Por Alberto Benegas Lynch (h)
En el clima intervencionista que vivimos, cada crisis es aprovechada para que el Leviatán de un paso más en dirección al aplastamiento de las libertades individuales. Ahora se trata de un calamitoso accidente de la cuarta empresa más grande del mundo en facturación: la British Petroleum de la que el gobierno inglés, durante la administración Thacher, se desprendió del poder accionario que detentaba debido a los reiterados desaciertos que la politización implicaba. A partir de entonces hubieron varias fusiones, la más importante con Amoco en 1998 y la empresa mostró balances en general atractivos para los accionistas y para emprendimientos estrechamente vinculados a esos activos.
El 20 de abril del corriente año se produjo una explosión en la plataforma de la BP para la explotación de petróleo “off-shore” que produjo once muertos y diecisiete heridos y un desastre ecológico de proporciones colosales en las costas estadounidenses y sus aledaños en la zona del Golfo de México. Del mismo modo en que ha ocurrido con otros accidentes, en esta y en otras industrias, los perjudicados en sus derechos (lucro cesante y daño emergente) deben tener expedito el camino ante la justicia para reclamar y ser satisfechos con los recursos de la empresa responsable. Solamente en el Golfo de México hay actualmente cuatro mil plataformas petroleras en operaciones con una superficie cubierta promedio de veinte mil pies cuadrados cada una.
En este caso, intervino el gobierno debido a la manía de que el aparato estatal “debe hacer algo” aunque no se sepa a ciencia cierta que es lo que se debe hacer ni se tenga el menor conocimiento tecnológico en la materia. Ahora Obama habló por primera vez en su gestión desde el Salón Oval y recurrió a terminología de guerra y combate al aludir a su “plan de batalla” frente al “asalto a nuestras costas” en paralelo con “los armamentos necesarios para la Segunda Guerra Mundial”. Y no fueron meras metáforas, sino que le declaró la guerra a la energía basada en el petróleo, manifestó que el gobierno adoptará las medidas necesarias para encarar fuentes de energía alternativas y decidió apropiarse de la BP veinte mil millones de dólares que se manejarán desde las esferas políticas para hacer frente a los daños (con lo cual, en caso de quiebra de la empresa en cuestión, colocará a los perjudicados en una posición de privilegio respecto a otros acreedores), todo lo cual no significa un tope al pasivo de la empresa para estos fines de reparación.
Al mismo tiempo, el Comité de Energía y Comercio del Congreso increpó a los ejecutivos de la empresa, no para resolver el problema sino para aprovechar la oportunidad de pronunciar discursos rimbombantes que los congresistas en cuestión estiman les redituarán beneficios políticos ante la opinión pública, a pesar de que esos mismos gobernantes no pueden siquiera administrar bien el correo a su cargo y son responsables de la situación lamentable de Estados Unidos en cuanto al déficit que muestra una relación con el producto nacional superior al de Grecia, una deuda pública que significa el noventa por ciento de lo que se produce anualmente y una inflación en marcha que pone en serio riesgo al futuro del dólar (excepción hecha en el Congreso de J. Barton quien le pidió disculpas al CEO de la empresa porque consideraba el antes referido monto como “una extorsión” aclarando luego que eso no significaba excusar a la empresa por su responsabilidad en el siniestro y declaraciones como las del ex congresista N. Gingrich que estima que lo realizado hasta ahora por el gobierno “se asemeja a la política venezolana”).
Debe hacerse notar que la Minerals Management Service del Departamento del Interior, entre otras funciones, es el agente regulador de las actividades “off-shore”, la cual no solo no ha servido para prevenir el desastre de marras sino que su fenomenal burocracia bloqueó medidas precautorias entre las que se contaba el pedido del gobernador de Luisiana al efecto de construir vallas de contención en caso de accidentes de este tipo que, en menor medida, han ocurrido en el pasado en diferentes partes de mundo. Algunos de esos miembros del Poder Legislativo y otros que integran el Ejecutivo han propuesto seriamente -a lo Bananas de Woody Allen- prohibir las explotaciones “off-shore” debido a los riegos que implican; en la misma línea argumental deberían prohibir el uso de automóviles o las operaciones quirúrgicas por los mismos motivos.
Respecto al discurso de Obama, debe señalarse que el Ejecutivo es para ejecutar las norma existentes y no para inventar e improvisar legislación sobre la marcha. Al mismo tiempo, el Presidente revela un desconocimiento superlativo del funcionamiento de la economía, puesto que las fuentes alternativas de energía se desarrollan en la medida en que los precios de la existente justifican esa investigación e implementación, lo cual no ocurre en la medida en que el aparato estatal se inmiscuye en el tema. Precisamente, este problema se puso en evidencia durante la administración Carter en los setenta cuando decidió imponer controles de precios, lo cual incrementó exponencialmente el consumo de petróleo al tiempo que no permitió que los precios incentivaran la exploración de fuentes eólicas, nucleares y solares. En el caso de Obama, también llama poderosamente la atención que su gobierno acaba de aprobar en estos días un préstamo de dos mil millones de dólares para operaciones “off-shore” a Petrobras de Brasil (donde invierte fuertemente George Soros, el empresario anti-capitalista que apoya a Obama y sugiere la inmediata estatización de todos los bancos y sandeces de tenor equivalente).
A través de los antedichos mecanismos judiciales deben resarcirse los daños de la forma más expeditiva posible, pero las regulaciones serán siempre un problema mientras no se resuelva el asunto de fondo, a saber, lo que en economía se conoce como “la tragedia de los comunes”: lo que es de todos no es de nadie y las medidas de prevención se degradan en la negociación política. Si alguien desea hacer un experimento en un campo de mi propiedad, tomaré todos los recaudos necesarios que las circunstancias permitan para evitar accidentes, pero si la propiedad es “de todos” como el mar, naturalmente no solo se extinguirán las riquezas marítimas (puesto que nadie se ocupará de reproducir para que saquen partida los free-riders), sino que los resguardos respecto de accidentes y otros riesgos se tratarán de modo desaprensivo. Esto en modo alguno significa que se eliminarán errores humanos, se trata de buscar incentivos para minimizarlos. Se ha sostenido que el mar es un caso distinto porque a ojos vista se mueve, pero, como se ha explicado en la copiosa literatura disponible, el caso no es distinto para la asignación de derechos de propiedad en tierra firme.
En la situación que nos ocupa, debemos estar atentos puesto que como hemos consignado al abrir esta nota, toda crisis es utilizada para una embestida adicional de los gobiernos para asaltar la privacidad y las autonomías individuales. Eso ocurrió después de la masacre del 11 de septiembre de 2001, oportunidad en la que se promulgó la fatídica Patriot Act que abiertamente vulneró el debido proceso y facultó a escuchas telefónicas e intervención en el secreto bancario sin autorización de juez competente y, ahora, con esta catástrofe ecológica, se acentúa el cercenamiento de los procesos competitivos abiertos en el mercado, lo cual incrementa la ya de por si precaria situación de Estados Unidos, y, por ende, pone también en riesgo al resto del mundo libre.
Como ha escrito Frédéric Bastiat, el célebre pensador decimonónico “Cuando la expoliación se comete en forma habitual para un grupo de hombres que viven juntos en sociedad, crea para si mismo un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”.
