Por Alberto Benegas Lynch (h)
Los gobiernos imponen sistemas llamados «de seguridad social», pero no se necesita ser un experto en finanzas ni en interés compuesto para percibir que generalmente se traducen en monumentales estafas a los supuestos beneficiarios, con lo que, en verdad, se transforman en sistemas de inseguridad antisocial. Personas que han aportado durante toda su vida activa reciben cifras que no tienen la menor relación con lo que hubieran obtenido si hubieran podido realizar colocaciones corrientes en los mercados.
Además, como es sabido, los sistemas compulsivos se basan en el sistema de reparto que naturalmente depende de nuevos aportes, lo cual, a diferencia de los métodos de capitalización, en la medida en que la vida se prolonga y las tasas de natalidad decrecen, hacen imposible el mantenimiento del esquema que, de facto, se encuentra quebrado en todas partes del mundo.
Y no se resuelve el problema obligando a la gente a pasar a instituciones privadas sus ahorros, los que, en el caso argentino, fueron luego confiscados por el Gobierno. Se trata de que las personas puedan disponer del fruto de su trabajo como lo consideren pertinente. Ése fue el caso, por ejemplo, de los inmigrantes en la Argentina que preveían su futuro a través de inversiones inmobiliarias, lo cual fue arruinado por las mal llamadas «conquistas sociales» concretadas en las leyes de control de alquileres y desalojos.
Aquellas inversiones mostraron una vez más lo incorrecto y arrogante de la premisa según la cual en libertad, las personas no preverán para su vejez.
También los gobiernos insisten en el mantenimiento de la banca central «para preservar el valor de la moneda» sin percatarse de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el dólar de 1913 (año en que se creó la Reserva Federal) equivale a cuatro centavos de hoy y que en el caso argentino, un dólar de 1935 (cuando se estableció el Banco Central) equivale a diez mil millones de pesos de hoy. Solamente durante los 18 años de la administración de Alan Greenspan al frente de la Fed, según el índice oficial, los precios al consumidor se elevaron un 74%. Esto debería convencer a los tecnócratas partidarios del tragicómico «fine tuning».
Por esto es que, entre muchos otros, los premios Nobel en Economía Milton Friedman y F.A. Hayek se oponen a la creación y al mantenimiento de la banca central. Friedman escribe en Moneda y Desarrollo Económico, que recopila algunas de sus conferencias: «Llego a la conclusión de que la única manera de abstenerse de emplear la inflación como método impositivo es no tener banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina para que empiece la inflación». Hayek llega a
la misma conclusión en múltiples ensayos y libros.
Direcciones
Es que la banca central sólo puede canalizar sus decisiones clave en una de tres direcciones: expandir la masa monetaria, contraerla o dejarla inalterada. En cualquiera de los casos estará alterando los precios relativos respecto de lo que hubieran sido de no haber mediado la intervención, y al distorsionar precios relativos se transmite información falseada a los operadores en el mercado con lo que se asignan equivocadamente los siempre escasos factores productivos, es decir, se desperdicia capital y, consecuentemente, se reducen salarios e ingresos en términos reales.
El decimonónico Frederic Bastiat denominaba «estafas institucionalizadas» a las realizadas por los gobiernos con el apoyo de la ley y Alberdi sostenía que «el ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública».
Alarmas
Es precisamente en nombre de la utilidad pública que en la Argentina se incautaron depósitos y otros latrocinios, pero me limito a los antedichos ejemplos para señalar que resultan desproporcionadas las alarmas que suscitan estafas como las perpetradas por mafiosos como Bernard Madoff si tomamos en cuenta los asaltos organizados y establecidos institucionalmente por los aparatos estatales. Al fin y al cabo, el fraude piramidal «a la Carlo Ponzi» esta vez ejecutado por Madoff significó 65 mil millones de dólares en perjuicio de cuatro mil ochocientos clientes, una cifra muy módica si se la compara con la succión ilegítima e inmisericorde de recursos a millones y millones de personas que llevan a cabo quienes están supuestamente encargados de velar por los derechos de la gente y proteger sus propiedades.
Es de desear que se ubiquen las cosas en su debido lugar y se pueda poner en brete a los gobiernos para que abandonen las estafas institucionalizadas, si es que se pretende que tengan sentido y una misión específica que cumplir y puedan así diferenciarse de los grandes ladrones de nuestra época.
