Por Gabriel Jackson
El País, Madrid
Todas las guerras son crueles, y las guerras civiles parecen especialmente crueles porque dividen familias, clases sociales y hermandades profesionales dentro de un mismo país. Pero la forma de terminarlas puede influir de manera considerable en las actitudes de los supervivientes y de generaciones posteriores. En el caso de la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, la victoria del norte hizo que Estados Unidos siguiera siendo una sola nación y que se aboliera la esclavitud en toda esa nación, incluida la zona de la derrotada Confederación sudista.
A largo plazo, el fin de la guerra de secesión y la restauración de la democracia constitucional en los antiguos Estados confederados significaron también que, como la clase dirigente blanca volvió a sus posiciones de poder, los antiguos esclavos y sus hijos se vieron legalmente privados de los derechos que tenían los ciudadanos blancos. Hubo que esperar a la década de 1960, un siglo después de la guerra, tras la plena participación de soldados negros en la defensa de la democracia occidental en dos guerras mundiales y después de decenios de lucha de un movimiento de derechos civiles, para que un presidente blanco y originario del Sur, Lyndon Johnson, firmara las leyes de derechos civiles que, por fin, permitieron que los negros estadounidenses fueran ciudadanos de pleno derecho, hasta desembocar en el hecho de que acabemos de elegir a un presidente negro. Y, a lo largo del siglo XX, cuando personas del norte como el que esto escribe viajábamos por diversos Estados del sur, veíamos con frecuencia estatuas de Robert E. Lee y otros héroes políticos y militares de la Confederación derrotada, pero nunca se nos ocurrió exigir que quitaran esas estatuas.
¡Qué distintos fueron el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil en España! El propósito del alzamiento militar de julio no fue liberar a esclavos ni defender un Gobierno democrático legítimo, sino destruir el primer -y muy imperfecto- experimento de democracia política en España y eliminar físicamente, dentro o fuera del campo de batalla, a todos aquellos a quienes se consideraba comunistas, ateos, anarquistas, masones, etcétera. Después llegó una dictadura de 36 años que incluyó miles de ejecuciones políticas -más en el primer de-
cenio- y la continuación de sentencias de cárcel por motivos políticos y de esporádicas condenas a muerte hasta al final.
Sin embargo, para inmensa fortuna del sufrido pueblo español, el joven rey designado por Franco como sucesor y una parte importante de los hijos de la clase media y alta que había apoyado a Franco se habían convencido poco a poco de que a España le era mucho más beneficiosa una democracia constitucional que la continuación del Movimiento. Esta actitud y la sed de libertad de los vencidos y sus descendientes hicieron posible la transición de una dictadura militar de derechas a una monarquía democrática constitucional.
¿Por qué, entonces, han vuelto a convertirse la Guerra Civil y la dictadura posterior en objeto de enconadas disputas en la conciencia pública española? El principal factor, en estos momentos, es la enorme diferencia de trato recibido por el recuerdo público de los muchos miles de víctimas de asesinatos según fueran personas partidarias del alzamiento militar o de la defensa de la república. Las víctimas de los paseos llevados a cabo por incontrolados anarquistas o agentes estalinistas recibieron honras fúnebres siempre que fue posible recuperar sus cuerpos y, en cualquier caso, durante toda la Guerra Civil y la dictadura de Franco, fueron objeto colectivo del homenaje de la Iglesia y el Estado. Las víctimas, mucho más numerosas, de las incursiones falangistas en las prisiones y los juicios en tribunales de guerra sin un mínimo de defensa legal, seguidos de enterramientos de masas en tumbas anónimas, sólo podían ser recordadas en asustado silencio por sus familiares y amigos. Mientras Franco vivía, cualquier homenaje a su memoria era imposible; en los primeros 20 o 30 años de la Monarquía constitucional, la mayoría de la gente permaneció callada porque no había seguridad de cuánto iba a durar la libertad recién adquirida o porque aceptaba de mejor o peor grado la idea de que era mejor olvidarse del pasado, no "remover las brasas" de una guerra que, al fin y al cabo, había terminado hacía más de 50 años.
En mi opinión, si la reconciliación general de los dos bandos de la Guerra Civil dependiera sólo de restaurar la dignidad de los asesinados por la derecha y por la izquierda, sería posible dar por zanjada la cuestión en el contexto de la actual Ley de Memoria Histórica. Por comparar, si la gran mayoría de los alemanes ha reconocido los crímenes del régimen nazi; si la gran mayoría de los estadounidenses ha reconocido los crímenes colectivos de la esclavitud y posteriormente la segregación; y si la mayoría de los surafricanos ha aprobado el final del apartheid, no cabe duda de que la inmensa mayoría de los españoles podría reconocer el carácter criminal de una represión que duró décadas y ejecutó a más de 100.000 no combatientes.
Sin embargo, lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en el que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud. Existe una parte pequeña pero sustancial de la población española que opina que la palabra República no fue más que un sinónimo de incompetencia y desorden, que recuerda la violencia laboral, las amenazas contra la Iglesia y la burguesía y las promesas de uno u otro tipo de revolución colectivista en la primavera de 1936. Para esa minoría sustancial, el alzamiento militar fue un esfuerzo justificado, un pronunciamiento tradicional español como método para restablecer el orden público. Esas personas, aunque reconocen la extrema crueldad del régimen de Franco, consideran que la izquierda revolucionaria fue más responsable de la Guerra Civil y sus terribles consecuencias que el alzamiento del 18 de julio.
En estas circunstancias, con la opinión nacional fuertemente dividida, la Ley de Memoria Histórica cumple el propósito justo de permitir que las familias que perdieron a miembros en la salvaje represión franquista descubran todo lo posible, entre 30 y 70 años después, de los restos físicos de sus seres queridos, y que vean sus nombres limpios de acusaciones penales injustas. El Gobierno actual también ha actuado de manera honorable al conceder la ciudadanía a los exiliados republicanos y sus hijos, así como a los miembros de las Brigadas Internacionales que lucharon en defensa de la República. Y, desde luego, debería ser posible, aunque sin duda controvertido, anular por completo las condenas de prisión y muerte dictadas por los tribunales sin que se permitiera ninguna defensa ni se mostrara ninguna preocupación profesional por la veracidad de las acusaciones. Sin embargo, el trato reciente dado al esfuerzo del juez Garzón para documentar en la mayor medida posible las purgas mortales realizadas por los generales rebeldes y sus seguidores deja bien claro que muchos ciudadanos conservadores no creen que dichas purgas constituyeran crímenes contra la humanidad.
Existe un viejo dicho que siempre ha tenido un gran significado para mí como historiador: la verdad os hará libres. En realidad, me parece una frase demasiado categórica. Pero sí estoy convencido de que la voluntad de reconocer la verdad, por desagradable que sea, es un requisito indispensable para superar los recuerdos amargos que pueden transmitirse mientras no haya un relato claro, cualitativo y cuantitativo, de los crímenes cometidos por los militares rebeldes, la Falange, los "incontrolados", los agentes estalinistas y la escoria criminal que, en cualquier sociedad, se aprovecha de los odios de clase y la desintegración del orden público.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Gabriel Jackson es historiador estadounidense.
