Por Rosendo Fraga
La historia muestra que las crisis suelen escalar por error de cálculo. El kirchnerismo ha sufrido tres derrotas en los casi veintiséis meses que lleva el gobierno de Cristina.
La primera fue la del campo en 2008 y tiene un nombre propio en política: Julio Cobos. La segunda, la elección legislativa del año pasado, y en este caso el nombre es Francisco De Narváez. La tercera, al comenzar 2010, es la crisis del Banco Central, y ahora lleva el nombre de Martín Redrado.
En los tres casos se calculó mal. En la madrugada del 16 al 17 de julio de 2008, el oficialismo creyó que Cobos no se animaría a votar contra el Gobierno. En la elección legislativa, Néstor Kirchner apostó a que Narváez no resistiría la competencia electoral bonaerense y que cedería frente a situaciones como la denuncia de la efedrina. En la crisis del Banco Central, el oficialismo pensó primero que Redrado no pondría objeciones al DNU que destinaba reservas para pagar deuda y luego, que no resistiría la presión para que renunciara.
Estos errores de cálculo fueron las tres claves por las cuales, al comenzar el tercer año del gobierno de Cristina Kirchner, su situación política aparece debilitada.
La del campo fue una fuerte derrota política, pero que tenía baja incidencia institucional, ya que se cuestionaba sólo una resolución ministerial, medida de menor jerarquía que un simple decreto. La derrota electoral no tuvo incidencia en dicho plano. Pero la crisis del Banco Central ha sido la más grave en el plano institucional desde la sufrida por el país entre fines de 2001 y comienzos de 2002.
Lo es porque está en juego no una simple resolución como en el conflicto del campo, sino el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo; la capacidad del Presidente para hacer uso de las reservas y destituir al titular del Banco Central, pese a su autonomía; también, la independencia del Poder Judicial, con decisiones que han sido un límite concreto al Ejecutivo, que en varios casos no quiso reconocer, y también está en juego el rol del Congreso en cuanto a su capacidad para revisar la validez de los DNU, la posibilidad de que se autoconvoque durante el receso parlamentario y su rol en la remoción del Presidente del Banco Central.
El conflicto del campo fue más importante en las calles, pero éste lo es en lo institucional y en el largo plazo ello es más relevante para el futuro de la Nación.
Planteada la crisis, es conveniente volver a la historia. Ella nos dice que los líderes políticos suelen cambiar de ideología de acuerdo con intereses, conveniencias y circunstancias, pero no cambian de personalidad.
Néstor Kirchner es el líder del oficialismo y quien, en consecuencia, toma las grandes decisiones políticas.
Para él, la ideología es instrumental. En las ultimas semanas, hemos visto cómo el hecho de destinar reservas para pagar deuda externa, que en general en el mundo sería interpretado como de cuño neoliberal o de ortodoxia económica, en la Argentina es presentado por el kirchnerismo como de izquierda o progresista.
Es en materia de personalidad donde Kirchner no cambia y frente a las dificultades redobla la apuesta, escalando el conflicto.
Han pasado 48 días desde la firma del DNU que disponía utilizar reservas para pagar deuda y éste no se ha podido implementar, y ya no será posible hacerlo, por lo menos en la forma que fue concebido. A su vez transcurrieron 22 días entre el DNU que destituyó a Redrado y su renuncia.
La realidad es que ha entrado en crisis la estrategia política con la cual el oficialismo se disponía a gobernar hasta el 10 de diciembre de 2011: el uso de los DNU, cuando el Congreso no aprobara lo que el Ejecutivo pretendía y del veto, cuando sancionara lo que no quería.
Esta estrategia partía de la premisa de que los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, no asumirían el rol que de acuerdo con el sistema republicano les corresponde. Tampoco asumía que tanto la elección de 2009 como los sondeos de opinión pública muestran que el consenso del oficialismo ha disminuido sustancialmente.
Ya planteada la derrota del kirchnerismo en la crisis del Banco Central, al comenzar la segunda quincena de enero, Néstor Kirchner, coherente con su modo de ser, redobló la apuesta: el oficialismo comenzó a reclamar no ya la renuncia del presidente del Banco Central, sino también la del vicepresidente de la Nación.
Es así como la Presidenta lo acusó públicamente de conspirar y de querer llegar al poder antes de 2011. A su vez, el ex presidente Kirchner hizo lo mismo, señalando que dicha conspiración pretendía que el Gobierno no llegara a fines de 2010.
Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente del bloque oficialista en el Senado, el titular de los legisladores kirchneristas en la Cámara baja y el secretario general de la CGT reclamaron al unísono la renuncia del vicepresidente, por la supuesta conspiración y por entorpecer la gestión del Gobierno.
A la crisis institucional que se produjo alrededor del Banco Central, el oficialismo la igualó con la del vicepresidente, cuya renuncia o remoción no depende de una decisión del Ejecutivo, sino de un procedimiento legislativo, como lo dijo el mismo Julio Cobos al plantear que, si el oficialismo quiere removerlo, deberá tomar el camino del juicio político.
La superposición de las dos crisis institucionales trajo consecuencias inmediatas para el país. Un embargo a reservas argentinas en los Estados Unidos puso en duda el éxito del canje de deuda. La suspensión del viaje de la Presidenta a China, argumentando para ello que no podía dejarse el poder en manos del vicepresidente dada la irresolución de la crisis del Banco Central, generó una fuerte señal de incertidumbre. La baja en los bonos argentinos hizo que el riesgo país subiera al máximo en América latina, superando incluso al de Venezuela, en momentos que Chávez expropia bancos y cadenas comerciales, saca del aire canales de televisión, clausura más de mil comercios y las protestas callejeras de los estudiantes opositores llevan a muertos por la represión.
Es en este cuadro político-institucional en el cual el vicepresidente Julio Cobos volvió a tener en sus manos una decisión crucial para el Gobierno, al presidir la comisión que dictaminar sobre la remoción del presidente del Banco Central.
Podía presumirse que uno de los tres integrantes de esta comisión votaría desde una postura opositora (Prat-Gay) y otro lo haría en su condición de oficialista (Marconato). Ello llevaba a que fuera el voto del vicepresidente en su condición de titular de la Comisión el que desempatara.
La renuncia de Redrado, con su fuerte defensa de las reglas institucionales en sus fundamentos, dio a Cobos la salida que necesitaba, para no ser por segunda vez quien definiera una votación crucial frente al Gobierno.
Pero el kirchnerismo redobla nuevamente la apuesta y, desconociendo la renuncia del ex presidente del Banco Central, quiere obligar al vicepresidente a que vote sobre la remoción.
Cobos sigue siendo la figura política con mejor imagen y quien tiene individualmente más intención de voto para 2011.
Si la opinión pública lo percibe cediendo ante Kirchner, puede perder parte de lo que ha ganado ante la gente, que lo valora como un límite al poder del oficialismo. Si enfrenta nuevamente al Ejecutivo, ello puede ser el argumento de nuevas y reiteradas críticas, presiones y denuncias contra él por parte del oficialismo.
La política suele ser el arte de resolver dilemas y Cobos ha demostrado más de una vez saber cómo resolverlos, combinando al mismo tiempo moderación y firmeza.