Por Julio Burdman
Infolatam
Buenos Aires - Los hechos: en la madrugada del 4 de agosto de 2007, aterrizó en el aeropuerto internacional de Buenos Aires un avión privado procedente de Caracas, que trasladaba a funcionarios de las empresas PDVSA (la petrolera estatal venezolana), ENARSA (la incipiente petrolera estatal argentina, responsable del alquiler del avión) y del gobierno de Néstor Kirchner. En el control de aduanas, descubren que una valija, cuyo supuesto propietario era el venezolano-norteamericano Guido Antonini Wilson, contenía 800 mil dólares cuya posesión no se pudo explicar.
El dinero quedó secuestrado, el valijero salió del país para nunca volver, y a pedido de la justicia argentina, intervino el FBI. Pero en lugar de enviarlo a Buenos Aires, inició una investigación en la Florida, ya que el acusado, un ciudadano de ese país y aparentemente testigo protegido por el FBI en relación a otra causa, denunció presiones de parte de agentes del gobierno de Chávez que pretendían “silenciar” su declaración. En diciembre del año pasado, el diario Miami Herald publicaba declaraciones del fiscal del caso, Tom Mulvihill, en las que ya afirmaba que, según los testimonios de Antonini Wilson y los otros procesados, el destino de los dólares era la campaña y que lo confiscado era solo una parte de lo que se había enviado en ese avión desde Venezuela a la Argentina. A medida que el tiempo pasa, nuevos elementos se agregan a un caso que huele cada día peor.
¿Qué repercusiones puede tener esto para los gobiernos de Argentina y Venezuela? Hay que separar las percepciones sociales de las efectividades judiciales. En el campo de las percepciones, Kirchner y Chávez están perdiendo una batalla. Lo que está en juego, fundamentalmente, es la reputación de sus gobiernos, ya que mientras la investigación sigue girando, y la prensa sigue informando del caso, la opinión pública se convence de la existencia de corrupción.
En Argentina, a su vez, desde antes del “maletín-gate”, la estrategia de la oposición política está concentrada en las investigaciones y acusaciones de corrupción para debilitar al gobierno. Algunos de los dirigentes opositores más importantes han viajado a Miami con el fin de recabar información para la batalla interna. Todo esto encuentra una caja de resonancia en los principales medios de comunicación, que desde la “crisis del campo” son cada día más críticos de los K. Hay consultoras de opinión pública que afirman que la mayoría de la población cree que el gobierno argentino es corrupto, y la evolución positiva de esa creencia se correlaciona con la caída de imagen presidencial. Una popularidad razonablemente alta del Poder Ejecutivo, a no olvidarlo, es condición necesaria de gobernabilidad en las democracias presidencialistas latinoamericanas.
Pero pese a que cierto daño a la reputación del gobierno es inexorable, no parece fácil que un caso de estas características llegue a involucrar a las autoridades más altas. Aún si la hipótesis de corrupción en la Presidencia –v.g. financiamiento electoral ilegal, o soborno- que sostiene la oposición fuese cierta, estaríamos frente a un delito muy difícil de probar.
La experiencia indica que el dinero ilegal deja pocos rastros, que circula en efectivo y que su detección es in fraganti; más allá de su descubrimiento, es muy difícil rastrear su origen y destino. Las investigaciones judiciales, una vez que avanzan, se topan con supuestos destinatarios que niegan serlo, y con portadores -en este caso, valijeros- que se ven complicados por no poder justificarlo con sus ingresos o acusados de no pagar impuestos. Tan difícil es lidiar con los casos de dinero ilícito, que los especialistas admiten que el verdadero objetivo de la prosecución criminal del financiamiento ilegal es “ahogar” a los delincuentes.
En América Latina de los últimos años, tuvimos tres resonados “maletines” de dinero inexplicable vinculados a la política, que quedaron sin resolución: la campaña del PRD mexicano, “la bolsa” del PT brasileño y los sobornos del Senado argentino durante el gobierno de De la Rúa. Todos ellos confirmaron cuán difíciles son los casos de billetes no registrados. En Argentina existe una polémica figura jurídica para la prosecución de políticos sospechados de enriquecimiento ilícito, la “asociación ilícita”, destinada a penalizar la corrupción sistémica; en los últimos años, algunos ex presidentes y ministros han sido procesados a partir de la misma, pero finalmente las causas no prosperaron, ya que se trata de casos débiles a la hora de las pruebas.
Es cierto que, a diferencia de los anteriores, el caso del maletín tiene connotaciones internacionales. Hay dos gobiernos acusados, un aeropuerto, y una relación bilateral que es cuestionada por la oposición política de ambos países. Pero este aspecto, como el anterior, parece ser más una materia de crítica y debate, que de consecuencias fácticas. En síntesis, el caso de maletín es un issue del debate político argentino, y venezolano, sobre el que se basan las oposiciones políticas de ambos países para probar ante la opinión pública la corrupción de sus respectivos gobiernos, que se preparan para afrontar elecciones. Huele cada vez peor, en ninguno de los casos los oficialismos lograron construir mejores argumentos que la acusación de conspiración internacional, y el daño sobre la reputación de los mismos es inevitable. Sin embargo, aún si la acusación fuese cierta, los delitos de dinero ilícito y financiación ilegal son muy difíciles de probar, como lo demuestra la experiencia reciente: los principales afectados suelen ser los “maletineros” atrapados in fraganti, y no los supuestos destinatarios.
