Días atrás, la presidente de Argentina, Cristina de Kirchner, al referirse al fenómeno de la inflación en su país vociferó “Que no nos vengan desde ningún rincón monetarista a decirnos que el problema es la expansión monetaria….”. Poco después, su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo con el mismo desparpajo que evidenciaría un sepulturero de Puerto Príncipe que se congratulase por el terremoto del mes pasado, que la inflación que se registra en Argentina es consecuencia de un “mejoramiento de la situación” [sic] económica del país.
Casi simultáneamente, en la Venezuela bolivariana, se alzaron voces que dejan en evidencia que los cambios aprobados recientemente por la Asamblea Nacional a la ley del Indepabis (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios) pretenden responsabilizar a los comerciantes de la subida del costo de vida. “Buscan achacarle a los comerciantes algo de lo que no tienen culpa”, manifestó Tomás Arias, abogado y especialista en derecho administrativo, en el marco de un foro organizado por Cedice sobre las múltiples expropiaciones que está llevando a cabo la tiranía chavista.
En esa nación una investigación de Jesús Casique publicada hace poco, revela que desde diciembre de 1998 hasta enero de 2010 la inflación acumulada en Venezuela se ubica en 753%. El autor del informe agrega acertadamente que “La inflación… actúa como un ladrón silencioso que le roba los ingresos a las personas por el aumento de los precios en el mercado, es el impuesto más perverso que tienen que pagar los seres humanos”.
A todo esto, reportes sobre el desenvolvimiento de la economía mundial durante 2009, informan que Venezuela y Argentina alcanzaron destacadas posiciones en el oprobioso ranking de los países con mayor inflación del mundo.
Mientras el primer lugar correspondió a la República Democrática del Congo (ex Zaire) con 31,2%, treparon junto a ella al indeseable podio Venezuela con 28% y Argentina con 15,2%. La lamentable clasificación se completa con el cuarto lugar para Ghana (14,5%), siendo la quinta posición para una Ucrania cada vez más cercana tanto del Kremlin como del descalabro financiero (14%).
Cabe mencionar que en dicho ranking, Uruguay recién aparece en el puesto 35 con el 7,5% y Chile en el 171 con una deflación de -0,5%.
Cuesta creer que a esta altura de los acontecimientos, los gobiernos sigan sin asumir su total y absoluta responsabilidad por la generación de los procesos inflacionarios que padecen sus pueblos. En su lugar, están siempre prestos para intentar persuadirnos una vez más de que la voracidad de ciertos sectores de la economía es la causante del incremento en la tasa de inflación.
En el marco de esa farsa es que el gobierno venezolano ha decretado el cierre de más de dos mil comercios por supuesta especulación y remarcación de precios desde el 11 de enero, cuando se decretó la devaluación de la moneda local, el bolívar y las autoridades argentinas persisten en no escatimar la aplicación de controles, tarifas ficticias para los servicios públicos y profiriendo amenazas sobre un eventual cierre de las exportaciones de aquellos productos que más alzas de precios experimentan.
En ambas naciones, en las que el libre comercio parafraseando a Keynes cuando se refería al oro, ha pasado a ser una “vetusta reliquia”, la falta de credibilidad en los organismos oficiales encargados de suministrar estadísticas, hace que todo tipo de consultoras privadas arrojen guarismos por doquier sobre cuáles a su entender fueron las verdaderas variaciones experimentadas por los precios al consumidor (IPC), intentando de ese modo reflejar el grado real de inflación.
Lamentablemente, toda esta energía desperdiciada equivale a que las fuerzas de seguridad públicas y privadas desperdicien recursos y tiempo compitiendo para ver cuál de ellas cuenta más acabadamente el numero de víctimas que yacen en el suelo, mientras el fulano con el rife sigue en la azotea disparando a mansalva.
Esto es así porque el modo en que se pretende presentar al problema es falaz. No se trata de que el incremento de los precios esté generando inflación. En verdad, es al revés, en virtud de que hay inflación se distorsionan los precios relativos.
Los precios expresan el cruce de valoraciones subjetivas, razón por la cual hablar de precios estables es una quimera. Por su propia naturaleza los precios son inestables, dado que nuestras necesidades, gustos y preferencias son dinámicas y se modifican constantemente. Las fuerzas de la oferta y la demanda se encuentran en una agitación constante en el mercado y por ello es algo intrínseco a los precios el hecho de experimentar variaciones, subiendo y bajando según los cambios en dichas oferta y demanda.
Solamente puede aumentar el precio de un bien o de un servicio si disminuye el de algún otro. Caso contrario, no habría con qué sufragar ese aumento, suponiendo que la existencia total de dinero continuase siendo la misma.
Pero cuando observamos que casi todos los precios comienzan a aumentar, eso es un indicio de que algo ajeno al sistema de precios, algo desde fuera del mercado, está teniendo lugar y afectando su marcha. Ese algo es el aumento de la oferta de dinero, la que solo puede ser inflada por quien detenta su monopolio legal: el gobierno.
Mal que les pese a los mandamases del socialismo del siglo XXI, la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario que solamente puede ser generado por la autoridad monetaria o banca central. Si se desea saber cuál ha sido la inflación en un periodo determinado debe mensurarse el incremento de la cantidad de dinero durante el mismo. Si el almacén de la esquina pide más por una libra de harina y la tienda de la otra cuadra exige ahora más pesos por un par de calzoncillos eso no es inflación. Es tan solo la manifestación de un cambio en las valoraciones de esos comerciantes.
No hay inflación cuando el precio de un bien sube, así como tampoco existe deflación cuando algún precio baja. La hay, reiteramos, cuando se incrementa (o disminuye) la cantidad de dinero en la economía.
Así como al aumentar la oferta de cualquier bien, su precio baja, al incrementarse la oferta de dinero también ocurre lo mismo. El precio del dinero, es decir su poder de compra o poder adquisitivo-lo que podemos adquirir con cada unidad monetaria-disminuye. En la práctica, ello implica que cada vez tenemos que entregar más y más billetes a cambio de los mismos bienes y servicios.
De esta manera se torna evidente que no hay otros responsables del actual deterioro del poder adquisitivo de venezolanos y argentinos que quienes detentan la patente de corso para su manejo, a saber, los correspondientes bancos centrales.
En ambas economías ha tenido lugar durante la última década un firme y sostenido incremento de la base monetaria o producción física de dinero.
La base monetaria venezolana era de 5.790.841 miles de bolívares en enero de 2000; trepó a los 16.524.461 miles de bolívares en idéntico mes de 2004 y ascendió a 83.786.662 en enero de 2008, último año acerca del cual su Banco Central proporciona datos.
En el caso de Argentina, su base monetaria era de 15.390 millones de pesos en enero de 2000. En el mismo mes de 2004 alcanzaba los 46.973 millones y en enero del corriente año la friolera de 121.668 millones de pesos.
La información del Banco Central chileno revela que su base monetaria se incrementó de un modo más mesurado, lo que explica su irrelevante posición en el ranking de inflación mencionado más arriba. En Chile, la base monetaria estaba compuesta en enero de 2000 por 1.656,3 millones de pesos; en ese mes pero en el año 2004 era de 2.118,4 millones y en enero de este año llegó a los 4.802,9 millones de pesos.
Imaginemos que en un barrio cualquiera, uno de sus habitantes decide pasar las noches en el sótano de su casa falsificando pingües cantidades de moneda local. Cada mañana, al levantarse, este individuo se dirige a las tiendas y efectúa compras de productos y demanda servicios que de no haber mediado su falsificación le sería imposible realizar. Su proceder hará que paulatinamente los precios en dicho vecindario comiencen a incrementarse. El falsificador de nuestro relato se beneficiará en desmedro de sus vecinos que sólo verán atónitos como se diluye el poder adquisitivo de sus billetes. Mientras tal maniobra permanezca sin ser descubierta, la falta de escrúpulos y la desmedida avaricia de los comerciantes serán las grandes culpables, cuando en realidad el único responsable ha sido el falsificador.
Venezolanos y argentinos vuelven a ser víctimas de las mismas causas, los mismos efectos y las mismas mentiras. Sus actuales gobernantes, al igual que quienes los precedieron, reinciden en embaucar y timar a la gente sobre las reales causas de la inflación. Los funcionarios pretenden hacerles creer que ellos son ajenos al problema, que lo miran desde afuera, que la culpa la tienen los inescrupulosos comerciantes con sus viles actitudes especulativas o los medios de comunicación opositores, y que todo simplemente se solucionaría si como consumidores procurásemos hacer defender nuestros derechos.
El inflacionario es una de los procesos más nefastos a los que puede echar mano el Estado para hacerse de recursos. Aquel que vive inmerso en un mundo de inflación no puede ver más allá de sus narices, imposibilitado de prever siquiera las actividades más elementales de su vida, a la vez que la sociedad toda ve obstaculizado el cálculo económico indispensable para su progreso.
Mientras tanto, en el proceso, subrepticiamente los gobernantes siguen deteriorando el fruto del trabajo de los ciudadanos, procurando diluir su exclusiva responsabilidad entre los distintos sectores de la sociedad.
Gabriel Gasave es Investigador del Independent Institute.
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