Por Gabriela Calderón
El Universo
En el campo del dinero hay dos visiones: aquella que ve la necesidad de reglas imparciales y límites a los poderes discrecionales del gobierno, y la que ve al dinero y al presupuesto público como instrumentos discrecionales del gobierno para implementar políticas de corto plazo. La segunda predominó en Ecuador durante el siglo pasado y consideraba que era la tarea de ilustrados “doctores en moneda” manipular los agregados monetarios y, especialmente, el presupuesto público para prevenir una recesión, estancamiento o el desempleo masivo. Por ende, que el manejo de la política monetaria, cambiaria, crediticia y comercial estén concentrados en un solo poder (tradicionalmente, el Ejecutivo) no es una propuesta nueva ni autóctona.
Todo empezó con Edwin Kemmerer, un economista conocido en Latinoamérica como el “Doctor en Moneda” por sus asesorías en desarrollo de bancas centrales. Llegó a Ecuador en 1926 y para marzo de 1927 el país ya tenía un Banco Central (BCE). Para el historiador Julio Estrada Ycaza, el verdadero motivo detrás de la creación del BCE “era disponer de la herramienta más adecuada para poder ‘financiar’ los déficits presupuestarios, en concordancia con los planes económicos y de emergencias políticas del Gobierno central”.
En 1947, el FMI envió una misión liderada por Robert Triffin con el fin de implementar un régimen monetario que pretendía que la política monetaria y comercial esté articulada al Plan Nacional de Desarrollo, ¿le suena familiar?
Triffin era partidario de los cambios múltiples y en la Ley de Emergencia de Cambios Internacionales que diseñó, clasificaba a gran parte de los bienes importados en (a) indispensables, (b) útiles, y (c) suntuarios. Por importar productos de las listas b y c se pagaban un impuestos (“recargo de estabilización monetaria”). El 75% de las recaudaciones de ese impuesto se destinaban a cancelar la deuda del Estado con el BCE y el 25% a la estabilización de la cotización de los bonos del Estado. Es decir, los que importaban productos de las listas b y c pagaban la deuda del Estado.
Ecuador heredó de Kemmerer un BCE, la Dirección General de Aduanas y la Superintendencia de Bancos. De Triffin heredó la manipulación del comercio, por la cual hasta los noventa, si usted quería importar o exportar, tenía que obtener un permiso de exportación/importación al BCE y tenía que contribuir a cancelar la deuda de gobiernos irresponsables con el BCE. Triffin también dejó el legado de la manipulación de las listas de importaciones (A, B y C) para de esa manera influenciar el tipo de cambio –poder discrecional que también se utilizaba para favorecer a los negocios de determinados amigos–.
Con la dolarización, los “doctores en moneda” de repente se volvieron irrelevantes. Ellos perdieron la capacidad de planificar y controlar lo que los ecuatorianos debíamos exportar e importar y lo que valían nuestros ahorros o salarios.
La nueva Constitución contempla una vuelta a las políticas erradas que extranjeros aconsejaron a nuestro país .
