Por George Will
Reconciliación: Acción de llevar a acuerdo, entendimiento o armonía. -- Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa.
Pero según las normas del Senado, "conciliación" puede ser un medio para confrontar la disonancia agravándola. La táctica trunca el debate en el Senado y socava los derechos de la minoría. La amenaza de utilizarla para catalizar la promulgación de la reforma sanitaria ha coincidido con los rumores en torno a posibles imputaciones relacionadas con las políticas de interrogatorio de la administración anterior. La armonía se está haciendo más esquiva.
Bajo “conciliación”, el debate de una propuesta de ley puede limitarse a 20 horas, permitiendo la aprobación por mayoría simple (51 senadores, o 50 con el vicepresidente como voto de desempate) en lugar de exigir los 60 votos necesarios para poner fin al debate y someter a votación la aprobación final. El Presidente y los Demócratas del Senado han decidido utilizar la conciliación antes del 15 octubre, a menos que los Republicanos negocien obedientemente en el terreno de la sanidad. Pero la amenaza de la conciliación ridiculiza las negociaciones.
El proceso conciliatorio fue creado en 1974 para facilitar ajustes en los programas de gasto existentes. Escribiendo en el Wall Street Journal, el ex Senador John Sununu, Republicano de New Hampshire, dice que utilizar la conciliación para precipitar la reforma de la sanidad "evita el mecanismo usual y acostumbrado de la democracia estadounidense”. Pero esos mecanismos han cambiado acusadamente.
La alteración más importante del proceso legislativo en las últimas décadas ha sido el uso cada vez más promiscuo de medidas obstruccionistas para forzar la obligatoriedad de la mayoría absoluta para aprobar legislaciones importantes. E “importantes” se ha convertido en un término muy elástico.
Actuar con precipitación debería ser difícil para el gobierno. “Las grandes innovaciones”, decía Jefferson, “no deben de ser impuestas a mayorías ajustadas”. Relanzar la sanidad -- el 17% de la economía -- encaja en la categoría de gran innovación. Esto es especialmente cierto dado que la administración y sus aliados, sin andarse con chiquitas acerca de lo que hay en juego, están intentando situar a la nación por un traidor camino al sistema sanitario de fondo común -- totalmente público. Harán esto generando un plan público de protección sanitaria que compita con las aseguradoras privadas. Podría ser capaz de -- en la práctica, estaría pensado para -- sacar del sector a las empresas privadas.
Pero cuando los Republicanos encabezaban el Senado, también ellos hacían puntualmente un uso cuestionable de la conciliación. Y el compromiso meramente circunstancial de los Republicanos con el proceso legislativo quedaba plasmado en 2003 cuando celebraban una votación anticipada en la Cámara durante tres horas hasta que pudieron presionar a los suficientes Republicanos reticentes como para aprobar la prestación de las recetas médicas.
Mientras Washington se vuelve cada vez más opaco a los estadounidenses de a pie, sus refriegas parecen cada vez más triviales, hasta cuando son momentáneas. La táctica de la conciliación es desconocida para la mayor parte de los estadounidenses y de esa manera, también, la institución en el epicentro de la polémica en torno a las torturas -- la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. De ahí surgieron los denominados "memorandos de la tortura" defendiendo la legalidad de ciertas técnicas "de interrogatorio avanzado”.
La Oficina de Asesoría Jurídica proporciona opiniones legales acerca de lo que es y lo que no es un comportamiento legal por parte del gobierno. Al no cortar de raíz el revuelo en torno a las imputaciones de los autores de los informes -- o, por inferencia, de los funcionarios que actuaron basándose en esos memorandos -- el presidente ha comprometido la utilidad de la Oficina: si sus juicios son imputables por la administración siguiente, la Oficina de Asesoría Jurídica ya no puede considerarse un baluarte del Estado de Derecho.
Por una parte, hay cuatro cosas claras. En primer lugar, la tortura es ilegal. En segundo, si un enemigo utilizara cualquiera de esas técnicas "de interrogatorio avanzado" contra cualquier estadounidense, la mayor parte de los estadounidenses considerarían eso tortura. En tercer lugar, eso no significa que los memorandos que defienden la legalidad de esas técnicas sean indefendibles, por no decir constitutivos de delito, porque: en cuarto lugar, el Presidente puede haberse equivocado al decir que no hay elección difícil porque las técnicas de interrogatorio bajo coacción son ineficaces.
Un panel del Congreso, o uno comparable a la comisión del 11 de Septiembre, debería descubrir lo que quería decir el ex director de la CIA George Tenet cuando dijo: "Sé que este programa ha salvado vidas. Sé que hemos desmantelado planes para atentar”. Y lo que quería decir el ex director de Inteligencia Nacional Mike McConnell cuando decía: "Hay gente que sigue viva por este país hoy gracias a que este proceso tuvo lugar”.
La presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, que fue informada con frecuencia en calidad de miembro del Comité de Inteligencia, podría responder provechosamente a la pregunta: ¿qué sabía usted y en qué momento lo supo ? Con regularidad vencía sus reservas en torno a su desaprobación hacia la administración Bush. ¿Por qué no hacia los métodos de interrogatorio?
Además, cuatro de los 15 miembros del gabinete del presidente son antiguos miembros del Congreso, al igual que el presidente, el vicepresidente y el jefe de gabinete de la Casa Blanca. De manera que siete de los 18 cargos más elevados están en posición de responder provechosamente a estas preguntas, y a esta: ¿qué hizo usted a propósito de lo que sabía?
© 2009, Washington Post Writers Group
