Por Mary Anastasia O'Grady
Los ejecutivos de los mayores bancos de Estados Unidos fumaron la pipa de la paz con el presidente Barack Obama el viernes pasado y acordaron, aunque haya sido de forma vaga, apoyar su plan de rescate. Pero es poco probable que el cónclave haya terminado con el hostigamiento de los banqueros en Washington.
La razón es que los líderes políticos estadounidenses consideran que la ansiedad del público constituye una oportunidad para que el gobierno asuma el control de partes clave de la economía, y de las finanzas en particular. En este sentido, no son muy distintos a los populistas del siglo XX en América Latina, quienes predicaron contra la libertad económica, hicieron crecer el poder del Estado creciera de forma irresponsable y dejaron un reguero de miseria y carencias al dejar el poder. México es un ejemplo de lo que no hay qué hacer.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó un Estado corporativista durante 70 años antes de ser finalmente desplazado del poder en las elecciones de 2000. Ahora, la vieja guardia del partido intenta regresar al poder. Mientras la mayoría de los mexicanos considera a la contracción económica como una crisis, los "dinosaurios" del PRI (al igual en cierta manera al jefe de gabinete de la Casa Blanca Rahm Emanuel) lo ven como una oportunidad. Le ofrece al partido la oportunidad de recuperar el poder y volver a poner en práctica la poderosa política del nacionalismo económico.
Y ahora que el gobierno estadounidense pasó a controlar un 36% de Citigroup los "dinosaurios" del PRI tienen un tema hecho a su medida. Puesto que Citi es dueña de Banamex, EE.UU. ahora es dueño parcial del segundo banco mexicano, algo que la legislación bancaria de México prohíbe que las entidades extranjeras que ejerzan funciones gubernamentales puedan invertir, directa o indirectamente, en el capital social en los bancos comerciales.
El gobierno del presidente Felipe Calderón ha adoptado la postura de que, más que ser un comprador intencional de Banamex, Estados Unidos es un propietario accidental como resultado de un rescate. Tales circunstancias "excepcionales" deben preverse si el sistema bancario de México va a estar abierto a los inversionistas internacionales. La venta forzada de Banamex a un precio de liquidación sería lo mismo que anunciarle al mundo que el sistema bancario del país ya no está abierto a quienes no sean mexicanos. Esto reduciría la competencia, las opciones de los consumidores y la necesitada inversión extranjera.
Para mantener a los gobiernos lejos de los bancos a largo plazo pero también mantener el sistema bancario atractivo para la inversión extranjera, la Secretaría de Hacienda ha propuesto un cambio en la ley que les daría a los gobiernos tres años para deshacerse de las acciones adquiridas en un rescate. Después de tres años la empresa controladora (en este caso Citi) debería ofrecer públicamente por lo menos un 25% del capital social del banco mexicano (Banamex) en la bolsa mexicana. Después de seis años, si EE.UU. aún fuera uno de los dueños de Citigroup, la cifra a ser subastada ascendería a más del 50%.
¿Una solución adecuada para un problema imprevisto? No si usted concuerda con la visión del PRI de que México estaba mejor cuando estaba cerrado a la competencia foránea. Al escribir en el diario El Universal de México con el título "Hacienda: reprobada en derecho... y en nacionalismo", el 23 de marzo, los férreos priístas Jesús Silva Herzog (secretario de Hacienda entre 1982 y 1986) y Francisco Suárez Dávila (ex subsecretario de Hacienda) hicieron añicos la propuesta del gobierno. El Congreso, escribieron, debe defender la ley bancaria y promover "la mexicanización y venta de Banamex".
El gran defensor de esta idea en el Congreso es el líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien alberga aspiraciones presidenciales. Su estrategia, que es tan vieja como el PRI mismo, es sacar provecho de los temores populares sobre Estados Unidos como un poderoso vecino del Norte que amenaza la soberanía mexicana. Cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 aún se mantiene fresco en la psiquis nacional, los políticos regresivos como Beltrones parecen pensar que pueden generar un levantamiento popular contra EE.UU. Hacerlo a tan sólo meses antes de las elecciones de medio término tampoco viene mal.
Eso, al menos, parece ser la idea del PRI. Pero es un juego peligroso dada la importancia económica de la relación bilateral. Además, hay sospechas de que los motivos del partido pueden ir mucho más allá del amor por la bandera. La prensa mexicana ha estado especulando con que hay intereses domésticos, cercanos al PRI, que podrían querer comprar Banamex en una venta a precios de liquidación. Si eso es lo que está ocurriendo, no se mantendrá como un secreto. La revelación causará un gran daño al perfil de inversión de México.
El PRI podrá sentir que tiene cierto apoyo por parte del gobernador del banco de México, Guillermo Ortiz, quien ha expresado en voz alta su preocupación de que los bancos en manos de entidades extranjeras restrinjan el crédito a los mexicanos. Pero el columnista de economía mexicano Enrique Quintana, al escribir en el diario Reforma, informó la semana pasada que en enero, con la salvedad de Santander, los bancos de capitales extranjeros no había reducido el acceso al crédito. En cambio, Banamex y Bancomer, de propiedad española, habían aumentado el crédito mientras una cantidad de bancos de capitales nacionales lo redujeron. Tal vez Ortiz haría un mejor uso de de su cargo si defendiera políticas que atraigan capital a México, en vez de ahuyentarlo.
Echar a los extranjeros durante una crisis puede hacer sentir mejor a algunos, al igual que fustigar a los banqueros en Washington, qué duda cabe. Pero en la economía global actual, el costo de tal comportamiento se refleja directamente en las ganancias de las empresas. Esperemos que el PRI se dé cuenta de eso antes de causarle un daño real a México.
