Por Mary Anastasia O'Grady
Si el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama fuera una flotilla de barcos, en estos precisos momentos podría estar enviando un mensaje de SOS. Su reforma del sistema de salud, conocida como ObamaCare, ha chocado de frente con el equivalente a un iceberg. Por otro lado, la semana pasada, el prestigio internacional del mandatario fue atacado por el costado por los escoceses, que pusieron en libertad al condenado por el atentado de Lockerbie sin la más mínima consideración por las preocupaciones estadounidenses. La promesa de campaña de Obama de restaurar el sentido común en la gestión del presupuesto acabó hundiéndose en la profundidad del océano.
El gobierno de EE.UU. necesita un triunfo. O más bien, ahora mismo no puede soportar otra derrota. Más concretamente, no puede permitirse perder contra el gobierno de un diminuto país centroamericano que no parece saber cuál es su lugar en el mundo y que osa desafiar las órdenes imperiales del Tío Sam.
El ejemplo más reciente de la Política de Buen Vecino a la Obama fue el anuncio la semana pasada de que los servicios de visado para hondureños se han suspendido indefinidamente y que unos US$135 millones en ayuda bilateral pueden ser cancelados. Pero esos son sólo los ejemplos públicos de sus tácticas agresivas. Tras bambalinas están pasando cosas mucho más desagradables, implementadas por una presidencia que en su día le prometió al pueblo estadounidense una mayor transparencia y una política internacional mucho menos intervencionista.
A modo de recapitulación, el ejército hondureño ejecutó en junio una orden de arresto emitida por la Corte Suprema contra Zelaya por intentar convocar un referéndum sobre si se le debería estar permitido postularse a un segundo mandato. El artículo 239 de la Constitución de Honduras establece que cualquier presidente que intente presentarse a un segundo mandato, automáticamente pierde el privilegio de su investidura. Al insistir que Zelaya sea devuelto al poder, EE.UU. intenta obligar a Honduras a que viole su propia constitución.
También les está pidiendo a los hondureños que se arriesguen a correr la misma suerte que Venezuela. Saben cómo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pasó de ser democráticamente elegido por primera vez en 1998, a autoproclamarse dictador vitalicio. Lo consiguió al destruir el sistema institucional de pesos y contrapesos del país. Cuando Zelaya se dispuso a hacer lo mismo en Honduras, el país le cerró rápidamente el paso.
El regreso de Zelaya al poder es crucial para Chávez. El presidente venezolano está haciendo un despliegue activo de su evangelio marxista por toda la región y Zelaya fue su mano derecha en Tegucigalpa.
La resistencia de Honduras representa un importante revés para Caracas. Es por eso que Chávez ha movilizado a la izquierda latina para que exija el regreso de Zelaya. La semana pasada, el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, se unió a la pelea al solicitar la expulsión de Honduras del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta). Fernández es un amigo cercano de Chávez y un beneficiario del programa venezolano de "petróleo a cambio de obediencia" en el Caribe.
Aparentemente, Obama no quiere perderse su parte en este carnaval izquierdista. Se presentó a la presidencia de EE.UU., en esencia, como el anti George W. Bush. El ex presidente era impopular en los círculos socialistas. Este gobierno quiere demostrar que puede ser buena onda con Chávez y sus amigos.
Pero los métodos de Obama son decididamente poco elegantes. Hondureños prominentes, incluidos influyentes miembros de la comunidad empresarial, se quejan de que un funcionario del Departamento de Estado los ha estado presionando para que obliguen al gobierno interino a aceptar el regreso de Zelaya al poder.
Cuando le pregunté al Departamento de Estado si estaba utilizando esta clase de trucos sucios, una vocera se limitó a responderme que EE.UU. "ha alentado a todos los miembros de la sociedad civil para que apoyen el 'acuerdo' de San José", que pide que Zelaya sea reinstaurado en la presidencia. Puede que se perdiera algo en la traducción pero cuesta entender como las amenazas de utilizar la potencia de EE.UU. contra un país pobre y pequeño se puedan calificar de aliento.
En otras partes de la región hay informes de que funcionarios estadounidenses han hablado con gobiernos latinoamericanos para pedirles que apoyen la postura de EE.UU. Cuando le consulté al Departamento de Estado si eso era cierto, no quiso contestarme. Sólo accedió a decir que EE.UU. "colabora con la (Organización de Estados Americanos) y (el presidente costarricense) Óscar Arias para respaldar el acuerdo de San José".
En otras palabras, aunque no quiera reconocer su coacción, está en pleno proceso de imponer su criterio en la OEA para promover su agenda.
Esto no sólo parece injusto para la democracia hondureña sino que también contradice una postura previa de EE.UU. En una carta al senador Richard Lugar fechada el 4 de agosto, el Departamento de Estado aseguró que su "estrategia... no se basa en ningún político en concreto ni individuo" sino en encontrar "una resolución que sirva mejor al pueblo de Honduras y sus aspiraciones democráticas".
Muchos hondureños no creen que EE.UU. esté utilizando su fuerza bruta para impulsar sus "aspiraciones democráticas", sino las aspiraciones opuestas del matón del barrio.
