Por Eduardo Kaplan
La nueva ley de inmigración promulgada por el estado de Arizona ha engendrado más frustraciones que las que pretendía aplacar, además de crear un problema de imagen para un estado que como el resto de Estados Unidos se nutre de inmigrantes.
Ubicado en la encrucijada de la integración de culturas y economías en las Américas, Arizona aprobó una ley que permite a la policía detener a personas si existen "sospechas razonables" de que se encuentran en el país en forma ilegal.
La nueva ley, que podría entrar en vigencia en el mes de agosto, requiere también que los extranjeros porten documentos que verifiquen la legalidad de su presencia en el país. Como Arizona es uno de los estados con mayor densidad de habitantes latinos en Estados Unidos, la nueva ley resulta inquietante tanto para los residentes de origen latino como para los países vecinos de donde proviene la mayoría de esos habitantes. Algunos gobiernos ya expresaron públicamente su protesta contra la ley.
La gobernadora de Arizona defendió su decisión al aducir que es una forma de tratar con la inmigración ilegal que desborda la capacidad de su estado y que Washington no ha podido resolver hasta el momento. Hay un proyecto de ley más amplio sobre la inmigración que aún no ha sido considerado por el Congreso en Washington y que ahora compite por la atención del Senado con otros asuntos tan urgentes como la energía y el clima, o la reforma del sector financiero.
El presidente estadounidense, Barack Obama, también criticó la nueva ley y aprovechó para instar a los legisladores a considerar el proyecto de ley federal cuanto antes para evitar la "irresponsabilidad de los demás".
Si logra acelerar el debate sobre una ley a nivel federal, sería la mejor contribución de una normativa que parece forjada en la desesperación. Se trata de un asunto de enorme importancia para el país. La emigración hacia Estados Unidos responde principalmente a incentivos económicos. Y aunque la promesa de una vida mejor es un aliciente para las olas de inmigrantes que continúan llegando al país desde su fundación, Estados Unidos recibe enormes beneficios a cambio.
Gracias a la renovación constante de su población proveniente de otros países, Estados Unidos mantiene una ventaja demográfica sobre los demás países industrializados, donde la población envejece a un ritmo mucho más acelerado que en los países en vías en desarrollo.
Es una de las razones por las que los países más ricos enfrentan déficits cada vez mayores para mantener las pensiones y otros tipos de servicios destinados a la población que llega a la edad de jubilación. Los recursos destinados a mantener esos programas son cada vez más costosos y deben ser repartidos entre una población cada vez menor en países que en algunos casos mantienen tasas de nacimientos negativas.
Otro aporte fundamental tiene que ver con la generación de empresas y empleos. Uno de los argumentos más abusados en la mitología antiinmigratoria acusa a los recién llegados de robar fuentes de trabajo a los residentes del país. En Estados Unidos, sin embargo, las cifras demuestran todo lo contrario: los inmigrantes en los estratos sociales de menor poder adquisitivo aportan a la economía realizando tareas que otros residentes no harían, y en los estratos medios y de mejor nivel de educación son una fuente de trabajo para todos los habitantes.
Un sondeo realizado por la Universidad de Duke en Carolina del Norte en 2008 concluyó que de las empresas de tecnología fundadas entre 1995 y 2005 en Silicon Valley —uno de los centros de innovación tecnológica del mundo y fuente de empleo para millones de personas en todo el mundo, desde Intel a Google— más de 52% fueron fundadas por inmigrantes. Ese mismo año, un informe la oficina de Contraloría de la Ciudad de Nueva York concluyó que los inmigrantes contribuyeron US$215.000 millones a la economía de la ciudad, un tercio del producto bruto de Nueva York.
Según un estudio realizado por la Universidad de Arizona en 2004, los inmigrantes en el estado generan más de tres dólares en impuestos por cada dos que gastan en servicios públicos, lo que significa una ganancia neta de casi US$1.000 millones al año para el estado.
