Editorial -
El País, Madrid
La inflación se ha convertido en una amenaza grave para la economía española -como para el resto de las economías mundiales-, sobre todo porque las subidas de precios coexisten con una desaceleración económica muy intensa, aparentemente incompatible con la fiebre inflacionista, y un déficit exterior muy alto.
En junio, según el índice de precios de consumo armonizado (IPCA), la tasa anual de inflación ha subido al 5,1%, el peor dato en los últimos 13 años y una demostración de que la imparable escalada del precio del crudo está causando graves daños en la competitividad de la economía española. El IPC de junio y una tasa de crecimiento previsto para 2008 que no llega al 2%, según la reciente rectificación del vicepresidente Pedro Solbes, indican que la economía española se encuentra muy próxima a este veneno de graves desequilibrios que se conoce como estanflación.
El estancamiento económico con inflación elevada resulta una pesadilla política porque requiere tratamientos difícilmente compatibles. El Banco Central Europeo (BCE), fiel a sus estatutos, se dispone a combatir el repunte de los precios, causado según el consenso de los economistas por el desmedido encarecimiento del petróleo, con una subida de los tipos de interés que acabará por derruir el mercado inmobiliario español y retrasará la recuperación económica. Sin embargo, hay que resistir la tentación de culpar de los males internos a la institución que dirige Jean-Claude Trichet. Porque la política económica española se ha olvidado sistemáticamente de que este país tiene un problema de precios, que ese problema está localizado en el sector servicios y que, por muchas alarmas de inflación que han saltado en los últimos 20 años, las administraciones públicas se han limitado a seguir los precios de lejos, con el fatalismo de quien considera imposible actuar en las redes de distribución que causan precios abusivos.
Ante una crisis de bajo crecimiento y elevada inflación, los remedios no pueden ser los tradicionales. La moderación salarial, esgrimida por los economistas ortodoxos como el ungüento universal para evitar la epidemia inflacionista, es aceptable si, al mismo tiempo, se procede a una reforma de los mercados de distribución para evitar las escandalosas subidas de los alimentos o de otros servicios resguardados de la competencia.
Resulta chocante que en pleno shock petrolero la Administración española ni siquiera se haya propuesto un plan para mejorar la eficiencia energética que, para empezar, reconozca precios en consonancia con los aumentos de costes. El Gobierno, en particular la vicepresidencia económica y el Ministerio de Industria, parecen hipnotizados por la gravedad de la coyuntura. Se han atascado en recetas de paños calientes y no parecen dispuestos a enfrentarse a reformas económicas de fondo que redistribuyan el coste de la crisis.
