Por Alfonso Cuéllar
Infolatam
Bogotá - El presidente Álvaro Uribe siempre ha sido un peleador; casi se fue a golpes con un senador conservador en 1994 cuando pensaba que éste querría robarle su elección como gobernador. Esa imagen de luchador lo ha favorecido en sus seis años como primer mandatario de los colombianos; es uno los pilares de su inmensa popularidad. Por eso Uribe nunca se ha visto reticente a la confrontación. Confía en que siempre saldrá avante ante la opinión pública. No le importa el contrincante: en 2004 fueron las ONGs, en 2006 los medios de comunicación, en 2007 los partidos de izquierda y este año en particular, la Corte Suprema de Justicia.
Aunque históricamente en Colombia los magistrados del máximo tribunal penal eran muy poco propensos a enfrascarse en discusiones públicas con los gobiernos, eso cambió en noviembre de 2006. Ese mes tanto el presidente de la Corte como el presidente colombiano decidieron ventilar sus diferencias por la prensa. Desde entonces, han llovido comunicados, ataques verbales personales y hasta demandas penales. Uribe demandó a un ex presidente del tribunal por calumnia. Por su parte, la Corte le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar al jefe de Estado por presuntamente haber ‘comprado' el voto de una congresista para garantizar su reelección.
Esta semana se presentó un nuevo episodio, tras la revelación de que emisarios de un ex jefe paramilitar se reunieron con funcionarios del gobierno en la sede de la Presidencia para entregarles pruebas de un supuesto complot de la Corte contra Uribe. El lunes el presidente de la Corte reaccionó duramente y pidió que una investigación de los hechos, lo que provocó una airada reacción del primer mandatario.
Como cualquier pelea matrimonial, ambas partes se sienten agredidas. El presidente Uribe y sus más cercanos asesores están convencidos de que hay magistrados en la Corte empeñados en ocasionarles problemas penales al gobierno y sus aliados en el Congreso. La mayoría de los congresistas actualmente investigados por presuntos vínculos con paramilitares proviene de la coalición gubernamental. Para algunos funcionarios del gobierno, muchos de esos procesos están basados en motivaciones políticas y no judiciales.
Por su parte la Corte ha dicho que son exageradas y sin fundamento las críticas del Ejecutivo. En cambio, considera que las declaraciones del Presidente son presiones indebidas sobre la justicia.
Obviamente, esta andanada de ataques verbales ha generado inquietud entre los diferentes sectores políticos colombianos. Hay una creciente preocupación sobre el impacto a largo plazo que pueda tener esta disputa sobre las instituciones. La pelotera se presentó, además, en momentos que en el gobierno ha propuesto al Congreso una reforma a la justicia.
Ni el Presidente ni la Corte están dispuestos a conciliar. Por un lado, Uribe porque se siente respaldado por el 80 por ciento que registra en las encuestas. Y la Corte, porque los magistrados están convencidos de que están obrando con transparencia y en derecho. Es una cuestión de principios y por eso, es difícil prever una distención en el corto plazo.
Sin embargo, a pesar de su actitud camaronera, Uribe es también un político pragmático. Para la muestra un botón: el mismo senador a quien casi golpeó hace 14 años, es hoy su ministro de Interior y Justicia. Habrá que ver si este último incidente es apenas una nueva tormenta en vaso de agua.
