técnica médica de 38 años que vive en Longwood, dice que está luchando para mantener a su familia – separada también por las leyes de inmigración.
La nativa de Alabama se casó con Sebastián Vásquez, de 26 años, en el 2004, después de que un amigo los presentó. Tienen un niño de un año y dos niñas de relaciones anteriores.
Ella había pedido su residencia, pero Sebastián había entrado ilegalmente a EE.UU. Cuando lo llamaron a una entrevista a la embajada estadounidense en México ellos creían que era para bien.
Pero a Sebastián le dijeron que no podía regresar a EE.UU. y que le quedaba prohibido volver a solicitar visa por 10 años.
"Estábamos felices. Pensábamos que nuestros problemas quedaban en el pasado", dijo ella. "Pensábamos: 'Él recibirá sus papeles y seguiremos adelante con nuestras vidas y disfrutaremos más o menos del sueño americano, de la familia, del trabajo'", dijo Vásquez. "Pero él me llamó llorando desde México".
Vásquez, a quien diagnosticaron con cáncer estomacal recientemente, dice que se verá forzada a pedir ayuda del gobierno para mantener a sus hijos.
Pero más que nada le molesta que el gobierno pueda separarla del hombre que ama.
