Por Manuel Llamas
Libertad Digital, Madrid
Cuando un político, cualquier político, promete a sus potenciales electores servicios públicos gratuitos y de calidad, no dude ni un segundo en correr a agarrarse con fuerza el bolsillo y sin mirar atrás ya que, en realidad, lo que dicho sujeto está anunciando es su voluntad inequívoca de robarle, aún más, a usted y a su familia. La provisión de bienes y servicios gratuitos que, en teoría, garantiza el Estado de Bienestar es el gran camelo del siglo XX. Una inteligente y cruel farsa orquestada por los poderes públicos para acrecentar su capacidad de influencia e intervención en detrimento, siempre y en todo lugar, de las libertades y riqueza de los individuos.
El gratis total no existe. La sanidad, la educación, la pensión o el subsidio de desempleo que tanto se esmera en proclamar el gobierno paternalista de turno bajo la cortina de "derechos sociales" son, efectivamente, grandes logros y conquistas, sí, pero del poder político. Todo tiene un precio, la Seguridad Social también, sólo que éste resulta prohibitivo, enormemente costoso y altamente ineficiente en manos del Estado. No obstante, la financiación de tales servicios acapara, de media, más del 30% de su salario bruto anual.
Así pues, este robo institucionalizado no sólo le restará riqueza (pagará impuestos quiera o no quiera y utilice o no dichos servicios) sino que, al efectuarse de forma coactiva y obligatoria, limitará en gran medida su capacidad de elección, ya que contará con menos recursos disponibles para contratar libremente los productos ideados por el mercado para tal fin, de precio muy inferior y calidad muy superior a los que impone la Administración.
Dicho de otro modo, todo político insiste en que trabajará para mejorar los servicios públicos, pero eso sí, ocultándole de forma maniquea que dicho esfuerzo adicional saldrá, igualmente, de su bolsillo (ya sea subiendo impuestos o aumentando la deuda pública) y a un coste muy superior al que ofertan los empresarios. En España se pueden contratar seguros médicos con amplias coberturas desde 30 euros al mes, al igual que planes de pensiones privados o seguros de desempleo (aunque éste último es un servicio relativamente reciente y poco generalizado). Por el contrario, la Seguridad Social (incluyendo la cuota que pagan el empresario) cuesta cerca de 9.000 euros anuales a un trabajador de salario medio. Quiera o no quiera, insisto.
El desarrollo de las mutuas, pensiones y seguros privados son previos al Estado de Bienestar moderno, y surgieron de forma natural en el contexto del libre mercado para cubrir una determinada demanda hasta entonces insatisfecha, como es el caso de la cobertura de accidentes, enfermedades, muerte o vejez. Así, por ejemplo, las cofradías de pescadores se organizaron de forma espontánea, libre y voluntaria con el fin de ofrecer cobertura médica y pensión a estos trabajadores y a sus familiares (mujer e hijos) en caso de accidente o fallecimiento.
Sin embargo, el Estado pronto se percató a la perfección de la siguiente máxima: que para crecer y engordar financieramente debía ofrecer algo a cambio ya que, en caso contrario, sería percibido, muy acertadamente, por los individuos como un ente cuya única finalidad es medrar a costa del trabajo y esfuerzo de los demás, tal y como aconteció en el Antiguo Régimen Fue entonces cuando surgió la palabra mágica: Seguridad Social o, lo que es lo mismo, la provisión de servicios públicos destinados a contrarrestar la incertidumbre, una característica innata del ser humano.
El canciller de Alemania, Otto von Bismarck, concibió el sistema de Seguridad Social a finales del siglo XIX y, desde entonces, la sombra del Estado no ha dejado de crecer. El éxito de este engaño masivo ha supuesto, sin duda, un gran fracaso para la libertad individual.
Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.
