Por Farid Kahhat
Pareciera que descifrar las intenciones de Álvaro Uribe es una labor más ingrata que la de resolver el enigma de la esfinge. Quien ose preguntarle si habrá de postular a un tercer mandato como presidente de Colombia, se expone a una de dos posibilidades: o bien desestima la pregunta, alegando que distrae su atención de asuntos más importantes; o bien endilga una respuesta críptica, susceptible de interpretaciones encontradas (Vg., “me preocupa perpetuar al presidente, pero tampoco puedo ser políticamente irresponsable”).
Pero así como la esfinge devoraba a quienes no conseguían resolver el enigma, quienes se preguntan si Uribe continúa deshojando margaritas se exponen a ser arrollados por la bien aceitada maquinaria política que ha echado a andar para garantizar su reelección. De un lado, sus seguidores han recolectado las firmas necesarias para convocar a un referéndum que permita reformar la Constitución. De otro, el Congreso ya aprobó la ley que convoca a ese referéndum. El propósito de esa reforma constitucional es uno solo: permitir al presidente Uribe volver a tentar el cargo que ocupa desde 2002.
La Corte Suprema de Justicia emitió hace unos meses dos fallos que recuerdan cómo consiguió Álvaro Uribe postular a su primera reelección: a través del ofrecimiento de prebendas a cambio del voto de congresistas que, en su momento, también parecían deshojar margaritas. Lo supimos primero por la confesión de la otrora congresista Yidis Medina, quien con quejumbrosa amargura alegaba que el gobierno de Uribe no había cumplido con entregar las prebendas prometidas (Vg., cargos públicos para ella y su entorno inmediato).
El proceso judicial que estableció la responsabilidad penal de Yidis Medina, el año pasado, dio origen a un nuevo neologismo: el de la “Yidispolítica” (por analogía con la “Parapolítica”, merced a la cual docenas de congresistas, ex congresistas y funcionarios públicos vienen siendo enjuiciados por sus vínculos con organizaciones paramilitares). La manifestación más reciente de la Yidispolítica es el fallo condenatorio que la Corte Suprema emitió en contra de otros dos ex congresistas, con penas de prisión efectiva (Teodolino Avendaño e Iván Díaz Mateus).
Podría argüirse que los procesos judiciales vinculados, tanto a la Parapolítica como a la Yidispolítica, son testimonio de la independencia de la Corte Suprema de Justicia, y por ende de que, pese a los problemas, la institucionalidad democrática no padece en Colombia el sensible quebranto que se observa en Venezuela. Pero una segunda reelección de Uribe podría cambiar ese estado de cosas. Muestra de ello es el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, en torno al nombramiento de un nuevo Fiscal General de la Nación: dada la negativa de la Fiscalía a escoger un candidato de la terna propuesta por el presidente, políticos e intelectuales cercanos a su gobierno han comenzado a circular en el Congreso propuestas que limitarían sus competencias.
A lo anterior habría que sumar que, durante un tercer mandato, Uribe tendría la prerrogativa de cambiar la composición de la Corte Constitucional (contando para ese propósito con la anuencia de su mayoría en el Congreso). Otra razón por la que una nueva reelección podría poner en riesgo la ya frágil división de poderes en Colombia, es precisamente el hecho de que Uribe es un presidente sumamente popular. En casos como ese, suele operar una misteriosa alquimia en nuestra región, merced a la cual los pecados capitales se transforman en pecata minuta, y los abusos de poder se convierten en un gaje del oficio (todo ello con la posible complacencia de una mayoría del electorado).
Según reza el “Dictum de Acton”, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si ello es así, la permanencia indefinida en la presidencia, sin contrapesos eficaces, sería lo más parecido al poder absoluto dentro de un régimen político que aún mantiene una semblanza democrática.
