Por Sudeep Reddy y John D. McKinnon
The Wall Street Journal
El gobierno estadounidense ya controla tres grandes compañías y enfrenta el difícil reto de gestionar las atribuladas firmas mientras trata de proteger al contribuyente estadounidense de posibles pérdidas.
Los funcionarios del gobierno tratan de determinar las implicaciones de su préstamo de US$85.000 millones a American International Group Inc. (AIG), una medida adoptada apenas 10 días después de la estatización de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.
Las consecuencias financieras de las decisiones del gobierno están supeditadas al desempeño de las compañías. Se espera que Fannie y Freddie sean reestructuradas y estén sujetas a nuevas regulaciones y un nuevo ente supervisor. Se espera a su vez que AIG se desprenda de varias divisiones y su destino final sigue siendo incierto.
Cuando la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca divulgue su propuesta, a inicios del año entrante, el impacto de corto plazo de los rescates de Bear Stearns Cos., Fannie, Freddie y AIG podría fluctuar entre cero y miles de millones de dólares, dicen fuentes del gobierno. En el contexto de un déficit fiscal que en 2009 ascendería a los US$500.000 millones, incluso pérdidas cuantiosas podrían parecer insignificantes. A largo plazo, el gobierno podría ganar dinero sobre estas inversiones, en particular en el caso de AIG.
Las acciones gubernamentales son las últimas en una larga lista de intervenciones para tratar de resolver crisis financieras y económicas. La más importante fue el rescate de la industria de ahorros y préstamos, que acabó costándole al gobierno casi US$500.000 millones. Otros rescates acabaron generando ganancias, incluyendo una garantía de préstamos de US$250 millones a Lockheed Aircraft Corp. en 1971; US$1.200 millones en garantías de préstamos a Chrysler Corp. en 1979, y más de US$6.000 millones en liquidez y préstamos a aerolíneas en 2001.
"En las intervenciones en compañías en la era moderna, el gobierno federal en general no ha perdido dinero", dijo Roger Altman, un alto funcionario del Tesoro durante los gobiernos de Bill Clinton y Jimmy Carter, y el arquitecto del préstamo a Chrysler en 1979. "Estuvieron bien estructuradas y el interés del gobierno estuvo bien resguardado".
Altman agregó que la estructura del acuerdo de AIG podría proteger al gobierno federal de la misma manera. Mientras Estados Unidos esté "en un contexto peligroso para el mercado financiero", dijo, "es completamente posible que después de este período interino el gobierno acabe recuperando su inversión".
De todos modos, persisten ciertos interrogantes. El Secretario del Tesoro, Henry Paulson, colocó a un nuevo presidente ejecutivo en AIG como parte del plan de rescate. El grado de involucramiento de Paulson — y de su sucesor a partir de enero — no está claro. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y otros altos funcionarios, probablemente se verán obligados a dedicar un tiempo considerable a la supervisión del préstamo a AIG mientras gestionan la política monetaria.
La Fed y el Tesoro diseñaron el plan de rescate para AIG, que contempla la inyección de US$85.000 millones en el gigante asegurador, en apenas dos días para contener las consecuencias potencialmente desastrosas en los mercados financieros. A cambio, la Fed se quedó con una participación de casi 80%, y le está cobrando a la empresa un interés alto — 8,5 puntos porcentuales por encima de la tasa Libor, una tasa de préstamo interbancaria. El préstamo está diseñado para que AIG se financie mientras vende sus negocios.
El plazo del préstamo — dos años — indica que el gobierno ha diseñado el paquete para forzar a la aseguradora a liquidar sus activos lo antes posible, dice Tom Gallagher, analista de ISI Group en Washington.
El rol del gobierno en los gigantes hipotecarios con toda probabilidad será más político.
Los legisladores ya están discutiendo cómo proteger a ciertos propietarios modificando las hipotecas y minimizando las ejecuciones hipotecarias.
Fannie Mae y Freddie Mac son pilares del mercado inmobiliario al garantizar más de US$5 billones (millones de millones) en créditos hipotecarios. Sin embargo, el costo real del rescate gubernamental podría ser relativamente bajo el año entrante si el mercado de los bienes raíces no sufre un deterioro significativo.
Incertidumbre
El panorama a largo plazo es más complicado. Los legisladores están evaluando los pronósticos más catastróficos de los analistas, que calculan que la exposición del gobierno podría alcanzar los US$300.000 millones si el mercado inmobiliario no se recupera. Tal monto debilitaría las finanzas del fisco en momentos en que la generación de la postguerra comienza a jubilarse.
Tomando en cuenta toda la incertidumbre en torno a los rescates, "es como lanzar una moneda al aire", señala Robert Reischauer, ex director de la Oficina Presupuestaria del Congreso durante la crisis de las instituciones de ahorro y préstamo en los años 90.
En esta ocasión, las dudas abarcan el panorama económico y la potencial reacción del gobierno federal, los inversionistas internacionales y otros participantes.
"Evidentemente existe mucha más incertidumbre sobre quién va a venir a salvaguardar el sistema", dice Reischauer, que actualmente preside el Urban Institute, un centro de estudios de Washington. "Con las instituciones de ahorro y préstamos no había duda — el problema era cuándo íbamos a aceptar la realidad y frenar la hemorragia... Esta crisis podría ser peor debido a las ramificaciones internacionales", especialmente si los inversionistas internacionales deciden retirar su dinero de EE.UU.
