Por Julio Alberto Fleitas
ABC Digital
Algo que ha caracterizado desde siempre a los países de América Latina (incluido el Paraguay) es la falta de seriedad y rigurosidad de los detentadores del poder; lo que ha derivado en una permanente falta de estabilidad política y seguridad jurídica, con casi la única excepción: Chile. La última novedad, que ya no debería sorprender, es la grave determinación adoptada hace la semana pasada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enviando al Congreso un proyecto de ley por la que busca acabar de un plumazo con el régimen de jubilación privada de capitalización individual, y volver al anterior sistema estatal de reparto, que para muchos argentinos inspira solo malos y hasta patéticos recuerdos.
El principal argumento es “salvaguardar” los fondos de los aportantes ante la actual crisis financiera internacional, cuyos efectos se están viendo en todo el mundo. Sin embargo, no pocos críticos y expertos, tanto argentinos como extranjeros, han coincidido en que la medida es una burda confiscación de los recursos de los trabajadores privados, con el único propósito de “fondear” las arcas del Estado argentino y evitar que lleguen maltrechas en el 2009. La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) ha advertido que el proyecto es contrario a los intereses de los trabajadores; pone en riesgo el financiamiento de las pensiones futuras; afecta negativamente el crecimiento económico del país, y vulnera los derechos de los afiliados. Solo el anuncio ha propinado duros golpes al sistema económico argentino.
Algo que llama la atención en esta nueva ofensiva estatista de la pareja gobernante es el hecho de que en el 2007 todos los trabajadores argentinos afiliados a las AFJP tuvieron la opción de escoger (impulsada por el Gobierno) entre permanecer en ellas o volver al régimen estatal de reparto. La tajante respuesta fue que 9,5 millones (8 de cada 10) prefirieron permanecer en las privadas, por lo que nadie comprende que con este proyecto de ley ahora se pretenda vulnerar esa voluntad. El sector reconoce que el valor de los ahorros se ha visto afectado por la crisis financiera internacional. Sin embargo, sostienen que las pensiones de los trabajadores dependen de la rentabilidad acumulada durante toda la vida de trabajo, y no por los resultados de algún período, que en este caso pueden ser pasajeros.
FIAP sostiene que el sistema de capitalización argentino ha tenido un desempeño exitoso y ha superado difíciles circunstancias. A agosto del presente año, cuando ya se había hecho sentir parte de los efectos de la actual crisis financiera, la rentabilidad real acumulada desde comienzos de su operación alcanzó a 8% como promedio anual, valor muy superior a las expectativas iniciales. El único objetivo que tienen los fondos de pensiones es financiar las jubilaciones de los trabajadores, para lo cual sus administradores están obligados a invertirlos sobre la base de criterios de seguridad y rentabilidad. Sin embargo, justamente sucesivas decisiones del gobierno argentino obligaron a traspasar esos ahorros a títulos estatales hasta llegar a representar 55% de las carteras, los cuales, con el correr del tiempo, no han rentado adecuadamente, por lo que resulta inaceptable que la baja rentabilidad de los fondos ahora sea el fundamento del proyecto de ley.
No es de esperar que esta arbitraria determinación que ha tomado la de Kirchner, que revela que a esta pareja no le interesa la imagen ni el riesgo-país, que se ha profundizado con esta decisión, traerá muy graves consecuencias al país y, sobre todo, a los trabajadores que hoy están aportando parte de sus ingresos pensando en un retiro digno. En nuestro país, desde 1989, ha habido movimientos hacia una reforma previsional, pero desafortunadamente nunca comenzó “gracias” a la clase de políticos y sindicalistas que tenemos. De todas maneras, el país no tiene necesidad alguna de mirar el pésimo ejemplo argentino más que para ver cómo se produce su estrepitosa caída. Yo creo que deberíamos mirar y tratar de emular el buen ejemplo chileno, que puede darnos cátedra sobre cómo generar seguridad jurídica en materia previsional, y de las inversiones en general.
