Por Carlos Malamud
Madrid - Según la mayor parte de las estimaciones post electorales, el SÍ se impuso al NO en el referéndum constitucional boliviano por un 60 a 40, aproximadamente. De confirmarse estas cifras, que dan vida al proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE), en su pomposa acepción local, la aparente cómoda victoria gubernamental no se habría traducido en el triunfo aplastante con que soñaban Evo Morales y los principales dirigentes del MAS.
No sólo eso. Las cifras muestran que la fractura territorial (Altiplano por un lado, Media Luna por el otro) se mantiene en la práctica inalterable. Mientras el SÍ se impuso claramente en cuatro departamentos (La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba), el NO hizo lo propio en otros cuatro (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni). En Chuquisaca, el noveno departamento del país, se habría producido un empate técnico (las diferencias son escasas y según algunas mediciones ganan unos y según otras ganas los contrarios), a tal punto que es necesario esperar los resultados definitivos para ver hacia que lado se ha decantado finalmente la votación popular.
Pese a las dificultades para su tramitación, la consulta boliviana es, hasta ahora, el último acto de la embestida constitucional continental bolivariana. En efecto, la táctica iniciada por Hugo Chávez tras su reforma constitucional de 1999 ha sido seguida posteriormente por Ecuador y Bolivia. Por su parte, Daniel Ortega y Fernando Lugo estarían deseosos de modificar sus respectivos textos constitucionales, aunque de momento deben esperar a tiempos mejores para concretar sus iniciativas.
La letra y la música de la reforma son similares en los ejemplos mencionados, aunque el articulado se ciña a las particularidades propias de cada país. En todos los casos se trata de reforzar la figura del presidente detrás de la apariencia de devolver el verdadero poder al pueblo, especialmente a los sectores más postergados. Si bien en el caso boliviano hay un verdadero esfuerzo por cerrar la brecha que durante décadas postergó la plena integración de los indígenas a la sociedad nacida después de la independencia, existen dudas más que razonables de que las reformas propuestas en el texto aprobado lleguen a buen puerto. Y no sólo por la oposición de los sectores más inmovilistas de la sociedad boliviana, la rosca de otras épocas, la oligarquía o los vende patrias de siempre, sino también por las limitaciones y contradicciones de la Constitución aprobada.
El texto que regirá a partir del momento en que se convaliden legalmente los resultados electorales no garantiza en absoluto la gobernabilidad del país. Por más que el presidente Morales afirme que en Bolivia hay luna llena, y no medias lunas (en alusión a los departamentos opositores) sigue planteado el diferendo territorial, que exigirá dosis creciente de paciencia y buena voluntad (valores escasos en el actual sistema político boliviano) para recomponer una situación cada vez más endemoniada.
También afirmó Morales, con una buena dosis de voluntarismo, en su discurso de reconocimiento de la victoria que se había acabado en Bolivia el estado colonial, el neoliberalismo y la subasta de los recursos naturales del país. El desmontaje de las instituciones actualmente vigentes y su reemplazo por otras nuevas requerirá de mucho tiempo, de ingentes recursos y de una dosis de acuerdo político y consenso inexistentes a lo largo del proceso, desde el mismo momento en que se convocó a la Asamblea Constituyente.
Si los últimos años han sido complicados para Bolivia y su vida política, los que vienen lo serán más todavía. La Constitución aprobada es de una casuística que roza la omnipresencia en la vida pública, a la vez que deja libradas al desarrollo de leyes futuras muchas realidades sobre las que pontifica el texto legal. La tarea de cuadrar el círculo, de permitir la aplicación simultánea de las leyes del estado y de las leyes de las comunidades indígenas, o la de administrar al unísono los recursos naturales propiedad del estado o de las nuevas naciones indígenas originarias y campesinas, o de elegir por sufragio universal a los cargos de las más altas instancias del poder judicial, con independencia de su cualificación técnica, adquirirá perfiles hercúleos.
Peor aún, la postergación de los mestizos, que según se mire (y se defina) suponen el sector mayoritario de la sociedad boliviana, se convertirá en la piedra de toque de la nueva coyuntura. En lugar de haberlos convertido en el elemento aglutinador de la nueva sociedad, equiparando sus derechos a los derechos indígenas, se apostó por una solución más vendible en términos publicitarios, pero mucho más difícil de gestionar. Estas restricciones hubieran operado aún en el caso de una victoria arrolladora (por encima del 70%), pero se hacen más complicadas de llevar a cabo en el actual escenario.
Tras la llegada de Evo Morales a la presidencia, las bases masistas se encargaron de hacerle llegar un mensaje claro y contundente: "queremos un gobierno que dé pegas (trabajo)". No se trataba de impulsar una economía productiva que creara miles de nuevos puestos de trabajo, sino de abrir de par en par las puertas y ventanas de la administración a fin de repartir los empleos públicos entre los fieles sostenedores del proceso. El clientelismo estaba servido, un clientelismo que se terminó apoyando en los bonos Dignidad y Juanito Pinto y en las apelaciones constantes a las pulsiones del nacionalismo boliviano. A éstas apelaciones se dirigió el presidente cuando en las vísperas del referéndum anunció la nacionalización de la empresa petrolera Chaco y decidió ocupar militarmente sus instalaciones.
En Venezuela el comandante Chávez se encargó de desvirtuar el espíritu y la letra de una Constitución aprobada a su medida. ¿Qué ocurrirá en Bolivia? ¿Cuánto tardará Morales en intentar modificar lo aprobado el domingo? ¿Cumplirá con los acuerdos alcanzados en su día y convocará elecciones para finales de año o intentará adelantarlas a julio o agosto con el fin de evitar que la crisis lo golpee demasiado? ¿Cuándo se intentará introducir la reelección indefinida a fin de propiciar la presencia de por vida en el Palacio Quemado? En su última visita a Bolivia, el presidente Lula le recomendó a Evo Morales gobernar para todos los bolivianos. Sólo en el caso de que se abandone la actual política de crispación y división y se opte por el diálogo, las perspectivas de superar la actual coyuntura comenzarán a ser algo más creíbles.
