La censura, la amenaza, las intimidaciones y los atropellos directos son los instrumentos de que se vale el régimen chavista para acallar críticas, amordazar opositores y amedrentar a los ciudadanos. El último de estos hechos se produjo al expulsar del país a dos representantes de Human Rights Watch, después de que el organismo diera a conocer un informe detallando las violaciones a los derechos humanos perpetrados por Chávez desde su elección hace diez años.
El informe no hace sino recopilar lo que es del conocimiento general: desde su llegada al poder en elecciones democráticas, Chávez ha venido desmantelando de manera sistemática el orden jurídico, cambiando las leyes a su antojo, eliminando los pesos y contrapesos propios de un Estado de Derecho y persiguiendo a sus opositores. La Asamblea Nacional se ha transformado en una instancia de aprobación instantánea y sin debate alguno, lo que decide el dictador, quien además tiene la potestad de disponer de los ingresos públicos como a él se le antoja. En la actualidad, Chávez ha emprendido una ofensiva contra varias naciones hispanoamericanas, entre ellas El Salvador, financiando a partidos y movimientos políticos extremistas.
La estrategia de Chávez es comprar países, comprando a vendepatrias, para extender su dominio a más y más regiones en Hispanoamérica. Se compra en beneficio de Chávez y se compra para favorecer los asquerosos intereses de los productores de droga como las FARC. No es casual que el intendente de Caracas haya erigido un monumento en memoria de Tirofijo, el terrorista colombiano vinculado al narcotráfico en el Continente.
La expulsión de los dos representantes de Human Rights Watch es un asunto que incumbe a la opinión pública no sólo de Venezuela, sino también del mundo libre. Se puede estar o no de acuerdo con las posturas de la organización, pero no se discute su derecho a investigar y denunciar. Y ese derecho es precisamente lo que Chávez quiere aplastar con todos los medios a su alcance.
De la democracia a las farsas electorales
Como en una ocasión dijera Voltaire, "no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defiendo hasta la muerte tu derecho a decirlo". En el caso del informe presentado por Human Rights sobre el camino de Venezuela hacia el totalitarismo, es imposible estar en desacuerdo con él; la tragedia que viven los venezolanos nos concierne a todos los hombres libres de la Tierra.
Es natural que el hecho motivara al arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz, a censurar el atropello perpetrado por el régimen venezolano contra los dos representantes de la HRW y a la propia institución. Nadie debe ser indiferente a los vejámenes que se cometen contra los ciudadanos de otro país y, menos, un pastor religioso. No quieras para otros lo que no quieres para ti, nos manda el imperativo categórico.
Por lo mismo, las críticas hechas por el representante de la dictadura venezolana a monseñor Sáenz constituyen un abuso de las funciones de un diplomático, las que rechazan los miembros de la Conferencia Episcopal de El Salvador.
Lo que rige en Venezuela es una dictadura que se apoya en farsas electorales. Después de la derrota de Chávez en el último referéndum, el dictador está imponiendo las leyes que fueron repelidas por el electorado; las contiendas sólo valen en el papel y sirven primordialmente para que los enemigos de la democracia defiendan al grotesco régimen.
