Por Alberto Benegas Lynch (h)
Thomas Jefferson ha escrito que “ante la alternativa de contar con un gobierno y no disfrutar de libertad de prensa frente a la posibilidad de no tener gobierno pero contar con libertad de prensa, sin titubear me decido por esto último”. En los tiempos que corren, lamentablemente está severamente amenazada la libertad de prensa en muy diversos lares. Los tentáculos del Leviatán se han extendido de modo alarmante en todos los vericuetos de la vida de las personas. El aparato estatal teóricamente encargado de velar por los derechos, los vulnera y los reduce a una grotesca caricatura.
La libertad de expresión se vincula estrechamente con la libertad de pensamiento puesto que esta requiere del debate abierto y el contraste de tesis rivales para asentarse en partículas crecientes de conocimiento en el mar de ignorancia en que nos encontramos los humanos. Bajo los más burdos pretextos, como la figura truculenta del llamado “desacato” se han introducido leyes mordaza e intimidaciones de diversa naturaleza a la prensa independiente. Tal como señala John Bury en su célebre libro titulado La libertad de pensamiento: “Si los atenienses hubieran contado con una prensa diaria, Sócrates habría sido denunciado como persona peligrosa”.
En un sistema republicano es indispensable la transparencia de los actos de gobierno y la discusión y opiniones sin restricciones de ninguna naturaleza al efecto de mantener el poder en brete. Este es el sentido de la difundida sentencia del Juez norteamericano Hugo Black: “La libertad de pronunciarse por la vía oral o escrita sobre asuntos públicos es para la vida de nuestro gobierno como lo es el corazón para la vida del cuerpo humano”, concepto al que adhieren constitucionalistas argentinos de la talla de González Calderón, Amancio Alcorta, Montes de Oca, José Manuel Estrada y Linares Quintana.
En nuestro país, después de que algunos medios han flirteado con fuego asociándose con el gobierno de turno para negocios de papel y otros menesteres muy poco recomendables, ahora se lanza un proyecto de ley digna de una república bananera. Tomo dos aspectos para ilustrar el punto. Primero, la insistencia en la disposición troglodita de imponer porcentajes de producción y música nacional a las emisoras radiales y televisivas y, segundo, la revisión bianual de las licencias y concesiones que, bajo la pantalla de las innovaciones tecnológicas, son en verdad para constatar la fidelidad al libreto gubernamental.
Lo primero significa, por un lado, el desconocimiento palmario de las preferencias de la gente puesto que los ratings atienden esas demandas a riesgo de perecer. Por otro lado, se deja de lado el proceso de asignación de los siempre escasos factores de producción debido al derroche que implica el dar uso a procedimientos considerados ineficientes. Es equivalente a obligar a la gente a que circunscriba sus lecturas a cierta proporción de autores autóctonos con lo que los comisarios de la mente habrían infringido un daño irreparable a la cultura.
Lo segundo, entre otras cosas, deriva de la nefasta manía de continuar con la propiedad estatal del espectro electromagnético. Si las ondas electromagnéticas se vendieran en subasta pública igual que se hace con los terrenos (incluyendo la asignación de aspectos de ancho de banda, frecuencia, horario y unidad de espectro) no solo se encaminaría la debida actualización y las modificaciones tecnológicas del caso, sino que cuando los megalómanos del momento decidieran afectar la libertad de prensa deberán proceder a la expropiación pero no al expediente de negarse a la renovación de permisos por parte del príncipe que, bajo el sistema de concesiones, es en verdad el dueño de la emisora, puesto que solo puede “conceder” quien es propietario.
La concepción fascista avanza a pasos agigantados en la Argentina: se hace aparecer como que hay dueños privados pero que en los hechos están privados de toda independencia, lo cual ocurre en campos tan diversos como la legislación laboral mussoliniana, las empresas que deben obedecer órdenes en cuanto a precios y márgenes operativos, la educación “privada” manejada por el ministerio del ramo y, ahora, el fútbol y la prensa.
